Por Luis María Serroels
Un par de hechos nos dan esta semana motivos valederos para sostener nuestras reflexiones, porque están vinculados entre sí y suponen toda una red de complicidades que apuntan a institucionalizar la vigencia de dos hermanas gemelas que se aman en forma entrañable: la corrupción y la impunidad. Ambas son culpables de que los honestos se desalienten y los villanos se envalentonen.
Este domingo se cumple un año y medio de la renuncia de quien fuera titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido. Dicho funcionario, probo y corajudo, dio un portazo cuando advirtió que sus esfuerzos y tenacidad para investigar graves denuncias que involucran a funcionarios kirchneristas en ruidosas causas de corrupción, no tenían el debido respaldo ni aliciente en peldaños superiores. Obró como detonante de su alejamiento, la decisión del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, de recortarle facultades a su labor. Garrido no anduvo con vueltas y denunció que “el cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar, deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no se condice con las capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes”.
Pues bien, este cargo hasta hora se encuentra vacante en tanto no se ha designado el nuevo titular, sino que el despacho está ocupado interinamente por el fiscal Guillermo Noailles. Pero a principios de la corriente semana –según consignó un matutino porteño- se produjo una seria situación, cuando siete de los trece postulantes a suceder a Garrido en la titularidad, habrían decidido bajarse del concurso. Más aún, uno de ellos, el doctor Enrique Bayá Simpson, criticó fuertemente a Righi debido a lo que denominó “vicios graves de procedimiento y arbitrariedad manifiesta” en el Concurso Nº 81 y remató diciendo que “no me parece digno ni decoroso”. Bayá Simpson, quien cuenta con cerca de 40 años de experiencia tribunalicia y actualmente ocupa una de las 9 fiscalías de Investigaciones, aludió a groseras muestras de discrecionalidad en las que incurrió el jurado, que tiñen de sospechas la confrontación de saberes y antecedentes entre los postulantes.
Coincidentemente se informó sobre la presentación de un amparo judicial por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) contra la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por demorar y resistirse a brindar información de más de 300 expedientes vinculados con auditorías realizadas al gobierno durante 2009. El pedido, realizado por el titular de la AGN, Leandro Despouy, busca forzar al jefe de la Sigen, Daniel Reposo, a entregar todas las investigaciones relacionadas con el gobierno. La Auditoría depende del Congreso en tanto la Sindicatura es el principal órgano de control de la presidencia. Esta última hace seis meses que se viene negando a proporcionar el material requerido, aduciendo que sólo se trata de datos personales, al tiempo que decidió retirar de su página web todos los informes de control que eran de acceso público (¿existe algo más sintomático que esto?).
Despouy expresa dentro de las 28 carillas de su presentación, que esta negativa refleja desobediencia de la Constitución e incumplimiento de la ley de administración financiera por parte de la Sigen. Asimismo fundamenta el pedido en que dichos informes resultan importantes para facilitar el desarrollo de la actividad de auditorías y se advierte sobre actos o conductas irregulares del Estado. También se plantea como “inadmisible y ficticia” la respuesta dada por la Sigen para justificar su negativa a entregar lo requerido. El problema es que Reposo se comprometió a remitir toda la información de marras en el término de 10 días, habiendo transcurrido casi un mes sin que ello se cumplimente y, por si fuera poco, tampoco se ha pronunciado sobre esta cuestión la magistrada ante quien se radicó la denuncia.
La situación de acefalía de la FIA, los cuestionamientos al proceder en el concurso y la conducta manifiestamente remolona y cargada de pretextos por parte de altos funcionarios, sobre datos vinculados con la falta de observancia de las leyes contables, conforman un cuadro preocupante que lleva a avizorar maniobras non santas en protección de algunos integrantes del poder, menos santos aún.
Banca maldecida
El culebrón en que se convirtió la sucesión de José Cáceres como diputado, luego de su renuncia para acceder como ministro al gabinete provincial, adquiere características de verdadero mamarracho institucional. No hace falta recordar todos los entretelones de la puja entre el sindicalista Aníbal Brugna (Nº 16 en la lista del Frente Justicialista para la Victoria en 2007) y Cristina Salas (Nº 18) para ocupar la banca vacante. Brugna se aferra a la nómina elaborada antes de los comicios de ese año y Salas aduce cuestiones de equidad de género consagradas en la nueva Constitución entrerriana.
