La supuesta preproducción de un documental sobre el juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona, que comenzó el 11 de marzo pasado en los Tribunales de San Isidro, derivó en una investigación que intenta determinar el vínculo entre una de las juezas que participa del debate y “el proyecto audiovisual”. Menos de 24 horas después de iniciada la causa, ya se cuenta con un testimonio que podría ser clave.

Así lo pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente. La causa, a cargo de las fiscales de San Isidro Carolina Asprella y Cecilia Chaieb, se inició ayer tras una denuncia que hicieron los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del astro mundial del fútbol.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en Criminal N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. Para el juicio se sumó la magistrada Julieta Makintach, del TOC N°2.

En la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, Burlando y Baudry pidieron que se “investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal".

Todo se precipitó en la audiencia de ayer, cuando el abogado Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, una de las siete personas sentadas en el banquillo de los acusados, recusó a la jueza Makintach.

Para fundamentar su planteo, Rivas sostuvo: “Esta defensa, cuando declaró [la psiquiatra]Agustina Cosachov, ante una pregunta de la doctora Makintach,levantó insistentemente la mano. No soy su abogado, pero noté que esa pregunta, por el modo y el contenido, fue inquisitoria, y en ese momento yo empecé a evaluar un pedido de recusación. Lo digo con respeto porque antes no lo había notado, pero sí a partir de ese día. Yo veo que por el modo, los gestos y los contenidos de esa pregunta, está adelantando un veredicto. A eso, sumó que tomé conocimiento de que se está haciendo un documental, por el que fui entrevistado y me dijeron que estaban grabando[las audiencias]. También noté preguntas inquisitivas a Víctor Stinfale [abogado amigo de Maradona que declaró como testigo] .Es un hecho grave que afecta la independencia y la imparcialidad de Makintach".

“Tales afirmaciones resultan de suma gravedad, ya que -de verificarse- implicarían que se han iniciado contactos, acuerdos o avances sobre un contenido audiovisual basado en este juicio, sin intervención ni anuencia alguna de las partes que legítimamente actúan en el expediente”, sostuvieron Burlando y Baudry en la denuncia respecto del supuesto documental.

Y agregaron: "De este modo, se podrían estar gestando actos que, además de comprometer el principio de imparcialidad, reserva, independencia judicial y debido proceso, podrían encuadrar en tipos penales que afecten el correcto ejercicio de la función pública y el curso regular de la justicia".

Después, a pedido de Rivas, se identificó a dos personas, un hombre y una mujer, que se sientan en el sector reservado para el público y los periodistas que cubren el juicio. Dijeron ser escritores y fanáticos de Maradona y negaron ser de la BBC.

La jueza Makintach, tras una consulta de Rivas, explicó que su hermano trabaja en una productora (según su perfil de Linkedin es director general ejecutivo de Pegsa Group, empresa de Agustín Pichot, pero el excapitán de Los Pumas, en diálogo con el sitio web eldiario.ar negó que su productora prepare un documental sobre el juicio), aunque afirmó que él nunca estuvo en la sala de audiencias y que no le preguntó sobre el juicio.

En diálogo con LA NACION, la jueza Makintach sostuvo que “no hay contrato firmado, no hay documental” y que no se dio ninguna autorización para realizar ninguna filmación.

“No hubo privilegios para nadie. Solo se filma lo autorizado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense [los lineamientos de la acusación de la defensa, los alegatos y el veredicto se transmiten en directo]”, dijo la magistrada.

Entonces, Burlando y Baudry dijeron en la denuncia que esas dos personas “podrían directa o indirectamente tener relación con esa maniobra del que destacamos, no tenemos el más absoluto conocimiento. Corresponderá en la investigación respectiva según lo vertido en la audiencia, si la firma Pegsa tiene relación directa o indirecta con ese documental, para lo cual deberán profundizarse múltiples diligencias probatorias”.

Tras la denuncia de Burlando y Baudry, una de las primeras medidas de las fiscales Asprella y Chaieb fue tomarle declaración a una oficial de la policía bonaerense que custodia el ingreso en la sala de audiencias. “Bajo juramento de decir la verdad, dijo, que cuando empezó el debate, las dos personas [a las que nombraron los abogados en la denuncia] explicaron que habían sido autorizados a entrar por la jueza Makintach”, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la causa.

La jueza Makintach reconoció ante LA NACION que es verdad que ella autorizó el ingreso de la pareja, pero explicó que nada tiene que ver con el documental. “Ella es mi amiga desde la primaria. Y él es escritor y maradoniano, como dijo en la audiencia. Todo esto no es causal de nulidad”, afirmó.

Tras conocer el avance de la investigación iniciada tras la denuncia de Burlando y Baudry, una fuente con una vasta experiencia en derecho penal sostuvo: “Si en la investigación se genera prueba que vincule a la jueza Makintach con el documental, seguramente los acusadores la recusen y no veo que a Savarino y Di Tomasso les quede otro camino que hacer lugar a la recusación. En ese caso, se debe declarar la nulidad del debate por falta de integración del tribunal. No podrían traer un nuevo juez para que la reemplace a Makintach, porque no estuvo presente en toda la prueba que se produjo hasta ahora. Y en el eventual nuevo juicio, no podrían intervenir Di Tomaso y Savarino porque ya escucharon testigos y se vería comprometida su imparcialidad”.