Por Néstor Banega

De ANÁLISIS

Un punto de partida necesario, para evitar interpretaciones equivocadas: si se cometieron irregularidades en la administración del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) todos estarán (estamos) de acuerdo en que se deben deslindar las responsabilidades sobre cualquier tropelía dañina, en el ámbito estatal y privado, para conocer a los responsables y permitir que la justicia pueda actuar en consecuencia, aplicando con claridad la ley. 

Si cobraron sueldos de manera indebida, habrá que reclamar que devuelvan al instituto cada peso para ser invertidos en la salud de los afiliados. Si hubo pago de sobreprecios, que se sancione a los participantes de la vil maniobra. A todos con ejemplaridad.  

Vale remarcar cada uno de estos puntos porque la discusión en torno a un proyecto de ley, que intenta crear una nueva obra social, se va acercando peligrosamente al terreno de la pellejería, quitando claridad a un debate que más temprano que tarde había que dar. Un debate, no una imposición. 

Sistema de salud en crisis

La crisis por la que atraviesa el sistema de salud debe ser entendida y atendida. Excede a la obra social entrerriana, por lo que es obligación buscar soluciones de fondo donde todos los actores deben sincerar sus objetivos. 

Al tratarse de una cuestión tan sensible, toda postura parece moverse en los extremos, con la rareza -cada vez más frecuente- que las partes dicen buscar lo mismo, lo que debería ser alentador.  

La importancia del tema, su alcance, requiere el concurso de espíritus templados. De no ser así, todo se torna peligroso, sobre todo, para quienes padecen alguna enfermedad y deben recurrir al auxilio de la obra social. 

Es que mientras se busca superar situaciones negativas no se puede interrumpir un tratamiento o quitar derechos a los beneficiarios. En Entre Ríos, la salud es reconocida como un derecho humano fundamental. 

La Constitución provincial agrega que la asistencia sanitaria será gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna. 

A todo esto, suma que el medicamento es un bien social básico. Detalles a tener en cuenta en un intercambio profundo que apunte a mejorar la calidad de vida de los entrerrianos. Si se introducen cambios que sea para ir hacia adelante, no para retroceder. 

El IOSPER una eterna discusión

No es novedosa la tensión alrededor de la obra social. Se renueva una y otra vez. No debe olvidarse, por mencionar algunos casos para dimensionar, que alguna vez hasta integrantes del Superior Tribunal de Justicia apuntaron a salirse de la obligación de aportar. Unos que quieren entrar, otros que quieren salir. 

Fue en el Acuerdo General 16 del 9 de junio del año 2015 cuando quedó asentado que el decreto Ley 5326, ratificado por Ley 5480, declara obligatoriamente comprendidos en el régimen –entre otros- a funcionarios, magistrados, empleados y agentes de cualquiera de los Poderes del Estado, en un régimen de prestaciones asistenciales denominado de “solidaridad”.

Pero, así como algunos quieren salir, otros buscan entrar. Hace no tanto fueron incorporados para recibir los beneficios del IOSPER 33 ex combatientes de Malvinas.  No solo para esos héroes, también sus esposas e hijos menores de edad. 

Encontronazos con prestadores, discusión de aranceles y hasta intercambios subidos de tono con instituciones relevantes como el Colegio de la Abogacía, porque en más de una ocasión los reclamos referidos a la salud, se discuten en los tribunales y hasta terminan en la Corte Suprema. 

Desde hace muchos años la obra social de los estatales entrerrianos es objeto de miradas, ambiciones, críticas o frustraciones. 

Quizá la pandemia, con su singularidad, desnudó -como en otros organismos- falencias y llevó al extremo las posturas sobre el cómo se debe administrar. 

Es una discusión que está abierta y teniendo en cuenta que todos coinciden en diagnósticos, necesidades y objetivos, resulta interesante proponer mesura, que, a la luz de algunas expresiones, parece ausente. 

No saldrá nada interesante si se trata de una discusión que se da a los empujones. Mal o bien el IOSPER tiene 52 años de existencia (Decreto ley 5326 de mayo de 1973, ratificado por ley 5480). 