El planteo recaló en la justicia electoral y ante su rechazo a la petición de la mujer, ahora se halla en el Superior Tribunal de la provincia a raíz de un recurso extraordinario y con advertencias de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la nación. El asunto no debería ser complejo si se lo encuadra dentro de la doctrina jurídica: la equidad a la que se aferra con uñas y dientes Salas, data de la reforma de 2008 y por ende no regía al momento de integrarse la lista (el efecto retroactivo de cualquier norma está claramente vedado y darle aceptación implicaría un peligrosísimo precedente).
En medio del intríngulis, se produjo la declinación de Brugna a asumir como diputado, no sin ante obsequiarle fuertes críticas a Jorge Busti. Es que todo esto tiene como telón de fondo el alineamiento de uno y otro contrincante: el gremialista con el gobernador y la dama con el actual presidente de la cámara baja.
Frente a la nueva situación generada, se decidió seguir andando sobre la lista del PJ y allí la mirada se posó sobre el candidato Nº 17, Rolando Kaehler, quien ni lerdo ni perezoso decidió a solicitar al Tribunal Electoral su diploma como flamante legislador. Se trata de una persona que viene vinculada a la función política desde hace más de 20 años cuando fue electo intendente de Crespo (1987-1991). Luego se desempeñó como Diputado nacional (1993-1997) y secretario de la Producción del citado municipio (2003-2007), trabajando actualmente en calidad de contratado, en la Unidad Ejecutora Ferroviaria que conduce Carlos Molina.
¿Cuáles son los factores que impedirían por el momento cancelar este diferendo que nunca debió haberse producido? En principio y pese a lo que aparenta ser, debe destacarse que el problema de Cristina Salas no es contra alguien en particular sino a favor de lo que considera un derecho propio, esto es, sentarse en una banca basándose en el artículo 17º de la nueva carta provincial (cláusula que, como se ha dicho, sólo podría prosperar a partir de 2011), estando pendiente de definición la malhadada media sanción a un proyecto que, como pretendido gesto de generosidad masculina les garantiza a las mujeres un piso del 25 % de candidaturas que, bien sabemos, terminará siendo techo.
Por ello y a partir de estas consideraciones, es dable suponer –y a esto ya lo dejó entrever el letrado patrocinante de Salas, Oscar Bacigaluppe-, que el asunto seguirá adelante, aunque ahora el apellido Brugna deba suplantarse por Kaehler en la controvertida causa, prolongando el conflicto. Así como el mártir de la paz Martin Luther King, dijo un día “yo tuve un sueño”, no faltan quienes se atreven a soñar que para dar un cierre a estos enfrentamientos –que son decididamente partidarios y de alineamiento hacia dos sectores bien definidos y decididamente en veredas opuestas-, podría surgir un gesto de Rolando Kaehler expresado con su renunciamiento a ocupar la banca.
¿Es esta una aspiración ingenua? ¿Una postura ilusoria? Quizás, pero se fundamenta en elementos que a prima facie no son nada desechables por cierto. Si tanto se proclama la necesidad de la equidad de género, tema en debate en la Legislatura, ¿qué trabas hallarían los hombres de la política en comenzar a abrir ya cauce al acceso de una mujer en los términos que corresponden? Sería una muestra de excelente concordancia con el espíritu y la letra de la nueva Constitución, anticipando una decisión que no está vedada. Piénsese que la inequidad existente en la lista de 2007, reflejó que debería transcurrir un año para que una imposición constitucional les recuerde a los hombres de la política que la mujer debe ser ubicada en su justo lugar y no como relleno.
Si Cristina Salas no figuró más arriba en la nómina, es porque las autoridades partidarias de entonces (el Consejo Provincial estaba presidido por Busti) no la tuvieron en cuenta en un aspecto sustancial: la igualdad real de oportunidades y de trato. Basta con observar las mujeres que ocupan bancas para reafirmar ese criterio (en Diputados apenas 5 sobre 28 y en el Senado ninguno de los 17 escaños) No es menos cierto que quien presidió luego la Convención reformadora fue el propio Busti, no pudiendo ahora contradecir el precepto del artículo 17.
