Invocando el Acuerdo de Escazú para el acceso a información pública ambiental, la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de la Argentina (AAAA) solicitó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que dé cuenta sobre dos proyectos polémicos. Uno es la idea de llevar a cabo un dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos. El otro es la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde en el ejido de la Municipalidad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, por el cual piden que entregue “la totalidad de la documentación existente”, se indicó en la nota. Ambas iniciativas se encuentran bajo la jurisdicción del ente binacional y, por lo tanto, el control de las obras que se ejecutan en la misma. En los dos casos se desconoce si hubo o no presentación de estudios de impacto ambiental.

En sendas notas elevadas este 9 de septiembre, la organización de abogados ambientalistas argentinos presentó una solicitud de acceso a la información pública. Lo realizó en el marco del Acuerdo de Escazú, y por el cual la Argentina tiene un compromiso de respetar los derechos humanos en materia ambiental.

En la primera carta dirigida al presidente de la delegación por el Uruguay, Mario Daniel Ayala Barriosm y su par de la Argentina, Roberto A. Salafia, se solicita la entrega de “copias certificadas” de “la totalidad de la documentación existente” en la CARU “en razón del proyecto de dragado a 34 pies en los tramos Puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos. De igual manera si existen en dicha proyección o menor, pero también de mayores profundidades en el canal de navegación, a las profundidades existentes hasta el presente, en el Tramo Fray Bentos, Paysandú-Colón”, se precisa en la misiva conocida por ERA Verde.

La AAAA solicita especialmente “los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la o las empresas impulsoras de la iniciativa, de así corresponder, o de los desarrollados por los equipos técnicos de la Comisión”. Asimismo, que se aclare “sí los mismos fueron evaluados y aprobados por las máximas autoridades ambientales de la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, como por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, en razón de ser la titular de sus bienes naturales conforme Constitución de la Nación Argentina y la provincia de Entre Ríos”. En caso que no cuenten con esta documental, los abogados ambientalistas demandan saber “en qué etapa de desarrollo administrativo institucional” se encuentra el mentado proyecto, así como “el escenario completo de los procesos de autorizaciones, audiencias públicas, etc, conforme la legislación vigente”.

Entre otros datos relevantes, también se expresa conocer “especial y delicadamente” se “informe si está previsto la realización de derrocamientos en pasos críticos, y consecuentemente, se acompañen los estudios técnicos correspondientes”.

H2V

En cuanto al proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde, tal como se conoce a las industrias para generar este gas combustible a través de energías renovables bajas en emisiones, la Asociación de Abogados Ambientalistas solicitan se “haga entrega de copias certificadas” por la CARU de “la totalidad de la documentación existente”. Tal como se conoce, la factoría se prevé afincar en el ejido de la Municipalidad de Paysandú y, por lo tanto, se requiere conocer su alcance en el su “radio de incidencia”, según se desprende de la nota.

Sobre esta instalación, especialmente se solicitó “los estudios de impacto ambiental presentados por la o las empresas impulsoras de la iniciativa expuesta; se nos informe si los mismos fueron aprobados por la República Oriental del Uruguay, o en su caso, en qué etapa de desarrollo administrativo institucional se encuentran los mismos, como el escenario completo de los procesos de autorizaciones, audiencias públicas, etc, conforme la legislación del país hermano”. También “toda otra información sobre la materia que vuestra autoridad considere relevante”.