Le cabe un papel importante en la prestación de los servicios de salud en Entre ríos. Pero no es el único. 

Encontrar la mejor salida es imperioso. No contar con la herramienta, en tiempos de ajustes más o menos evidentes, es un problema para el futuro mediato de quienes transitan el camino de la prevención y la búsqueda del diagnóstico temprano para evitar males futuros. 

Responder con prevención es una acción sabia porque evita mayores gastos al porvenir. 

En tono de propuesta

Con discusiones a todo fruncir se tironea alrededor de la idea de crear una nueva obra social que se llamaría OSER. Tal vez, en parte, porque no debe ser fácil sustituir un organismo que superó el medio siglo. 

Son muchas las voces que se pronuncian alrededor del tema y no es para menos. Se trata de encontrar un mecanismo que le asegure servicios y acceso igualitario a la salud a casi trescientos mil entrerrianos. 

Tomando nota de las extensas e intensas declaraciones de los interesados y actores del sistema, puede resultar interesante hacer algunas propuestas, porque el nuevo organismo que reemplazaría al IOSPER pone en responsabilidad del presidente del directorio la posibilidad de acordar o denegar a los afiliados beneficios, los que serán establecidos una vez sancionado el proyecto que ponga fin a la ley 5480.

Esos beneficios no deberían ser bajo ningún punto de vista menos que los que está obligado hasta hoy el IOSPER. Es más, teniendo en cuenta los avances científicos y tecnológicos debería asegurarse que la actualidad sea un piso para incorporar mejoras de manera sostenida. 

Asegurar que los aportes de los afiliados y de la patronal no puedan ser usados para un fin distinto a los objetivos del Instituto. Esto daría tranquilidad a los beneficiarios. 

Es interesante el objetivo de transparencia activa. Transitamos un tiempo en el que la digitalización y circulación de datos podría mostrar en tiempo real la actuación de la obra social. 

Un régimen de incompatibilidades para quienes conduzcan la obra social ayudaría también. Trabajar para determinar el modo que puedan aparecer conflictos de interés, para desterrar con eso cualquier posibilidad de un mal destino de los fondos de la obra social. 

Seguramente servirá el resultado del conjunto de denuncias generadas por la intervención.  De ahí surgirá claramente como mejorar el sistema de controles internos para erradicar abusos. 

Pensar la salud como un todo. Incluir como variables de análisis el conjunto de amparos para incluir la atención de patologías. Muchos pacientes debieron recurrir al auxilio de la justicia para tener mejor calidad de vida. 

Analizar cómo mejorar la complementación con instituciones que fueron creadas con el aporte del IOSPER, como el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos (CEMENER). 

Todo esto podría agregar un diagnóstico de la situación de todo el sistema hospitalario entrerriano, de los centros de atención primaria de la salud distribuidos en todo el territorio.  

Optimizar todo lo existente sin perder de vista que la Constitución indica que será prioritaria la inversión en salud, garantizando el primer nivel de atención, así como la formación y capacitación.  No se debe descartar la aparición de leyes complementarias.

Vale precisar que cuando se menciona el sistema hospitalario, se debe incluir al Hospital de la Baxada Teresa Ratto y lo que acontece con el Hospital de Gualeguaychú, que quiere ser concluido por la actual administración provincial.

La mirada, teniendo en cuenta las tensiones de coyuntura, debe ser integral, para generar círculos virtuosos, algo en lo que todos los participantes de la discusión generada van a coincidir. 

Responsables, hacerse cargo

Repitamos. Vale la pena. Si hubo irregularidades de los circunstanciales administradores del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), que se haga justicia y sobre ellos caiga todo el peso de la ley. 

Lo indebido que haya sido comprobado, debe ser publicado. Punto por punto. Los afiliados al IOSPER no son los responsables de la situación. Desde hace mucho son víctimas.  

Si se crea un nuevo organismo para reemplazar lo que tiene arraigo en la provincia desde hace 52 años, debería ser para ampliar cobertura y prestaciones optimizando el uso de los recursos que son de y para la Obra Social.