Pero está claro que aunque Kaehler se jugara en una postura personal, caería en desgracia dentro del urribarrismo y se terminaría su carrera política. Todo esto reconoce un origen exclusivo en la interna feroz desatada desde hace ya bastante tiempo y que nadie atina a serenar. Mientras tanto, la cámara baja sigue menguada porque le falta un integrante y ello gravita en los guarismos exigidos para designar o aprobar proyectos en tanto se modifica el resultado de los porcentajes normados. Por ahora, quienes aguardan soluciones racionales y justas, tendrán que seguir participando.
Candidaturas policiales
El mandatario entrerriano lanzó una pequeña bomba al anunciar que está en proyecto un sistema de elecciones para elegir a los jefes departamentales de policía por voto popular. Y va más lejos cuando extiende esta iniciativa a directores de hospitales y supervisores escolares.
Lo que se advierte, al analizar esta idea a prima facie discutible, es que no se conoce una evaluación profunda, con las necesarias consultas a los entendidos, tanto en las cuestiones jurídico-constitucionales como en las específicas del ámbito policial. Ello se desprende de la anticipada oposición del Círculo de Retirados de Policía de Entre Ríos, de opiniones reveladas dentro del Poder Judicial y de la reflexión atribuída al Fiscal de Estado. En general se coincide en la complejidad que ofrece una pretensión semejante y en el riesgo de generar mayor complicaciones en la lucha contra el delito.
Lo extraño de este proyecto –basado en lo que nos muestran las películas donde los habitantes de los condados norteamericanos eligen a su sheriff-, debería al menos analizarse con amplitud, porque la especie se instaló en la sociedad y, lo más sorprendente, en jueces, legisladores y la gran masa de efectivos de la fuerza, a través de un diario del interior provincial.
Pero aún dándosele crédito a la buena fe del gobernador, se ha perdido de vista que la concreción de tales planes chocaría contra la Constitución de la provincia (art. 183º) y normas reglamentarias que de ella derivan, donde queda taxativamente establecido que “la policía de la ciudad y campaña, estará en cada departamento a las órdenes de un jefe de policía nombrado por el Poder Ejecutivo”. El mandatario podría decir que él seguirá firmando los decretos de designación, no interesando qué vía utilice para decidir quiénes serán los futuros funcionarios y es aquí donde comienza el problema.
Valgan estas reflexiones, interrogantes y riesgos:
¿Quiénes estarán habilitados para reunir la condición de elegibles? ¿Cómo y quiénes harán la debida evaluación de sus legajos para que adquieran aquella condición? ¿Cómo evitar que se enrede políticamente y partidice cada elección popular? ¿Cómo eludir los problemas derivados de la elección de oficiales modernos frente a los más antíguos? ¿Qué papel jugaría esa antigüedad, el puntaje otorgado por la Junta de Calificaciones y otros aspectos vinculados con cada legajo –que debería publicarse-donde está plasmada la carrera? ¿Cómo impedir los lobbie corporativos y eventuales enfrentamientos entre los propios vecinos, amén de los roces dentro de la misma fuerza? ¿Cómo evitar los choques entre caudillos políticos y punteros zonales? ¿Se permitirá a los candidatos hacer proselitismo ostensiblemente para convencer y captar la adhesión ciudadana en las urnas? ¿Qué pasaría si los electos no compartiesen determinados criterios profesionales con el Poder Ejecutivo o la cúpula provincial sobre seguridad e hipótesis de conflicto, donde el peor en términos sociales es el delito? ¿Qué tipo de revocatoria de mandato podrá instrumentarse como correctivo de las falencias eventuales o mal desempeño? ¿Bastará con un simple decreto para borrar de un plumazo la voluntad ciudadana? ¿Qué policía se preocupará en ser un buen profesional, si la decisión sobre su ascenso a una jefatura departamental deberá pasar por el tamiz de los vecinos acudiendo al cuarto oscuro? ¿Habrá un mecanismo de impugnación previa?
Con respecto a los cargos en el área de educación y salud, ninguna duda cabe de que la excelencia para dirigir un hospital o una supervisión departamental, solamente se legitima mediante un concurso con todas las garantías, donde los títulos, antecedentes y oposición legitimen cada nombramiento. Podría suponer que estamos ante un simple globo de ensayo, pero cuando el río suena… No se sabe qué se oculta detrás de esta planificación, pero descreemos de que se concrete en tanto de arranque vulneraría la Constitución provincial. Hasta la semana que viene.
