De ANÁLISIS
El secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en Entre Ríos, José Allende, encontró en el gobierno de Rogelio Frigerio la posibilidad de reinventarse y que pasen al olvido las graves acusaciones en su contra, que van desde delitos de corrupción hasta violencia de género. No conforme con la eventual paralización de las causas, el sindicalista y ex presidente de la Cámara de Diputados en tiempos del ex gobernador Sergio Urribarri apunta a reconstruir su poderío con maniobras audaces. El Ministerio de Salud, los trabajadores legislativos, el Partido Justicialista y el Iosper son algunos de los objetivos a los que apunta.
“En estos meses de gestión de Frigerio, Allende aprovechó cierto desconocimiento de la historia entrerriana reciente que hay en el funcionariado y se recicló”, contó a ANÁLISIS un viejo gremialista estatal que lo conoce de toda la vida.
Al inicio de la actual gestión, Allende logró que Frigerio visitara la sede de UPCN. En algunos sectores, el gesto político fue leído como un gran espaldarazo a la figura del gremialista. En otros, sonó a un intento de construir poder en colisión con banderas de campaña y de gestión del partido de gobierno, como la anticorrupción y la ficha limpia.
Sucede que el secretario general de la UPCN acumula causa penales en su contra por su accionar en los últimos 20 años:
-En 2012, por una denuncia periodística de ANÁLISIS, se inició en su contra una causa por enriquecimiento ilícito. Para conseguir un abreviado, Allende confesó su culpabilidad, reconoció haberse enriquecido con dineros públicos y admitió que utilizó a sus familiares para cumplir su cometido. El trámite fue rechazado y sigue su curso en la justicia de Transición.
-El gremialista también tiene una causa por el otorgamiento irregular de cientos de subsidios de la Cámara de Diputados a una fundación que presidía su esposa.
-Allende fue denunciado por amenazas por el periodista Martín Carboni y, pese a que contrató como abogado a Maximiliano Rusconi, defensor del exministro Julio De Vido, resultó condenado a dos años de prisión condicional.
-Fue denunciado por violencia de género por parte de la ex ministra de Salud, Sonia Velázquez, no logró hacer un juicio abreviado y se encuentra en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como sucesor del ministro de Salud Guillermo Grieve, cuya salida podría producirse en un recambio de funcionarios promediando fin de año, Allende logró instalar al médico Ariel De la Rosa como candidato firme. De la Rosa es de UPCN, ya ocupó el cargo de ministro y renunció en 2017 tras el escándalo en el Hospital de Salud Mental de Diamante.
En el PJ consiguió posicionar como vicepresidenta a su segunda en el gremio, Carina Domínguez, que fue elegida en la renovación de autoridades que ubicó en la presidencia del partido al exvicegobernador José Cáceres.
En la Legislatura, Allende comenzó a motorizar un gremio paralelo a la Asociación de Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), que conduce el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Fuad Sosa. Reunió en varias oportunidades a trabajadores legislativos y para persuadirlos de alejarse de Apler y de que ellos no deben estar atados a la paritaria de estatales, sino que deben negociar sus propios sueldos, del mismo modo que hacen los empleados del Poder Judicial.
Con el Iosper como objetivo
Ahora Allende va por el Iosper, o al menos es lo que viene dejando trascender en distintos ámbitos: que el gobierno está trabajando en un plan para intervenir la obra social y que se la entregaría a UPCN.
Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de los gremios docentes y de los representantes de los jubilados consultados por este medio ven con preocupación la posibilidad.
“El Iosper tendrá sus problemas como cualquier sistema solidario en estos tiempos, pero no figura en nuestros planteos porque la realidad es que funciona y que los estatales tenemos allí una seguridad”, comentó a este medio un secretario general de una delegación de ATE del interior provincial. “Que se lo entreguen a a UPCN sería una medida que seguramente ATE va a combatir”, acotó.
En la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) la percepción es similar. También en off the record, un dirigente de la costa del Uruguay comentó ante la consulta: “El Iosper no es el país de las maravillas, pero nunca nos deja tirados a los laburantes. Esa es la realidad. Tendríamos que consultarlo con las bases, pero me animo a decir que una intervención para que quede al frente UPCN no va a ser bien vista para nada”.
Entre las organizaciones que representan a los pasivos, tampoco habría respaldo. “Una intervención de la obra social es algo muy serio que habría que analizar detenidamente. Y que pongan un porteño o un gremialista corrupto al frente va a tener nuestro rechazo asegurado”, expresó una dirigente.
En el gobierno, en reserva, se despegan de Allende, pero no niegan ni afirman las versiones respecto de posibles cambios en la administración del Iosper. “El peronismo delegó históricamente la gestión en los gremios y a nosotros nos votaron para hacer las cosas distintas”, razonó un alto funcionario consultado por ANÁLISIS.
La conducción del Iosper, a cargo de Fernando Cañete, viene batallando en varios frentes. Entre otros, los aumentos siderales de los precios de los medicamentos y la proliferación de amparos por pedidos desmedidos de algunos profesionales, que encuentran eco en diversos jueces y desfinancian la obra social. Este aspecto se agravó sustancialmente con el incremento desmedido de los honorarios de los abogados aprobado meses atrás por la Legislatura sin atender las advertencias de Iosper al respecto.
A la vez, viene soportando reclamos sostenidos de cuidadores domiciliarios, que es un sector históricamente referenciado con UPCN. “A los cuidadores Allende les sacó la ley y les dio credencial cuando De la Rosa estaba en el ministerio y desde entonces la mayoría le responden”, aseguran en la cartera sanitaria.
También, aseguran, está la mano de Allende detrás de otros conflictos que aborda la obra social, como el de los acompañantes terapéuticos y anestesistas. “Son las prácticas de siempre de Allende, en este caso para desgastar a la conducción del Iosper”, apuntan.
Mientras tanto, Allende va regulando el apoyo de su gremio atento a las necesidades de la coyuntura. Con un gobierno que no puede resolver el duro conflicto con los sindicatos docentes y que pretende lograr la reforma previsional que es combatida por un espacio sindical multisectorial, el apoyo de UPCN cotiza alto.
Así, Allende puede estar un día haciendo declaraciones en la prensa en favor de la reforma previsional y al siguiente reclamando con un megáfono en la puerta de la Caja de Jubilaciones. Porque si algo sabe es administrar el poder que le queda y que busca expandir.
