El senador provincial Rubén Dal Molín (Juntos por el Cambio-Federación) se refirió al tratamiento del Presupuesto 2023 que este miércoles ingresó en el Senado pero no tuvo tratamiento y pasó a comisión.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Dal Molín señaló que “el Presupuesto ingresó anoche y si había voluntad de tratarlo sobre tablas, eso no ocurrió y pasó a comisión”. “Entiendo que el martes habrá reunión con algunos funcionarios, cosa que no ocurrió en Presupuestos anteriores atento a que solamente se hacía en Diputados esta ronda de consultas donde los senadores éramos invitados a participar y luego se aprobaba en el Senado”, comentó y consideró que “es lo que corresponde”.

Los senadores somos permanentemente interpelados en nuestros Departamentos por requerimientos y pedidos, como oposición no recibo tanto requerimiento como pueden recibir senadores del oficialismo que por ahí no tienen respuestas. Hay una subejecución en obra pública durante el 2022 que es una reiteración de años anteriores y esos e refleja en el estado de los caminos, obras que no se hacen, un conjunto de anuncios que después no se cumplen y luego los senadores tenemos que poner la cara. Creería que eso ha hecho generar alguna molestia en el bloque oficialista. En el marco de charlas informales uno ve que hay ciertas quejas por falta de cumplimientos en ese sentido”, analizó.   

Consultado por el escaso presupuesto que se dispone en el proyecto para el Ministerio Público Fiscal, el senador admitió que por el momento desconoce los detalles, pero señaló: “Hay una cuestión que es muy interesante analizar, comparando los Presupuestos lo importante es mirar las ejecuciones, porque lo que sucede es que se aprueban presupuestos y luego en las ejecuciones tienen otro resultado. Por ejemplo, el año anterior aprobamos un Presupuesto proyectando una inflación del 33% de 440.000 millones de pesos y vamos a ejecutar este año 570 o 580.000 millones. También dijimos que íbamos a hacer obra pública por 66.000 millones y vamos a hacer obra pública efectivamente por 21.600 millones. En ese marco, al tema del Ministerio Público Fiscal lo vamos a analizar de acuerdo a las ejecuciones”. Refirió al respecto que “del proyecto hemos visto en términos generales”.

De todos modos, sostuvo que “el Presupuesto es más de lo mismo: mantiene 9 de cada 10 pesos en déficit de la Caja de Jubilaciones, una fuerte promesa –más allá de que se ha achicado un poco- en obra pública que luego no se ejecuta; en términos porcentuales si miramos lo que pasará en 2022 respecto a cuánto se gastará para personal, para bienes y servicios y demás, repite lo mismo en el Presupuesto del año que viene, no hay ningún cambio sustantivo y entiendo  que en el último año de gobierno tampoco se va a modificar la orientación del gasto público que ha tenido la administración en estos tiempos. Y ahí surge la preocupación por los atrasos que tenemos, porque este año solamente vamos a invertir entre un 4 y un 4,5% del ingreso total en obra pública lo que significa que nos estamos descapitalizando”.

En ese marco, planteó la preocupación generalizada de los senadores por el estado de las rutas provinciales y comentó que “Vialidad esta desguazadas, sin capacidad de gestión porque se gasta el poco dinero que tiene en personal, la propia Alicia Feltes en Diputados reconoció que hay una subejecución del presupuesto muy grande, hay juicios millonarios por atrasos en los pagos y por redefinición de costos”. “Es todo un problema lo que está ocurriendo en la inversión pública”, resumió.   

En relación con el dinero que la provincia tiene en plazos fijos, opinó que “el año que viene hay que pagar 65 millones de dólares en febrero y 64 millones en agosto que son intereses y capitales de la deuda que empieza a vencer, entrar nuevamente en default, con atrasos y refinanciación, nos ha salido muy caro en muchos otros aspectos. Desde esa perspectiva, la previsión que pueda tener el gobernador me parece bien, pero el gobernador ya sacó 7.000 millones de pesos y autorizó al Banco de Entre Ríos a participar en una licitación de bonos en Nación, que a mi criterio obedece más a una cuestión política que a una necesidad de cartera financiera. Compro bonos de emisión del Tesoro Nacional por 7.000 millones con vencimiento en julio del año que viene, que –en función de cómo está el Estado nacional- nada nos asegura que a esa fecha podamos rescatar ese dinero”.

“De todas maneras, el artículo 20 del actual Presupuesto dice que todos estos fondos no utilizados que están hoy en plazos fijos deberían volcarse a instrumentos financieros para tener el resguardo del pago de la deuda. En ese marco estoy de acuerdo, más allá de que dije y se me malinterpretó que debía tener el control de las Cámaras, no respecto de la legalidad de los fondos sino de dónde se va a poner ese dinero, lo cual es sumamente importante porque estamos jugando con instrumentos financieros que tienen riesgo. No obstante, se interpreta que debe ser incorporado dentro del presupuesto y como tal, la creación de este fondo no me parece mal porque nos dará previsibilidad para el pago de la deuda el año que viene. Más allá de que surja de la subejecución y que lo sintamos los entrerrianos en otras cosas porque ese dinero se ha dejado de invertir en otras cosas”, concluyó.