Abogados, profesionales de la salud y referentes religiosos asistieron este miércoles a una nueva jornada de debate del proyecto de legalización del aborto, en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres y Diversidad.

El primer bloque de las exposiciones, realizado desde la mañana hasta pasado el mediodía, estuvo conducido por el tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos), titular de la Comisión de Salud. Los oradores hablaron agrupados de a cuatro, intercalados entre los que se expresan a favor y en contra de la ley.

En primer lugar habló Soledad Deza, abogada feminista que estuvo a cargo del caso Belén en Tucumán, quien consideró que la iniciativa “busca saldar una deuda democrática histórica”. Centrada en su discurso sobre la cuestión de la objeción de conciencia, señaló que ésta “es una herramienta política que hace e hizo mucho daño cuando está en manos inescrupulosas y el Estado mira para otro lado”.

La letrada cuestionó que “el artículo 10 del proyecto es una enorme concesión a quienes suelen utilizar la conciencia como herramienta para afectar el servicio de salud pública”. “La peor cara de la objeción, la más dañina, es aquella que se oculta tras un lugar de poder para trastocar el autogobierno, brindando información falsa o sin evidencia científica”, continuó.

“En Tucumán, luego de que Belén estuvo presa, 34 mujeres fueron acusadas penalmente por aborto espontáneo natural, 165 tienen causas penales caratuladas como abuso sexual-aborto provocado, 72 mujeres fueron acusadas por aborto provocado solo entre 2018 y 2019. Esa también es una forma encubierta de objeción de conciencia”, apuntó.

Finalmente, Deza sostuvo que “será un desafío titánico del Estado garantizar a la población que la libertad de culto de algunos y algunas no consolide la subalternidad de otras que también tienen objeción de conciencia”.

En contra del proyecto, Nicolás Laferriere, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Bioética, aseguró que es “inconstitucional” la “afectación del derecho a la vida del niño por nacer”, y agregó que en caso de sancionarse esta ley “habrá en nuestro sistema legal cuatro momentos en los que comienza la vida humana”, lo que provocará un “problema de coherencia normativa”, además de establecer discriminación entre niños que pueden recibir asignaciones y beneficios y aquellos que “serán descartados por no ser deseados”.

El orador observó que el proyecto “impone el aborto” por “doble vía de presiones hacia las madres y los profesionales de salud”. “No se atienden a las problemáticas de fondo que llevan a pensar en el aborto”, advirtió y criticó el “nuevo delito que amenaza a los profesionales de la salud”, a partir de “una tipificación amplia y vaga de las conductas que van a ser penalizadas”. También, opinó que tiende a la eliminación de los niños con discapacidad: “Aunque en apariencia la ley es neutra, la discriminación aparece en los hechos”.

A favor de la iniciativa, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que “desde el derecho convencional” existen “sentencias, informes particulares, observaciones generales o informes por país” de los órganos rectores de tratados internacionales que “le han dicho a todos los Estados y a la Argentina, en innumerables oportunidades, que debe despenalizar el aborto”.

“Es una obligación del Estado argentino despenalizar el aborto, porque si no lo hace está violando los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres”, expresó e insistió que “la aprobación del proyecto lo que hace es cumplir con obligaciones internacionales y ejercer el control de convencionalidad interno”, publicó Parlamentario.

Asimismo, Domínguez, indicó que “desde el punto de vista constitucional no existe ninguna norma que impida, prohíba o haga que este proyecto sea inválido”.

“Lo que se está castigando en realidad es el goce de la mujer, a través de la apropiación estatal del cuerpo de las mujeres, mientras tanto los hombres seguimos gozando sin ningún tipo de inconvenientes”, enfatizó el abogado.

Y completó: “En 1921, un Congreso totalmente integrado por hombres blancos y propietarios tuvo en cuenta los derechos de las mujeres, tuvo en cuenta las autonomías de las mujeres. En el siglo XXI, este Congreso, con un derecho convencional y con las obligaciones constitucionales claras y precisas, tiene el desafío y la obligación de ser progresivo y garantista mucho más aún que aquel Congreso de 1921, respecto de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, y las personas con capacidad para gestar”.

