Marina Barbagelata, jueza de Garantías 1 de Paraná. (Foto: ANÁLISIS)
De ANÁLISIS
El conflicto de competencia en la conocida “causa de los contratos truchos de la Legislatura”, aún no está resuelto y mantiene vigente una discusión sobre a quién le corresponde juzgar los hechos investigados: si a la Justicia de la provincia porque un grupo de personas estafó al fisco, o a la Justicia Federal porque la sustracción de dinero, presuntamente y en parte, financió a la política. La cuestión es que, en el marco de esa discusión que no es de fondo sino de forma, uno de los defensores recusó a la jueza natural de la causa, Marina Barbagelata, titular del Juzgado de Garantías Nº1 de Paraná.
Se trata del abogado José Velázquez. Aseguró que Barbagelata no debió responder a un requerimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), tribunal que solicitó al Juzgado de Garantías Nº1, que se expida al respecto de los argumentos que dio la Cámara Nacional Electoral sobre la competencia. El defensor sostiene que, pese a que el requerimiento de la CSJN fue al Juzgado de Barbagelata, ella debió inhibirse.
Tramos de los argumentos de las partes que intervienen en la tramitación del expediente, se escucharon este lunes en una audiencia ante la jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, que dará a conocer su resolución en 48 horas. De la instancia participó el defensor José Velázquez, en representación de imputados con el rol de “recaudadores” en la investigación; la fiscal Patricia Yedro; y los representantes de la Fiscalía de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes y Sebastián Trinadori.
“Desde la Justicia provincial no somos notificados. Nosotros debemos tener control y vigilancia. En mi caso me enteré por Twitter el 5 de mayo que la jueza Barbagelata rechazó su inhibición. Recién esa tarde recibí una notificación formal pero de la Justicia Federal porque de la Justicia provincial todavía lo estamos esperando”, se quejó Velázquez.
El defensor hizo una especie de cronología de acontecimientos, de movimientos del expediente, intervenciones y notificaciones, y controles que, según dijo, él sólo pudo hacer a partir del sistema virtual de la Justicia Federal porque no es correctamente notificado por la Justicia de la provincia, según su planteo.
“En junio de 2021, el juez Federal Daniel Alonso pidió la causa a Barbagelata y nos corrió vista. El trámite fue a la Cámara Nacional Electoral que trabó el conflicto de competencia. Se corrió vista a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que, a su vez, corrió vista al procurador General (Eduardo Casal). El procurador dijo que los argumentos de la Cámara Electoral son interesantes y la cuestión volvió a la Corte”, agregó. Luego, la propia Corte solicitó a Barbagelata que se expida sobre los argumentos de la Cámara Electoral.
Durante su exposición, el abogado acusó a Barbagelata de desplegar “más un rol de jueza de Instrucción que jueza de Garantías” y pidió a Castagno que haga lugar a su pedido de recusación.
“No se entiende el planteo de la defensa”
La fiscal Yedro, como contraparte, solicitó a la jueza de Apelaciones que rechace el planteo defensivo. “No advertimos el gravamen de Barbagelata al pronunciarse, porque fue la Corte Suprema la que ordenó que se expida el Juzgado de Garantías 1 de Paraná, ella es la jueza natural de la causa y le dio continuidad al planteo defensivo. No se entiende cuál debería haber sido, a criterio de la defensa, la posición que debió tomar Barbagelata. Evidentemente la defensa pretende que ella cambie de postura”, señaló la representante del Ministerio Fiscal.
Yedro trazó el camino de la causa y recordó que “la Corte dispuso la devolución del expediente al Juzgado de Garantías. ¿Quién debía expedirse si no era Barbagelata que es la jueza natural? Entendemos que la defensa no está de acuerdo con la posición de la magistrada, no encontramos lógica al planteo. Ella cumplió con su exigencia y la defensa la recusó. Pedimos que rechacen la recusación contra Barbagelata y confirmen su resolución”, subrayó la fiscal.
En el mismo sentido se pronunció el fiscal de Estado. “No hay tantos conflictos de competencia en Entre Ríos pero este es uno. Nuestra función es custodiar el patrimonio provincial. Nosotros entendemos a la defensa pero no vemos por qué Barbagelata debía excusarse. Ella no dictó una resolución de parte, sólo respondió en relación a los argumentos que adoptó la Cámara Electoral después que la Corte le haya pedido que lo haga. ¿Cómo, entonces, lo haría otro juez?”, preguntó Rodríguez Signes.
Por último marcó que actualmente, además, la cuestión está “abstracta porque todo está en el despacho del procurador otra vez”.
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