Espionaje ilegal: liberaron a Alan Ruiz y citaron a indagatoria a Arribas y Majdalani

Majdalani y Arribas

Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, jefes de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los jefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, fueron convocados a declarar en indagatoria la semana próxima en la causa que investiga la vigilancia sin orden judicial que se le hizo a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el Instituto Patria y en su casa de Recoleta, durante julio y agosto de 2018.

La imputación e indagatoria fue solicitada el sábado por la fiscal Cecilia Incardona, quien tiene delegada la investigación. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé hizo lugar al pedido este martes y dispuso que se presenten a indagatoria: a Majdalani la citaron para el 12 de julio -este domingo-; y a Arribas lo esperan el próximo lunes. En ese contexto, el juez le pidió a la interventora de la AFI Cristina Caamaño que los releve del secreto de Estado.

Para la Fiscalía, existen sospechas suficientes para considerar que “tanto la subdirectora Silvia Majdalani como Gustavo Arribas, director, impartieron órdenes o instrucciones a Alan Ruiz para que realizara tareas de inteligencia ilícitas”. Pero además, al rubricar un informe que se entregó en la Comisión bicameral y la Justicia, habrían “participado de la planificación y gestión del proceso de producción de inteligencia ejecutado por Ruiz a través de agentes orgánicos y luego en la maniobra fraudulenta mediante falsedad documental para ocultar su primer ilícito”.

Además de Arribas y Majdalani, se pidió la indagatoria del ex titular de Contrainteligencia Martín Coste. El juez firmó la citación para este viernes, que es feriado puente.

En la misma resolución en la que se dispusieron las indagatorias, el juez Augé procesó y liberó a Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI. Es por los delitos de violación a la ley de inteligencia y falsificación de documento. Además, lo embargaron en 500 mil pesos. Sigue en pie, sin embargo, la indagatoria fijada para mañana por los seguimientos a políticos, jueces, periodistas y dirigentes sociales.

La causa por la que ahora se pidió la indagatoria de los jefes de la AFI del macrismo es una investigación paralela a la del expediente por el espionaje ilegal del que fue apartado el juez Federico Villena. Ahora, el juez Augé las unificó.

Precisamente, la causa que llevaba Villena tiene múltiples víctimas y acusados. La causa del Instituto Patria, en cambio, analiza un episodio puntual, del que dio cuenta Infobae en junio pasado: el que permitiría demostrar cómo la AFI habría fingido una “cobertura legal” para las operaciones sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, una vez que fueron descubiertos los agentes que hacían la vigilancia en el Instituto Patria y un policía les pidió documentos.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de la cuadra. El Instituto Patria lo denunció en redes y en la justicia en ese momento. La denuncia recayó sobre el juez Marcelo Martínez De Giorgi. En ese momento, la AFI envió al juez y a la Comisión Bicameral una explicación en donde se afirmaba que esas tareas estaban enmarcadas en vigilancias ordenadas en una causa judicial, que se había abierto por una denuncia de la propia AFI. El juez de esa causa era Villena. Con esa información y una averiguación en el juzgado de Lomas de Zamora, Arribas y Majdalani quedaron sobreseídos.

Pero en febrero pasado la interventora de la AFI Cristina Caamaño presentó una denuncia en Lomas de Zamora para que se investigue si hubo un montaje para justificar acciones delictivas no autorizadas legalmente. Villena se excusó de intervenir. El caso pasó a Augé, quien delegó la investigación en Incardona. Semana atrás, sumo al fiscal Sergio Eyherabide a su equipo. El 20 de junio, Alan Ruiz quedó detenido por esta causa.


Alan Ruiz el viernes pasado cuando fue trasladado por el SFP al juzgado de Lomas de Zamora para declarar ante Villena, mientras el juez era apartado del caso. 

Alan Ruiz es un policía que había estado en los primeros años del macrismo en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich buscando prófugos. En 2018, entró a la ex SIDE y quedó a cargo de la repartición “Operaciones Especiales”, un cargo que hasta ese momento no existía. En términos prácticos, decían en los pasillos de la AFI, fue Ruiz el que pasó a convertirse en la práctica en el líder de Contrainteligencia. Armó un equipo, aglutinado en un grupo de whatsapps que se llamó “Super Mario Bross” y en donde quedaron acumuladas gran parte de las pruebas que ahora les achacan como delitos en la causa que tuvo Villena.

En el caso del Patria, cuando le tocó enfrentar la indagatoria, Ruiz afirmó que todo lo que se hizo fue legal, autorizado por el juez Villena. Buscó desmentir a los testigos de identidad reservada que aseguraron que los habían enviado al Patria y a la casa de CFK para saber si movían bolsos o sacaban documentación justo cuando explotaba la causa de los cuadernos. “Los agentes destinados sabían perfectamente a qué habían ido. Eran puestos de observación” en el marco de una causa para prevenir actos terroristas, planteó Ruiz.

Aunque la vigilancia se hizo en el Instituto Patria entre julio y agosto de 2018, el informe de la AFI llegó al juzgado el 5 de octubre de 2018. Fueron dos escritos, uno de 6 fojas y otros de 131. En uno de ellos decía escuetamente hablaba de vigilancia a varias personas, entre ellos CFK.

“El día 30 de Julio se tomó conocimiento de información que indicaba la posibilidad de que personas antisistémicas organizadas planifiquen llevar adelante acciones en su contra, con potencial repercusión mediática, con aparente intención de difundir sus ideas anarquistas para crear un clima de desestabilización e inseguridad en las postrimerías de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, y aprovechando la exposición mediática que había en ese momento sobre la funcionaria. En ese sentido, se llevaron a cabo tareas de la especialidad en las inmediaciones de las locaciones donde se consideró que podría resultar como factible la posibilidad de que se lleven adelante las acciones en cuestión, pero luego de realizado el debido análisis se pudo descartar el real riesgo del indicio de estudio”, decía el reporte que quedó en la causa.