También a favor del proyecto, Diana Maffia, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, remarcó que “habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida”.

Lo que hace esta iniciativa es reconocer “a las mujeres en su decisión la condición de autonomía”, manifestó. Tras subrayar que “no se está legislando sobre embarazos avanzados”, la expositora añadió que se trata de “la resolución de un conflicto moral entre la maternidad forzada y la interrupción voluntaria del embarazo”.

Al hablar de las “razones sociales”, Maffia explicó que “el Estado ha omitido su presencia eficaz en las condiciones que llevan al conflicto”, porque “la mujer que aborta es víctima de la violencia indirecta” por “la ausencia de políticas públicas oportunas y adecuadas de educación sexual integral, anticoncepción y lucha contra la violencia de género”. “¿Puede el mismo Estado que omite estas políticas penalizar el aborto? Estaría castigando doblemente a las mujeres”, resaltó.

A su turno, María Angélica Gelli, directora del Instituto de Política Constitucional, afirmó que “la defensa de la vida comienza con la concepción y la protección de este derecho está expresamente reconocida en el sistema jurídico” argentino. “No se trata de una interrupción, porque lo que se interrumpe puede continuar, se trata de la supresión del embarazo y se trata de consagrar un derecho subjetivo a abortar”, aseveró.

La abogada alertó que el derecho a la objeción de conciencia individual se regula en el proyecto de un modo “parcial, trunco y condicionado”, al no admitirse la objeción institucional. En ese sentido, señaló que se “vulnera en términos absolutos la objeción de conciencia personal de todos los miembros de la organización”.

“En dicha institución y organización existe la conciencia de sus integrantes y si ellos se reúnen con una cosmovisión respetable no puede imponérsele una obligación por parte del Estado que va en contra de esa cosmovisión, que es nada más y nada menos que la defensa de la vida”, abundó.

Por lo tanto, Gelli consideró que “debiera considerarse expresamente la objeción de conciencia institucional”. Asimismo, aclaró que el médico “sea o no sea objetor es el que decide qué hace frente al paciente. No podemos obligarlo a que diga lo que haga la ley y vulnerar el propio juramento hipocrático”.

En otro tramo, la abogada se diferenció de lo dicho por Andrés Domínguez sobre el derecho convencional, al expresar que “en ninguno de los tratados de derechos humanos aparece el derecho a abortar”. Los informes emitidos por los órganos “tienen valor, pero no pueden cambiar el significado de los tratados”, cerró.

“Más allá de las posiciones religiosas y metafísicas, este es un gravísimo problema de salud pública”, sostuvo Leda Guzzi, médica infectóloga, quien precisó -de acuerdo a un estudio- que “entre 2010 y 2014 hubo 55.7 millones de abortos por año en el mundo” y “el 76% de los abortos se realizan en Latinoamérica son en condiciones de inseguridad”.

Guzzi apuntó que “pese a los avances del acceso a métodos anticonceptivos siguen sucediendo embarazos no deseados” y “los marcos más restrictivos, lejos de bajar la tasa” impulsan a la clandestinidad. La doctora valoró que la legalización del aborto en 2012 en Uruguay produjo una “reducción dramática de la mortalidad materna relacionada al aborto”. Y sumó: “Un aborto inseguro implica un costo siete veces mayor que cualquiera de las otras prácticas supervisadas médicamente”.

El cura villero Gustavo Carrara reflexionó que la pandemia puso en evidencia que “la cultura del descarte, individualista va avanzando” y existe un “gran virus de la injusticia social”. Por otro lado, en su discurso asoció el tema del aborto legal con la negociación de la deuda externa, ya que los organismos financieros internacionales “muchas veces sugieren políticas de reducción de la población”.

El obispo remarcó que la Convención de los Derechos del Niño “entiende todo ser humano desde el momento de la concepción”. “Cuando se niega el derecho más elemental, el derecho a vivir, todos los derechos humanos quedan colgados de un hilo”, dijo y siguió: “Si aparece alguna excusa para eliminar una vida humana siempre aparecerán razones para excluir de este mundo a seres que molesten, mandarán las circunstancias”.

