El libertario entrerriano organizó la visita oficial a Astiz y otros genocidas al penal de Ezeiza, en una nueva embestida negacionista de los crímines de lesa humanidad.
Por Alejandro Richardet (*)
especial para ANÁLISIS
Un documento de 2010, mata el relato negacionista de viejos profetas del odio y falsos profetas mesiánicos contemporáneos (1).
"… Es imprescindible que la libertad y nuestros vínculos sean vividos conforme al espíritu y a la letra de la Constitución Nacional como marco que guía acciones y decisiones”. Monseñor Oscar Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Confesiones en la cárcel
El reportaje realizado por el periodista Adolfo Ruiz en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, al ex jefe de la Junta Militar. Jorge Rafael Videla estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, durante las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba, conocida como UP1. Fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados.
Un reportaje en la revista cordobesa El Sur, editada en Río Cuarto por Hernán Vaca Narvaja. Se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso, y al argentino Ceferino Reato, pero recién se divulgó el 22 de julio 2022. Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010, en el locutorio de la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Sólo puso como condición que se difundiera cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce ahí.
Como en otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar con los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le preguntó si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”.
Agregó que con los juicios, él y sus camaradas pagaban el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Sostuvo que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explicó que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta”. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿Dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿Quiénes lo mataron? ¿Por qué? ¿Cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas.
Dos cuestiones claves
Videla dijo que el plan de aniquilamiento fue “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Mintió, por dos motivos: 1º El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 termina con el gobierno democrático, cesando el decreto de neutralizar o aniquilar el accionar de la subversión responsabilidad del entonces Presidente provisional, senador Ítalo A. Luder y su gabinete. 2º Instalada la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, se dictó la Orden Secreta del 17 de diciembre de 1976, modificando la orden de “neutralizar y/o aniquilar el accionar subversivo”, y precisando que la orden era “aniquilar a los delincuentes subversivos”. Esto marca la responsabilidad de la 1ª Junta Militar de los ex militares de Ejército, Marina y Aviación, destituidos y condenados a prisión perpetua en repetidas causas por el delito de Terrorismo de Estado y crímenes de Lesa humanidad. Esto debe quedar claro para los negacionistas del terrorismo de Estado, y de la vigencia constitucional de las sentencias judiciales que prueban los crímenes de Lesa humanidad alcanzados por la lucha de los organismos de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS/AS, y diversos organismos y agrupamientos de víctimas y familiares de detenidos/as desaparecidos/as de todo el país.
Cuando un funcionario público como es el caso de Beltrán Benedit, diputado de La Libertad Avanza (LLA), utiliza en el Estado de Derecho su supuesta inmunidad para restar validez a sentencias judiciales sobre terrorismo de Estado y crímenes de Lesa humanidad (con estado de cosa juzgada) desconociendo, descalificando, agraviando, discriminando e insultando a instituciones, organismos, y personas que defienden a víctimas y familiares, está violentando la Constitución Nacional en su Artículo 75 Inciso 22. En el caso específico de tratarse de legisladores nacionales, son pasibles de los alcances del artículo 188 de reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación por causal de inhabilidad moral. Si a ello sumamos el epígrafe del presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Ojea de este artículo, su juramento como diputado nacional de respetar y hacer cumplir la Constitución Nacional, y su declaración de fe católica, se prestan cada vez más a la vigencia de prácticas grouchomarxistas (2), en este esperpéntico elenco que gobierna (en términos literarios latinoamericanos (3).
La reforma constitucional y los pactos internacionales
La reforma constitucional de 1994 incorporó nuevos valores, noveles principios y un sistema de derechos que se plasman en el Art. 75 Inc.22 dentro de las competencias del Congreso de la Nación: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño. En las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Del mandato constitucional surgen nuevos paradigmas que impregnan todo el sistema de derecho positivo vigente en la Argentina para el análisis, la interpretación y la aplicación del mismo. La manda constitucional sienta como principio general la supralegalidad de los tratados internacionales de toda clase: los tratados prevalecen sobre las leyes.
En conclusión, los tratados tienen mayor valor que las leyes comunes de nuestro Estado Nación pero por debajo de la Constitución, con la excepción, de los tratados internacionales sobre derechos humanos. El Art. 75 Inc. 22 otorga de manera directa jerarquía constitucional a once instrumentos internacionales de derechos humanos que enumera taxativamente.
Artículo 188: Sanciones disciplinarias
En el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión la oportunidad de usar la facultad que le confiere el Artículo 66 de la Constitución.
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(1) La aparición de falsos/as profetas mesiánicos, contemporánea expresión de los históricos profetas del odio, (recordar Don Arturo Jauretche) confundiendo procesos históricos con resentimientos e histerias personales, ponen a prueba la capacidad de resistencia y resiliencia, del Pueblo Argentino. Así como desde el año 2003 al 2015, se logró avanzar en las causas judiciales contra crímenes de Lesa Humanidad, y en la conquista de derechos económicos sociales y culturales, será el tiempo que los cómplices civiles de las dictaduras que vuelven aparecer como Cavallo, Macri, Caputo´s, Sturzenegger y las malas compañías de Villarruel y Milei paguen ante la justicia que deberá ponerse a la altura de las circunstancias, como en Brasil (por eso es líder en la región, en el G20 y en los Brick´s).
Entendemos que así podremos cumplir con la propuesta fundacional de 1983 de Raúl Alfonsín: Con la democracia se come, se educa y se cura (1985); NUNCA Más Al terrorismo de Estado (ratificadas el 24/3/2004 cuando Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por el silencio durante 20 años de democracia de tantas atrocidades y el 15/12/2005 al 3/01/2006 pago de la deuda al FMI). Confiamos que los representantes en la Cámara de Diputados, así lo asuman y actúen en consecuencia (4).
(2) Prácticas grouchomarxistas, acertado análisis de un humorista político, referidas a la frase de Groucho Marx “estos son mis principios sino le gustan, tengo otros”
(3) Esperpéntico elenco que gobierna: Esperpento: Persona, cosa o situación grotesca o estrafalaria Concepción literaria creada por Ramón M.ª del Valle-Inclán hacia 1920, en la que se deforma la realidad acentuando sus rasgos grotescos. Adefesio/ extravagante/ disparatado/ espantajo
(4) En su memorable discurso de toma de posesión en 1983, Raúl Alfonsín se dirigió a los argentinos que acababan de dejar atrás una dictadura: “La democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”.
A 28 años del último golpe de Estado, el Presidente Néstor Kirchner en la creación de un Museo de la Memoria en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de detención ilegal de la dictadura, dijo: "Las cosas hay que llamarlas por su nombre (...) Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades". "Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía. Me guía la justicia y la lucha contra la impunidad. Los que hicieron este hecho tenebroso y macabro como fue la ESMA tienen un solo nombre: son asesinos".
Entre el 15/12/2005 al 3/01/2006, Argentina canceló la deuda que mantenía con el FMI, terminando así con una relación histórica de 50 años con el organismo que no le permitía construir su propio rumbo económico. Doce años después, en el 2018, Mauricio Macri volvería a acudir al Fondo para someter nuevamente al país a las auditorías y revisiones del organismo, sin pasar por la aprobación del Congreso Nacional.
(*) Exdetenido político en la última dictadura cívico militar.
