Abogados defensores (foto de archivo).
N.B. de ANÁLISIS
Tal como estaba fijado desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), este lunes se reunieron fiscales y defensores ante el juez de Garantías, Julián Vergara. Pasó casi un año desde que inició la etapa intermedia en la causa por presunta corrupción, pero todavía el proceso parece lejos de concluir.
Se trata de una de las pesquisas judiciales más importantes que exponen al exgobernador Sergio Urribarri, al empresario paraguayo Cardona Herreros y varios exfuncionarios de las gestiones urribarristas. Es, también, uno de los legajos más viejos y más demorados. Se investigan supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración y cohecho. La hipótesis principal de Fiscalía gira en torno a contrataciones que se realizaron desde el Gobierno a firmas que lideraba el paraguayo y que supusieron, siempre según la acusación fiscal, suculentos retornos a funcionarios políticos y empresariales. En 2018 hubo un allanamiento a las oficinas de Relevamientos Catastrales SA, en provincia de Buenos Aires. Los fiscales Yedro y Badano secuestraron allí miles de datos informáticos y documentación que sostiene la acusación penal. Encontraron planillas contables, correos electrónicos, y mensajes de whatsapp (entre otra evidencia) que indica la existencia de las presuntas coimas. Así quedó plasmado en marzo del año pasado, cuando los fiscales expusieron en la audiencia pública varias de esas conversaciones entre funcionarios políticos y empresarios.
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) finalizó en 2022 y, desde entonces, pasaron casi dos años hasta que se fijó la primera audiencia que avanzaría en dirección a un juicio oral. Es que, en el medio, varios de los imputados (incluido el exgobernador Urribarri), fueron sobreseídos y luego revocado el sobreseimiento. En febrero del año pasado, comenzaron las audiencias para resolver “cuestiones preliminares” como pedidos de suspensión de juicio a prueba y nuevas solicitudes de sobreseimientos. En marzo de 2024 inició, efectivamente, la remisión a juicio de la causa. El proceso fue suspendido en abril por una recusación que presentaron los defensores contra el juez de Garantías. Se retomó en septiembre. En octubre no se hizo ninguna audiencia. Continuó en noviembre y fue, nuevamente, reprogramada hasta este lunes 17 de febrero.
Pasadas las 9 de hoy, defensores y fiscales se reunieron en el salón 1 de los tribunales paranaenses. Se presentó el abogado y exministro de Trabajo Guillermo Smaldone, que en el proceso se representa a sí mismo. Estuvieron los defensores Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez que asisten al empresario Cardona Herreros; también compareció el abogado Juan Antonio Méndez que representa al exdirector de Informática Carlos Haidar; el abogado Leopoldo Lambruschini que asiste a José Humberto Flores; los defensores Franco Azziani Cánepa y Andrés Bacigalupo en representación de Luis Erbes; los abogados Gaspar Reca y Sebastián Ludi como defensores públicos del exdirector de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ángel Ulrich (sigue en funciones); y el abogado Miguel Cullen en representación del exgobernador Urribarri. Estuvieron, asimismo, los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro. Es una causa muy concurrida por la cantidad de imputados. Algo que, según alegan las partes, supone una dificultad para alcanzar acuerdos sencillos como la fijación de días y horarios de audiencia. Más aún si se trata de acordar sobre la prueba que se remitirá a un futuro juicio oral.
“Desde la semana pasada comenzamos a trabajar para intentar acordar cuál es la prueba que vamos a remitir a juicio”, dijeron los fiscales y pidieron pasar a un cuarto intermedio hasta mañana para ver si podían concluir. En efecto, se trata de deslindar del total de evidencia acumulada en la causa, cuál es la prueba sobre la que no hay discusión e irá a debate. Al pedido de los fiscales se plegaron varios de los abogados defensores. “No estamos pidiendo una prórroga pero es difícil que lleguemos para mañana”, anunció Cullen.
El juez de Garantías prometió respetar el cronograma fijado por OGA. Por lo tanto, citó a las partes para este martes. “Apelo a que arriben a un acuerdo probatorio”, dijo. Por lo pronto, hay nueve días más fijados para concluir la etapa intermedia: 18, 19, 20, 24, 25 y 26 de febrero; 27 y 31 de marzo.
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