“¿En qué se apoyaría la ley para decir no es legítimo quitarle la vida a un ser humano cuando tiene más de 14 semanas, pero sí se le puede quitar cuando tiene un día menos?”, se preguntó Carrara, que exclamó que “lo que está en juego es el valor de la vida humana”.

Además, añadió: “Cuando se habla de las villas o barrios populares muchas veces se desconoce la cultura de la mayoría de las mujeres pobres, para ellas los hijos son el mayor o el único tesoro, y no son algo más entre distintas opciones que el mundo pueda ofrecerles. Eso implica que tantas mujeres pobres se desvivan trabajando mucho para criar a sus hijos”. “Si se quiere ayudar realmente se debe luchar contra la pobreza con firme determinación”, finalizó.

Otra de las oradoras fue la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, quien explicó que los órganos que rigen los tratados internacionales son los que se encargan de la interpretación de los mismos, y dicha interpretación de los textos debe ser “dinámica”. “Cuando interpreto un tratado, lo interpreto acorde a las realidades y necesidades actuales y no mirando para atrás”, justificó.

En esa línea, defendió que estos organismos “entienden muy bien lo que son los derechos humanos y entienden que no hay derechos, aunque sean humanos, que sean absolutos”. Al mencionar los “pilares” de “autonomía, pluralismo y solidaridad”, Kemelmajer de Carlucci subrayó que “ningún ser humano tiene que ser instrumento de otro; ni de otra persona, ni del Estado, ni de los grupos. Con esta ley se aplica la autonomía que permite a la mujer tomar decisión”.

En la jornada expusieron además Aníbal Bakir, presidente del Centro Islámico de la República Argentina; Víctor Urbani, médico y exministro de Salud de Jujuy; Martín Olivera, médico especialista en ginecología y obstetricia; y Néstor Sagués, doctor en Derecho.

Turno tarde

La segunda tanda de expositores comenzó con Mirian Andújar, abogada y exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, quien advirtió que el presidente Alberto Fernández y los funcionarios que promueven el aborto legal “piensan que no hay vida humana en los primeros estadios de gestación”.

“El niño por nacer no es una entelequia ni una cuestión cultural o de fe, tampoco un fenómeno: es una realidad, un individuo perteneciente a la raza humana. No es un órgano o una víscera de la madre; es un ser distinto a la madre”, sostuvo.

Andújar consideró que “tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo -por ejemplo, podemos rechazar distintas prácticas sobre nuestro cuerpo-, pero no tenemos derecho a decidir sobre la vida de un individuo distinto a nosotros, como es el niño por nacer”. Por último, habló de un “uso político” del aborto “cuando se lo presenta como una opción para las mujeres pobres”.

María Belén Carcedo, médica generalista, se hizo eco de las “voces quebradas, documentadas en un sinfín de historias clínicas” de mujeres que abortan. “El aborto existió, existe y existirá. Está ampliamente demostrado que quien decida abortar, aborta, sea cual sea el estatus jurídico del país, lo que sí se modifica son las condiciones en las que el aborto ocurre, y el Estado debe hacerse cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas”, enfatizó.

También señaló que “el aborto tiene que salir del Código Penal” y reclamó por el acceso al misoprostol y a la aspiración manual intrauterina (AMEU).

En otro orden, advirtió que “forzar a las niñas a maternas es un acto de tutora, cruel, inhumano y degradante”, y estimó que “el 80% de los embarazos en niñas es producto de abuso sexual intrafamiliar”.

Jorge Aquino, doctor en Medicina e investigador del CONICET, detalló el proceso de fecundación y precisó que “el cigoto es un individuo y un ser humano”, y “cada cigoto es único e irrepetible”. Relató la evolución del embrión en el vientre a través de las semanas e informó que “entre la semana ocho y la quince aumenta su capacidad de sentir dolor”.

“Desde la fertilización empieza a sentir un nuevo ser humano. El proyecto es tan malo como el de 2018, permitirá atentados contra seres humanos hasta el noveno mes”, alertó Aquino, y agregó que “no puede afirmarse que el número de abortos no aumente con su legalización”.

