Quince días atrás, el anuncio oficial marcaba que nueve provincias estaban en condiciones de retomar la actividad presencial después de las vacaciones de invierno, siempre en forma escalonada y con asistencia alternada: Catamarca, Formosa, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Santa Fe y San Juan.

En la reunión virtual que ayer encabezó el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, sus pares provinciales manifestaron las inquietudes que se presentan en los territorios respecto al retorno a las aulas. En el encuentro, además de representantes de las nueve provincias, se sumaron funcionarios de La Rioja.

“Estamos trabajando para que las provincias con menos circulación del virus vuelvan en agosto. Claro que no es sencillo. Tenemos que ir construyendo un consenso social, una mirada colectiva. El camino es complejo, pero tenemos que transitarlo. Yo soy el principal responsable de garantizar la seguridad y las familias se pueden quedar tranquilas de que no vamos a aprobar un regreso si no están dadas las condiciones epidemiológicas”, le dijo a Infobae el ministro Trotta.

Provincias

A solo tres días de que comience agosto, las jurisdicciones que confirmaron que reanudarán sus ciclos lectivos presenciales son San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero.

En San Juan, con solo 20 casos confirmados, la vuelta será a partir del 10 de agosto y priorizará los últimos años de cada nivel: séptimo grado en primaria y quinto año en secundaria, además de terminalidad para adultos. En principio, volverán 14 de los 19 departamentos de la provincia, los más alejados del Gran San Juan. El protocolo provincial sigue las pautas del nacional: cursos divididos en dos, distanciamiento en las aulas y reglas estrictas de higiene. Solo resta la aprobación de Nación que se hará efectiva en los próximos días.

Santa Fe presenta un panorama epidemiológico más complejo, con 1035 casos en total. De igual modo, el gobernador Omar Perotti definirá la reapertura de las escuelas para las últimas semanas de agosto. Si bien todavía no precisaron la fecha, el ministerio provincial ya seleccionó 400 escuelas, mayormente rurales, ubicadas en localidades del centro y norte que reúnen menos de 200 alumnos. Esos establecimientos serán los primeros en reabrirse.

Santiago del Estero, en tanto, solo registró 41 casos positivos de coronavirus. El esquema seleccionado es similar al que adoptó San Juan, de priorizar los últimos cursos de cada nivel. Los grados se dividirán en dos y a partir del 18 de agosto, alternarán la asistencia una semana cada uno, con un máximo de quince alumnos por aula.

El cuarto distrito que se podría sumar es Corrientes, aunque la perspectiva parece más bien lejana si se considera que aún ultiman detalles del protocolo provincial. “Hoy no se puede hablar de fechas concretas. Solo podemos decir que si la situación lo permite volverían las clases presenciales en la ruralidad en agosto y, si no, podría ser septiembre o más adelante”, señalaron desde el ministerio correntino.

En San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saa había anunciado la vuelta a las aulas para el 10 de agosto, pero el registro de nuevos casos en la provincia le modificó los planes. Ahora, desde la administración puntana, evalúan fines de agosto o comienzos de septiembre.

En todos los casos, seguirán un modelo de educación dual, que combine la presencia física en las aulas con la enseñanza remota los días que los chicos permanezcan en sus hogares. Y en todos los casos también, aclaran, la vuelta está atada a los nuevos partes que difunda el Ministerio de Salud en las próximas semanas. Si se disparan los contagios en alguno de los distritos, volverían atrás.

Las otras cinco provincias, más otras que se sumarán de la Patagonia y mismo el interior de Buenos Aires, exploran septiembre como fecha tentativa de regreso. En la reunión de ayer, los ministros jurisdiccionales plantearon el principal desafío que encuentran en la comunidad educativa: en general, son mayoría los padres que, por temor, prefieren no enviar a sus hijos de vuelta a la escuela.

A eso se le suman las dificultades presupuestarias. Más allá de la inversión de 2.300 millones de pesos que anunció el gobierno nacional, la puesta a punto de los establecimientos exige un esfuerzo extra para las arcas provinciales. Ni hablar de las licencias que deberán afrontar, ya sea porque los docentes están dentro de los grupos de riesgo o porque son madres o padres de familia. En esos casos, podrán solicitarla para cuidar a sus hijos los días que, por el esquema de asistencia alternada, les toque estar en la casa.