De ANÁLISIS

Lisandro Minigutti es abogado. Fue representante legal de Juan Pablo Aguilera, de su esposa Luciana Almada y de las empresas que adjudica Fiscalía al primero. Ayer en la audiencia, el abogado Marcos Rodríguez Allende que defiende al matrimonio Aguilera Almada, dijo que sus clientes lo liberan del secreto profesional para prestar declaración en el megajuicio.

En tanto, el defensor Miguel Cullen que representa a la contadora Corina Cargnel, Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi -directivos de las empresas Tep y Next SRL- anunció que desiste de su testimonial. Más tarde se plegó a esa posición el defensor del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, el abogado Ignacio Díaz.

A Minigutti lo había ofrecido Fiscalía como testigo y también la defensa del exgobernador Sergio Urribarri; la defensa del exministro Báez; la defensa de Gustavo Tamay; y el defensor Cullen.

“La Fiscalía insiste en la comparecencia del testigo. Tendremos la mayor prudencia para no invadir su secreto profesional. Creo que al secreto lo determinaremos de acuerdo a las preguntas y podrá contestar o no”, pidió la fiscal Cecilia Goyeneche. La cuestión se resuelve hoy. De cualquier modo, sería convocado recién el jueves como testigo.

Qué se ventila

En el expediente conocido como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas” están imputados el exgobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador; Alejandro y Luciana Almada; Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública; y Corina Cargnel, contadora de las empresas.

La hipótesis principal apunta al direccionamiento de publicidad estática en las calles y rutas, en favor de las empresas que adjudican a Juan Pablo Aguilera. En esta causa también está imputado el publicista de Concepción del Uruguay, Fernando Montañana, pero fue apartado del debate oral y se lo juzgará oportunamente porque atraviesa una situación de salud comprometida. También estuvo imputado en este proceso el publicista paranaense Jesús Bustamante quien, en febrero de 2018 arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Fiscalía por el cual aceptó una pena condicional de 2 años y 8 meses. Estos dos publicistas, sostienen los fiscales, aceptaron aparecer como beneficiarios de diversas contrataciones con el Estado entrerriano siempre y cuando retornaran parte del dinero percibido a las empresas Tep y Next que, de ese modo, concentraron toda la publicidad en la calle. La investigación abarca un período que va de 2010 a 2015.

El legajo conocido como “sueño entrerriano” acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.

El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.

En el debate intervienen los fiscales Cecilia Goyeneche; Patricia Yedro; Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. En tanto, los defensores son Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz y Miguel Cullen.