Durante el comienzo de esta semana, el gobierno provincial desplazó de su cargo a Silvina Murúa, quien se desempeñaba como coordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia.

La mujer desplazada de su cargo había denunciado, el año pasado, supuesta malversación de fondos que estaban destinados a comedores. En ese entonces, el Ministerio Público Fiscal recibió una denuncia formal presentada por el gobierno de Entre Ríos, a través de Silvina Soledad Murúa, Coordinadora provincial de los comedores que funcionan en el departamento Concordia.

La exfuncionaria había dicho ante la Justicia que la maniobra detectada consistiría en un sistemático desvío de fondos públicos, originariamente destinados a compras de alimentos, que iban a parar al bolsillo de algunos responsables de comedores. Entre ellos, habría algunos docentes, cocineros e inspectores.

Tras aquella denuncia, un año después fue desplazada de su cargo bajo serias sospechas de que habría cometido las mismas irregularidades que denunció.

Según trascendió, cuando se confirmó el despido, funcionarios locales que dependen del Ejecutivo provincial habían anticipado que se conocerían más detalles de lo que motivó esta decisión.

Algunos de esos resultados, que motorizaron una primera revisión contable, surgieron de una auditoría que cruzó datos sobre los gastos ejecutados en un total de 21 comedores del departamento Concordia.

De allí surgió que más de 66 millones de pesos no habrían tenido como destino la adquisición de alimentos o insumos de uso directo para el funcionamiento de los comedores.

Según consignó Diario Río Uruguay, en concreto, serían 66.143.225 millones de pesos -de los recientes meses de marzo y abril- los que hoy no tendrían justificación de gasto. Por otro lado, surgió como irregularidad administrativa que Silvina Murúa, ahora excoordinadora de Comedores Escolares del Departamento Concordia, habría incorporado en su planta de contratados a su hermana, que actualmente vive y ejerce la docencia en la localidad correntina de Mocoretá, lo que impediría cumplir tareas efectivas a nivel local.

El Ministerio de Desarrollo Humano anticipó que toda la información recabada será remitida al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien resolverá si lo observado merece una información sumaria y una posterior presentación en la Justicia ordinaria.