La doctora en Derecho e investigadora del CONICET Paola Bergallo indicó que “venimos esperando casi 100 años para que se discuta la legislación penal del aborto”, y “mientras tanto, más de 3.000 mujeres murieron en situaciones aborto que hubieran salvado su vida si hubiéramos dado el debate antes”.

Bergallo explicó cómo “la mayor parte de los países del mundo tienen legislaciones liberalizadoras” en este sentido, y subrayó que el aborto legal “es una deuda de la democracia porque en 1920 no estuvimos representadas en la redacción del Código Penal”.

Respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, consideró que es “moderado” porque “en las reformas que se están dando en el mundo se argumenta la necesidad de abandonar totalmente el derecho penal”, y además porque “es acompañado por la ley de los 1000 días”, que busca garantizar “el derecho de la mujer a continuar con su embarazo”.

La directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), Natalia Gherardi, sostuvo que “lo que está en debate es la modificación de un régimen de regulación del aborto basado en causales a un régimen mixto” por el cual se puede interrumpir el embarazo hasta la semana catorce de forma voluntaria. “En este plazo inicial las razones son de la mujer, son íntimas, personales, como su decisión”, aclaró.

En ese contexto, advirtió que “muchas de las personas que expusieron en contra se manifiestan en contra de los derechos de las mujeres a decidir, aun frente a la violencia y al peligro para su salud”, como está establecido en el Código Penal desde 1921.

Asimismo, Gherardi negó que sea un debate exprés. “No hay nada de exprés en un proceso que lleva décadas de construcción nacional e internacional”, opinó, y agregó que “el debate se construyó a partir de una demanda social colectiva y transversal que fue receptada en el proyecto del Poder Ejecutivo pero que no le pertenece: le pertenece a las mujeres, que reivindicamos nuestro derecho a decidir”.

También a favor de la legalización, la legisladora porteña del PTS-FIT Myriam Bregman lamentó que “quienes optan por la clandestinidad del aborto intentan darle a sus argumentos un tinte científico”. “A esta altura sabemos que la amenaza penal no ha persuadido a nadie de interrumpir embarazos no deseados, y ha funcionado como un verdadero castigo de clase”, analizó.

“La negación del derecho al aborto es parte de un entramado mayor , de una concepción general que considera que la única función que tenemos es reproducir, y que ni siquiera nos asiste el derecho de cómo y cuándo hacerlo. Cuestionan la educación sexual integral, el misoprostol, y que podamos gozar libremente de nuestra sexualidad. Eso quedaría solamente reservado a los varones, según lo que hemos escuchado”, se quejó Bregman.

A su turno, el doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la UBA Roberto Gargarella pidió “resistir la idea de cómo se interpreta la Constitución, como si incluyera compromisos ocultos en los intersticios de los artículos, como si los derechos constitucionales fueran planetas externos a nosotros que científicos con grandes aparatos telescópicos reconocen, pero nosotros como ciudadanos comunes no podemos reconocer”.

“La Constitución es un manual de procedimientos para que tomemos las decisiones sustantivas. No es una caja que ya incluye todas las respuestas. Enuncia y se compromete con valores, pero luego lo que hace es establecer las reglas procedimentales para decidir sobre las cuestiones sustantivas”, evaluó.

También participaron de la jornada de este martes Margarita Bosch, doctora en Ciencias Químicas; Carolina Comaleras, licenciada en Obstetricia; Siro de Martini, doctor en Ciencias Jurídicas; María de Urraza, médica obstetra; Magui Fernández Valdéz, directora ejecutiva del Observatorio de Acceso al Misoprostol; y SégoleneDu Closel, docente de Bioética y doctorada de la Universidad del Salvador.

Otros de los disertantes fueron Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la UCA; Gisela Reynaga, médica tucumana; Sonia Terragona, subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación; Cecilia Ousset, médica tocoginecóloga; Fernando Toller, profesor de Derecho Constitucional; Débora Rainieri, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la UCA; y Marisa Herrera, doctora en Derecho e investigadora del CONICET.