A más de dos meses de la última reunión que hubo entre los diputados, el próximo miércoles a las 11.30 fue citado un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde se buscará destrabar la discusión por la situación que atraviesan los tomadores de créditos UVA y avanzar con un dictamen consensuado. El encuentro será en el segundo piso del Anexo “C” de Diputados.

Tras el trabajo que se dio en asesores, donde se analizaron todas las propuestas presentadas por legisladores de distintos bloques, se arribó a un texto que establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Además, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023. Y, otro punto central es que la iniciativa propone que en el momento de ejercer la opción, la cuota a abonar no deberá superar el 30 % de los ingresos de los deudores.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

También, el proyecto prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI, publicó Parlamentario.

Según pudo conocer parlamentario.com, el proyecto estipula que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

A su vez, los beneficios plenos de compensación del Fondo regirán para aquellos deudores que se adhieran voluntariamente y hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs. Si el crédito es de hasta 200 mil UVAs, regirá el beneficio de cobertura de hasta las 120 mil UVAs. Para créditos mayores a los 200 mil UVAs no existe posibilidad de tener en beneficio de compensación.

El debate se inició en septiembre del año pasado, con una reunión en noviembre también, pero se retomó este año el 22 de marzo. Seis días después, el 28, se realizó una reunión de asesores en donde se analizaron y debatieron los principales lineamientos a considerar en el tratamiento del tema, con el fin de arribar a un proyecto de consenso.

El 27 de abril se realizó una segunda reunión y se acordó enviar una redacción que contemple los aspectos sugeridos. Mientras que el 26 de mayo, los asesores de los diputados Carlos Heller y Alicia Aparicio, presidentes de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, respectivamente, compartieron el borrador del proyecto.

“Hay que entender que consensuar implica ceder posiciones”

Impulsor del debate y de uno de los proyectos, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) celebró que “después de mucho tiempo y tanto insistir se va a tratar de sacar dictamen a ver cómo se reconsidera la situación de los créditos UVA”.

“Siempre el tema de discusión fue a partir de cuándo comenzaba a regir la propuesta. Sí había consenso para cambiarlo por el coeficiente de variación salarial. Nosotros insistimos en que sea desde la fecha del primer congelamiento, en agosto de 2019, pero lo que se pudo consensuar es que se tome el 1ro. de enero”, explicó.

El radical destacó que “la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos y además hay una cláusula beneficiosa que contempla la situación de quienes se quedaron sin trabajo”.

“También hemos logrado conseguir actualizar el monto, que se incrementa por 10, de deducir Ganancias de los intereses bancarios, cosa que estaba congelada en 20 mil pesos”, agregó.

El mendocino señaló que “hay que entender que consensuar implica ceder posiciones” ya que “en un proyecto que no tenía el convencimiento tanto en el oficialismo como en la oposición, ha costado llegar a este principio de acuerdo, pero veremos si se puede llegar a un dictamen la semana que viene y que sea un paso previo para considerarlo en la próxima sesión”.