De ANALISIS DIGITAL
La historia se remonta varios años en el tiempo: en 2001 el empresario Ricardo Taboada presentó un proyecto para la instalación de un frigorífico en Aranguren y la planta comenzó a faenar en 2005, en el terreno donde funcionara el ex matadero municipal, que la comuna le cedió en comodato. Pero dos años después la planta entró en crisis por la falta de pago de su principal cliente, no canceló una serie de créditos con la Provincia, la Justicia ordenó el remate de parte de las maquinarias y, al mismo tiempo, se generó un conflicto con las autoridades municipales por el uso del predio.
A partir de ahí se desencadenaron una serie de demandas y respuestas que no han resuelto la cuestión. El inmueble se mantiene en desuso y sin poder producir, con los bienes y documentación personal del empresario dentro del mismo. Esta situación de irregularidad se mantiene hasta el presente, sin que la Justicia ni el gobierno puedan resolver la cuestión.
Existen dos causas en paralelo por el conflicto. Por un lado, en el ámbito civil y comercial, bajo la jurisdicción del juzgado Nº5, donde el juez falló a favor del empresario para que Taboada pueda retirar los bienes que permanecen en dicho inmueble. Por el otro, una causa penal que se inició la semana pasada en el juzgado de Nogoyá -jurisdicción donde se encuentra Aranguren- contra el intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa civil sobre los bienes falló a favor de Taboada, aunque el empresario decidió no ejecutar el fallo aún ante la cercanía de una eventual renovación política en las autoridades del Municipio. Según pudo saber ANALISIS DIGITAL, el empresario está esperando saber si se ratifica la continuidad del oficialismo o si cambia de color político el Municipio, porque retirar los bienes implicaría evitar la reapertura rápida del frigorífico. Ante un cambio de partido político al mando de la intendencia, no haría falta retirar los bienes y se abriría una posibilidad de solución, ya que según el empresario el conflicto se da por diferencias políticas y no pertenecer al grupo de "empresarios amigos del poder".
Por su parte, un fallo judicial también instó al Municipio a devolver la documentación que permanece hasta el día de la fecha en el inmueble por pertenecer al empresario y no tener vinculaciones directas con el conflicto originado en el comodato. Como el intendente de dicha localidad no ha devuelto dicha documentación, Taboada decidió iniciar acciones penales contra Tessore por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
Taboada sigue molesto porque el oficialismo "nunca mostró colaboración en la solución del conflicto, sino que siempre puso trabas". "Le pedí audiencias a Urribarri, nunca me recibió. Me reuní con Roberto Schunk y me dijo que hasta que no solucione el tema de la deuda, todo seguirá igual. Pedí un plan de pago para poder reactivar todo y nada. ¿Cómo hicieron con Senor, que levantaron toda una empresa en la nada misma?", se preguntó el empresario.
Las elecciones en Aranguren
Para el empresario un eventual recambio en la dirigencia municipal significaría una posible solución. Ante la pregunta de ANALISIS DIGITAL, sobre si él cree que se trata de un problema de diferencias políticas, Taboada respondió afirmativamente.
El actual intendente, Eduardo Tessore, se adjudicó la victoria electoral en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), celebradas el pasado 9 de agosto. Tessore llegó a la intendencia por un partido vecinal, aunque se puede considerar parte del oficialismo provincial por sus vinculaciones con el gobierno de Sergio Urribarri.
De continuar Tessore al frente del Municipio, una eventual resolución del conflicto entre Taboada y la Municipalidad quedará sólo en los ámbitos judiciales, agotada la posibilidad política. De esa manera, el empresario deberá efectivizar la recuperación de sus bienes, dejando el terreno al gobierno y evitando, al menos bajo esas condiciones, la reapertura del frigorífico que daría trabajo a unas 25 personas aproximadamente.
En paralelo, se deberá resolver la devolución de la documentación a través del curso legal de la demanda penal que se inició la semana pasada.
