El Gobierno designó las autoridades de la UIF: se abre proceso de avales e impugnaciones

La incógnita es ahora sobre qué postura tomará el organismo en cuanto a su rol como querellante en causas penales.

Ignacio Yacobucci y Manuel Facundo Tessio son los elegidos por el Gobierno de Javier Mileipara los cargos de presidente y vice, respectivamente, de la Unidad de Información Financiera.

Publicados los nombramientos este miércoles en el Boletín Oficial, se abre el proceso para la presentación de avales e impugnaciones, que luego se debatirán en una audiencia pública prevista para el 31 de enero.

Yacobucci, de familia y trayectoria judicial, es actual secretario de la Cámara en Casación Penal de Comodoro Py y es hijo del camarista Guillermo Yacobucci. Tiene 40 años, es abogado (UBA) y contador (UCA). Se especializó en Derecho Penal Tributario, Económico y Aduanero. Y trabajó en el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Tessio, por su parte, viene del ámbito privado. Es abogado (Universidad Austral) especializado en temas de lavado de activos y delitos tributarios. Tiene 36 años. En la actualidad es socio en el estudio Laporta Abogados y ocupa el cargo de co-coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

En la danza de candidatos para el cargo, un sector había acercado el nombre de Nicolás Ramírez. Es porque Yacobucci generaba resistencias en algunos sectores de la justicia. Sin embargo, el hijo del conocido camarista logró imponerse.

Querellante

Más allá de los nombramientos, la incógnita estará centrada en la postura que tomará el organismo a partir de ahora en cuanto a su rol como querellante en las causas penales. Si bien el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona ya adelantó que la UIF no tendrá esa función, hay expedientes en los que la UIF encabeza las querellas. Esto se da a pesar de que en el gobierno del Frente de Todos hubo un giro político y la Unidad dejó de ser un instrumento de persecución penal contra exfuncionarios como había establecido Mauricio Macri en el período 2015-2019.

Un ejemplo claro fue el juicio de Vialidad, en el que fue condenada Cristina Kirchner a seis años de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aunque el objeto procesal no incluía lavado de dinero, la UIF igual querelló junto a la Oficina Anticorrupción, por orden del entonces Poder Ejecutivo. Luego, con la asunción de Alberto Fernández, la OA se retiró de la querella y la UIF se mantuvo, pero pidió absoluciones para casi todos los imputados.

La realidad hay muy pocos países en el mundo que le dan el rol a la UIF de querellante en causas judiciales. Los organismos en cada caso están encargados de prevenir e impedir el lavado de activos, pero no de llevar adelante las causas en los tribunales.

Ahora, mientras el Gobierno de La Libertad Avanza busca aprobar una ley de blanqueo de capitales, las nuevas autoridades de la UIF inician la etapa de evaluación hasta quedar firmes en sus cargos.

Según el inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 25.246 “los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial (…), presentar al Ministerio de Justicia, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración”. Luego, Yacobucci y Tessio podrán defender sus pliegos en la audiencia pública convocada para el próximo 31 de enero a las 10 de la mañana.

(Ámbito)

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