El pedido de las indagatorias se hizo el sábado. La noticia se filtró a primera hora del lunes. En la fiscalía no querían confirmarlo para “no afectar derechos” de los imputados. Esperaban la resolución del juez Auge, que llegó ahora. Puntualmente, los fiscales Incardona y Eyherabide pidieron indagar a Arribas, Majdalani y Martín Coste, el director de Contrainteligencia cuando ocurrió la vigilancia de Instituto Patria.

Tras hacer un repaso detallado de la causa del G20 y la aparición del vehículo de la AFI en el Instituto Patria, la fiscalía dio por probado, en esta instancia, que “Alan Ruiz, ordenó, coordinó y dirigió el desarrollo de tareas de inteligencia expresamente vedadas en la Ley de Inteligencia Nacional 25520, dirigidas en particular a la Sra. Cristina Fernández de Kichner, en 2018 Senadora Nacional”. Según se determinó, “los hechos fueron múltiples y se exteriorizaron a través de instalación de puestos de observación en su domicilio particular y, a la vez, en el del Instituto Patria, al que concurría asiduamente dado que se trataba del centro neurálgico de su actividad política, social y cultural”.

Sin embargo, tras remarcar que Ruiz disponía esas tareas por “órdenes recibidas de sus superiores, quienes resultaron ser los receptores finales de esos datos”, la fiscalía advirtió: “este hecho no es aislado, sino que comprende un universo mucho más grande de casos, los cuales se investigan en la causa que corre por cuerda a la presente, de la cual se desprende que desde la Dirección de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, los allí imputados recolectaban información sobre personajes públicos y la acumulaban en sendos informes que luego eran elevados a distintas instancias del Poder Ejecutivo Nacional. Indudablemente, esas tareas de inteligencia obedecían a órdenes de los máximos referentes de la Agencia. Aquí nadie podía actuar por cuenta propia, menos para un despliegue de semejante alcance y sistematicidad.”

A criterio del Ministerio Público, existió así “una práctica habitual y sistemática para producir inteligencia incompatible con la ley 25.520, siendo tal accionar avalado por su superior jerárquico y ordenado por los directores de la Agencia”. “El área de inteligencia dirigida por Ruiz se constituyó, paradójicamente, en una amenaza a resortes vitales del sistema democrático y republicano, propios de una Estado Constitucional de Derecho; al practicarse desde allí espionaje a una ex Presidenta de la Nación, por razones políticas, tareas enmarcadas en una práctica habitual, prolongada y generalizada”.

Los fiscales Incardona y Eyherabide apuntó así a quienes “habrían dirigido y controlado la actividad” de Ruiz. Por un lado, el director del área, Martín Coste, “habría tenido conocimiento de las prácticas de inteligencia que llevó a cabo el Jefe de Operaciones, y contando con facultades legales para impedir que estas continuaran desarrollándose, no habría tomado las medidas de acción necesarias para evitarlo”. “Por otro lado, existe sospecha suficiente para considerar que tanto la Subdirectora Silvia Majdalani como Gustavo Arribas, director, impartieron órdenes o instrucciones a Alan Ruiz para que realizara tareas de inteligencia ilícitas”, dijo la fiscal.

Enterado del pedido de llamado a indagatoria, Majdalani -que ya se había puesto a disposición en el expediente la semana pasada- pidió al juez Auge que analice varias cuestiones. Dijo que no hay delito, que si lo hubiera es cosa juzgada y además que el caso no debe investigarse en Lomas de Zamora. También dijo que promovió en el juzgado de Martínez de Giorgi un planteo para que se pida desde Comodoro Py la inhibitoria. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el juez de Retiro ya les respondió que no: su causa está cerrada.

En tanto, la defensa de Arribas se presentó este martes en el expediente para ponerse “a derecho”. Por ahora, solo pidió ver la causa. Sin embargo, la estrategia de Arribas apuntará a sostener que ya fue sobreseído y que no puede volver a ser investigado por lo mismo, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Mientras tanto, la causa por el espionaje que tiene como víctimas a Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal comenzará a transitar un camino menos vertiginoso. Entre el martes y el miércoles el juez Auge le tomará indagatoria a cuatro espías que fueron liberados en la madrugada del sábado: Guillermo Matta, Johnatan Nievas, Dominique Lasaigues y Javier Bustos. También al propio Alan Ruiz, que quería declarar el viernes pasado, cuando le sacaron la causa a Villena.

Permanecen en tanto en prisión domiciliaria la ex funcionaria Susana Martinengo, Dalmau Pereyra y los ex agentes Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Saez, entre otros acusados. El trío Araque-Melo-Saez fueron los que plantearon la recusación que permitió expulsar a Villena del expediente. Serán ellos los que tengan la voz para reclamar nulidades.

El resto de los imputados presos en domiciliaria son Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenorio, María Belén Sáez (hija del “Turco”), Jorge Ochoa, Mariano Ignacio Flores, el penitenciario Andrés Rodríguez, el ex integrante de la Policía Federal Gustavo Ciccarelli y el subcomisario de la Policía de la Ciudad pasado a disponibilidad Juan Carlos Rodríguez. El imputado numero 22 nunca llegó a estar detenido y fue declarado rebelde: es el ex agente de la AFI Martín Terra, el chef que estuvo casado con la ex modelo Analía Maiorana, actual esposa del vicejefe Diego Santilli, víctima de la organización.

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