De ANÁLISIS

Se reanudó la audiencia en la que se discute la remisión a juicio de la causa “contratos truchos” de la Legislatura. Al inicio de la jornada y con la presencia de abogados defensores, fiscales y el representante del Estado provincial, la jueza de Garantías Marina Barbagelata, rechazó pedidos de exclusiones probatorias. En esa línea, revalidó un disco rígido secuestrado que contiene evidencia clave para sostener la acusación fiscal, el secuestro de documentación e intervenciones telefónicas.

Barbagelata consideró que los allanamientos, secuestros de documentación y escuchas a las líneas de teléfono estuvieron dentro de los parámetros legales, y descartó los ataques defensivos a los cimientos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

“Resuelvo desestimar los planteos de exclusión probatoria”, dijo y puntualizó sobre correos electrónicos, intervenciones telefónicas y otra evidencia producida en la investigación. “La invalidez, la ilegalidad será producida cuando la manipulación de la evidencia, impida el ejercicio de un derecho constitucional. Sostener lo contrario es declarar la nulidad por la nulidad misma”, subrayó. 

A lo largo de la audiencia fue respondiendo uno a uno los planteos defensivos. Dijo que ella misma autorizó tareas de investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y eso desacredita alegatos defensivos en cuanto a supuestas intervenciones y secuestros realizados sin autorización judicial.  

“He agotado todas las exclusiones solicitadas por las defensas. Me ocuparé de valorar los planteos de las defensas en relación a la acusación. Teniendo en cuenta la cantidad de imputados y planteos, y el tenor de los planteos, me llevará más tiempo de análisis”, aclaró Barbagelata, pasadas las 11.30 de este lunes. “Necesito contar con los descargos de las 18 personas que siguen imputadas. Quiero individualizar cada imputación para valorar, a partir de ahí, lo impugnado por las defensas”, adelantó. El estudio y análisis le llevará unos días, por lo tanto pasó a un cuarto intermedio. La audiencia no se reanudará antes del martes que viene, dado que el lunes es feriado. Aunque la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), confirmará a las partes la fecha exacta en la cual se levantará el cuarto intermedio.

Detalles de la audiencia y la causa

La audiencia de remisión a juicio de la causa se lleva adelante ante la jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao;  José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.