El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al trabajo que se está realizando tras la determinación de la Corte Suprema sobre los decretos de IVA y Ganancias. También habló de la causa de los contratos truchos y de la polémica por el decreto que limita las fumigaciones con agrotóxicos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Rodríguez Signes explicó que este martes se trabajará sobre “la ejecución de la sentencia que dictó la Corte Suprema, que ya está firme y no tiene posibilidad de apelación pero que establece un criterio: que los efectos fiscales de los decretos que dictó el Poder Ejecutivo acerca de IVA y Ganancias sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar los recursos de las provincias”. “Esto es una consigna que estableció, un criterio; no es una suma líquida y exigible, y ahora hay que hacer una ejecución de la sentencia y antes de ello hay que establecer cuál es la suma a percibir por Entre Ríos y por cada una de las provincias en particular”, agregó.

En ese marco, informó que “hoy habrá una reunión de todas las provincias demandantes con la Comisión Federal de Impuestos, que es el órgano de aplicación de la ley de coparticipación para convalidar un monto exigible por cada provincia y presentarlo en la Corte para lograr su ejecución”.

Al respecto, sostuvo que “lo más difícil de esto será fijar un criterio para establecer un número porque se trata de sumas que no percibimos y de una estimación de lo que no vamos a percibir de acá al 31 de diciembre”. De todos modos consideró que “hay formas para llegar a una suma determinada sobre la base de estimaciones” pero aclaró que esa estimación es de “1.600 millones de pesos que fijó el Ministerio de Economía de la provincia”.

Asimismo, mencionó que tras el fallo no hubo contactos desde el gobierno nacional: “Los ministros (de Hacienda, Hernán) Lacunza y (de Producción y Trabajo, Dante) Sica se presentaron ante la Corte para pedir audiencia, a mi juicio de manera completamente extemporánea, pero no hubo contacto al menos con Fiscalía de Estado y Economía que estamos en el tema para consensuar absolutamente nada”.

No obstante, aclaró que “el ministro Rogelio Frigerio no ha participado en todo esto”: “Yo reivindico la actuación del ministro del Interior en los pactos fiscales de 2016 y 2017 cuando la Nación tuvo que aplicar los fallos sobre la coparticipación de San Luis, Santa Fe y Córdoba y luego ante la demanda del Fondo del Conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ahí se hicieron las cosas bien, en el sentido de que se fijaron las reglas de juego de coparticipación por pactos fiscales, y lo que pasó con los decretos 561 y 567 es que se violaron esos mecanismos”.

En tal sentido, dijo que “no hubo conversaciones políticas” y consideró que “debería haberlas a partir de la reunión de hoy en la Comisión Federal de Impuestos para consensuar la suma exigible para cada provincia”.

De todos modos, sostuvo que “siempre hubo una actitud reticente de parte de la Nación, porque frente a la reunión donde los gobernadores le pidieron al presidente que modificara el criterio no lo hicieron y eso nos obligó a demandar judicialmente”. “Hoy estamos en el camino judicial y vamos por la ejecución de la sentencia”, planteó.

Agrotóxicos y enojo

Por otra parte, el fiscal de Estado se refirió a los entredichos surgidos con ambientalistas tras el decreto que estableció límites a las fumigaciones y aseveró que “el decreto N°2.239 si se compara con todas las otras resoluciones de aplicación de plaguicidas es muy superior, incluso  nivel nacional es el decreto más avanzado que hay”.

No obstante, analizó: “Tuvimos dos audiencias en el Juzgado con el Foro Ecologista donde nos tratamos con muchísimo respeto y supongo que hubo un enojo y hubo una denuncia porque sostuvieron que yo estaba haciendo una especie de apología del envenenamiento, lo que me parece absolutamente fuera de lugar, y calculo que estuvo fundada en los efectos de la sentencia. Yo dije que los efectos de la apelación debían ser suspensivos, es decir que ante nuestra apelación el decreto tenía que seguir estando vigente, pero el juez despues concedió la apelación pero con efecto devolutivo, es decir que se cumple la sentencia mientras se sustancia el proceso”.

“Esta sentencia todavía no está firme, apelamos ante el Superior Tribunal de Justicia y por supuesto aceptamos las resoluciones del Poder Judicial. Ya hubo dos amparos anteriores que nos movilizaron para hacer el decreto 2239, con lo cual el Foro Ecologista puede estar muy satisfecho en el sentido de que gran parte del decreto está impulsado por la acción de ellos”, apuntó.

En este punto, admitió: “Comparto que tenemos una deuda pendiente en materia de organización administrativa y en particular respecto de los controles ambientales. Algo avanzamos, bastante, y los próximos cuatro años habrá que avanzar muchísimo más”.

Por otra parte, aunque dijo desconocer las amenazas denunciadas por la entidad Basta es basta afirmó que “la ministra (de Gobierno) Rosario Romero recibió al Foro Ecologista y se preocupó puntualmente por esta situación”.

Contratos truchos

En otro orden de temas, Rodríguez Signes sostuvo que en la causa de los contratos truchos de la Legislatura “se avanzó bastante en el sentido de que se está realizando una pericia contrato por contrato para determinar cuáles son los contratos irregulares y cuál es la suma finalmente involucrada en esta causa”.

“Falta resolver una impugnación que había hecho la defensa, que esta semana tiene que estar resuelta, pero esa pericia es la que nos dará mayor precisión para tener una suma que fue discutida”, concluyó.