D. E.
(desde Gualeguay)
Hubo que esperar hasta las 5.10 de la madrugada del sábado para que finalice la prolongada e histórica jornada de alegatos en el sonado caso por los delitos suscitados en torno al manejo de la herencia del hacendado José Alberto Reggiardo, tras su fallecimiento, en 1998. El abogado nogoyaense Walter Martínez -uno de los imputados y considerado el cráneo de las maniobras- quedó exhausto después de dos horas de exposición, de pié, en defensa propia, reclamando casi a los gritos en algunas instancias, que ya estaba condenado de antemano. No era para menos: sobre sus espaldas tenía pedidos concretos de cárcel para varios años de su vida. Mientras el fiscal Dardo Tórtul pidió cinco años de prisión, los abogados querellantes llegaron a solicitarle hasta una década de sombras en alguna unidad penal cercana.
La escena era extraña. Afuera del viejo edificio tribunalicio la vida nocturna de Gualeguay transcurría normalmente. Eran las 21 de un viernes, casi todos los negocios céntricos estaban abiertos como en días turísticos de verano, en que la población vive el carnaval como su principal atracción, pero en cada rincón solo se hablaba de la protesta del campo. Nadie tomaba en cuenta que en el primer piso de Tribunales se estaba juzgando a varias personas, entre ellos dos profesionales conocidos del sur entrerriano: un abogado y un escribano, porque de la tercera imputada pocos hasta recuerdan su nombre. Alguno puede llegar a nombrarla como “la extraña hija de (José) Reggiardo”, pero no más que eso. El nogoyaense Walter Martínez, el anciano escribano Luis Galli (de 75 años) y la chica María Angélica Godoy miraban con cierta bronca y alguna que otra sonrisa irónica a la larga fila de abogados querellantes ubicados en frente, a no más de tres metros de distancia. Ninguno esquivaba la mirada acusadora de letrados o el fiscal; solamente agachaban la cabeza o se tapaban la cara sutilmente si alguna cámara fotográfica los ponía en foco. Pero no más que eso.
En la sala había muy poca gente; solamente familiares directos de Martínez -que llegaron hasta el lugar en un BMW color blanco-, personal del Poder Judicial de Gualeguay o allegados a los abogados querellantes, además de dos suboficiales de la Policía de Entre Ríos. Algún que otro ciudadano preocupado por las alternativas del caso, ANALISIS y uno de los periodistas del canal local -colaborador de este semanario-, pese a la trascendencia del caso. “Como ven, Clarín ya no viene; ya hicieron lo que tenían que hacer y se fueron”, criticó Martínez, en referencia a los enviados especiales que hicieron buena parte de la cobertura de las audiencias iniciales del juicio oral, pero que no estaban esa noche-madrugada. Martínez nunca pasó desapercibido; ni por sus movimientos, ni por sus reclamos, ni por su atuendo. Antes de la audiencia planteó a los gritos -aunque la pasión y la efusividad de sus palabras son sus características, más allá de que a veces hasta suene actoral- que iba a recusar a todo el tribunal, encabezado por el paciente camarista, Rolando Cirigliano. Traje gris, camisa rosada, corbata al tono, anillo de oro, reloj de marca, pelo con corte moderno onda abogadomediáticoporteño, birome en mano, anotó cada imputación que le hicieron y buscó respuestas en las no menos de 10 carpetas foliadas que tenía a su alrededor, con detalles del expediente. A su lado, el abogado de Gualeguaychú, Claudio Melchiori, lo observaba en silencio o se acercaba a escuchar alguno de los cientos de comentarios que le fue haciendo en voz baja. El escribano Galli trató todo el tiempo de no dormirse, en las casi e interminables nueve horas de debate. Pegada a su silla, la abogada Yanina Palacios, con su embarazo avanzado, trataba de mantener la calma, de acomodarse lo mejor posible en la silla y de practicar, en varias instancias, algunos ejercicios de respiración para superar las horas. Su defendida, María Angélica Godoy, con una vistosa camisola celeste, no pasaba desapercibida y seguía con atención cada tramo.
El fiscal Tórtul -juez de Instrucción desde hace tres años, pero actuando como subrogante del tribunal- fue contundente en su exposición. Sólido, sin titubear un instante, rodeado de papeles y libros, apuntó directamente a la cabeza de Martínez y Galli en el armado de un esquema para quedarse con la millonaria herencia de Reggiardo, valuada en más de 35 millones de pesos, a partir de generar a una supuesta heredera como Godoy. Casi siempre mirando a los acusados (y, de hecho, se enfrentaba con los ojos de Martínez, mirando por sobre sus gafas) habló con vehemencia de las irregularidades de la escritura número 14. “Nunca apareció el folio notarial; nunca tuvieron la matriz a la vista; falsearon las firmas de los supuestos poderes de Reggiardo y quedó claro que todo se hizo con fotocopias de fotocopias, tal como lo demostraron los técnicos que declararon”, remarcó. Acusó que Galli no la declaró ante la Dirección General de Rentas ni ante el Colegio de Escribanos; “o sea -agregó-, irregularidades que no solamente muestran falsedad ideológica, sino un ardid para hechos posteriores”. Tórtul sostuvo además que Galli “admitió ser el autor de la escritura 14 y de haber entregado un testimonio a Godoy, para provocar un perjuicio”. Y acotó: “Galli defraudó su rol de actuario, colocó un factor de riesgo en el esquema e insertó una historia falsa, que contó con el aval de Martínez y Godoy, que fueron partícipes necesarios de los hechos”. El fiscal -oriundo de Hernandarias, pero con experiencia judicial en Nogoyá, Gualeguaychú y Gualeguay- cuestionó el desvío millonario que se hizo de la herencia de Reggiardo; las “extrañas cesiones” de tierras que existieron o la venta de un campo en María Grande, de 996 hectáreas, por 450.000 dólares, a través del escribano Víctor Badano, allegado a varios encumbrados hombres del oficialismo entrerriano. “Los compradores (Agustín Federik y Estebenet, entre otros) tomaron posesión del campo, pero al día de la fecha no lo pudieron escriturar”, indicó. Sostuvo también que “Martínez y Galli sabían perfectamente qué hacían, por su condición de profesionales y los tres (con Godoy) tenían un claro ánimo de lucro. Se engañó a funcionarios públicos y a jueces, lo que provoca un menoscabo a la administración de justicia y pido se tenga especialmente en cuenta”, acotó. En ese marco fue que pidió cinco años de prisión efectiva para Martínez y Godoy, y cinco años y seis meses para Galli, como así también una multa de 90.000 pesos para cada uno.
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