Por Luciana Lirman (*)

La participación de adolescentes, enunciada en la Convención de los Derechos del Niño, es un principio general para la realización de todos los demás derechos. Debe interpretarse como el derecho de las y los jóvenes a involucrarse en las decisiones y acciones que los afectan colectivamente, a formar sus propias asociaciones, como los Centros de Estudiantes, y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta, por ejemplo, en asuntos como el desarrollo de políticas locales o nacionales o en la asignación de recursos.

La participación protagónica les ofrece oportunidades para adquirir conocimientos, habilidades, confianza en sí mismos y nuevas experiencias. También desempeña un papel social importante al contribuir a la realización de sus derechos y a adquirir un compromiso cívico más amplio.

No obstante, para que las y los adolescentes tengan un papel más activo en las decisiones que les afectan requiere que las personas adultas fomenten espacios de participación y que propicien un diálogo intergeneracional. Esto puede contribuir a la construcción de relaciones más democráticas y facilitar la adquisición gradual de responsabilidad tanto a nivel individual como colectivo. Además, requiere que las autoridades generen las condiciones necesarias que permita a las y los adolescentes expresar sus opiniones y que sean tomadas en cuenta.

¿Cómo se puede trabajar para incentivar la participación? Por ejemplo, asegurar que las y los adolescentes cuenten con información, conozcan y aboguen por su bienestar y por su derecho a participar en los asuntos que les conciernen; e impulsar la conformación de espacios formales de participación, como los Consejos de Adolescentes, para favorecer de manera representativa, sistemática y continua su participación en la toma de decisiones.

Desde la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) de UNICEF se promueve que todas las personas, áreas del municipio, escuelas, centros de salud y hospitales, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, medios de comunicación, universidades, familias y referentes que forman parte de una comunidad asuman la corresponsabilidad de garantizar acciones que protejan a la niñez y la adolescencia. Y que, fundamentalmente, las chicas y los chicos sean protagonistas en sus territorios. En este sentido, se propone que las acciones municipales destinadas a ellas y ellos se basen en su participación significativa, se los empodere para que incidan en las decisiones y se los involucre como agentes de cambio para contribuir a soluciones innovadoras dentro de sus comunidades.

Durante 2024, 37 municipios de nueve provincias fortalecieron la participación de adolescentes y jóvenes en sus territorios. En el marco de las estrategias para fortalecer espacios institucionalizados de participación, se identificaron más de 30 iniciativas en progreso en las que más de 3.500 chicas y chicas se encuentran participando activamente.

Además, sus voces fueron relevadas a través de encuestas y consultas en 17 municipios alcanzando cerca de 2.200 respuestas. Impulsado por UNICEF, más de 5.700 chicas y chicos participaron de una consulta, a través de U-Report, sobre Salud Mental. Estas instancias permiten escuchar sus voces y tener en cuenta sus inquietudes para el diseño e implementación de las políticas públicas que les afectan. Es necesario asumir el compromiso para crear espacios sostenibles en los que cada adolescente pueda ejercer su derecho a expresar sus opiniones y que se les dé la debida importancia. Esto requiere comprender el significado de la participación, adoptar las medidas necesarias para convertirla en una realidad y avanzar en la implementación de las acciones que la harán posible.

La participación activa de las y los jóvenes en la vida política y social es esencial para una realidad más justa y equitativa, y para lograr una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

(*) Infobae