Papetti estaba realizando el servicio militar en el Regimiento de Concordia y el 16 de marzo de 1977 fue apartado de la formación, torturado en la unidad militar y luego trasladado a Paraná, donde habría fallecido durante una sesión de tormentos en la Unidad Familiar de la Unidad Penal Número 1. Appelhans era el director de la cárcel en ese momento y está acusado por los delitos de privación ilegítima de libertad agravada, aplicación de tormentos y homicidio, aunque en su declaración ante el juez ad hoc aseguró que no tuvo “nada que ver” con el hecho que se le imputa.
Luego de prestar declaración indagatoria, el represor quedó procesado con prisión preventiva -así lo establece el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888, vigente al momento en que se cometieron los hechos-. De igual manera, hace tres semanas había sido detenido Gonzalo López Belsué, el militar que ejecutó la detención de Papetti en 1977; y para la semana próxima está citado a declarar Naldo Miguel Dasso, que era jefe del Regimiento de Concordia en ese momento.
El 11 de septiembre, a poco de la detención de Gonzalo López Belsué y días antes de las declaraciones de Appelhans y Dasso, apareció lo que a todas luces se ve como una chicana: Jorge Humberto Appiani, imputado en la megacausa Área Paraná, recusó al juez Seró por “animosidad manifiesta”.
La investigación por la desaparición de Papetti se reabrió en 2004, tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, pero quedó en el medio de una disputa de competencia hasta que finalmente se resolvió que debía instruirse en el Juzgado Federal de Paraná, ya que el soldado fue visto por última vez en la unidad familiar, un ámbito de tortura de detenidos políticos que funcionaba en la cárcel de la capital provincial. Resuelta esa cuestión, quedó como residual del expediente principal de Área Paraná.
Appiani era un oficial del Ejército y auditor de los consejos de guerra que se realizaron en 1976 y 1977. A la vez es abogado y hasta su detención, en el año 2009, era uno de los principales estrategas del esquema de defensa de los militares imputados por crímenes de lesa humanidad. En el expediente principal, que se encuentra en etapa de juicio escrito, está acusado como partícipe necesario de privaciones ilegales de libertad y severidades, vejaciones y apremios ilegales contra 8 víctimas; y como autor mediato de privaciones ilegales de libertad y tormentos en 27 casos.
En su estrategia, Appiani pretende frenar el avance de la investigación por la desaparición de Papetti porque si las actuaciones en la causa principal se dilatan, como está ocurriendo, podría agregarse al juicio escrito que ya está en marcha, consignó El Diario.
Así las cosas, la recusación de Seró motivó la inmediata suspensión de las indagatorias, el apartamiento del magistrado -con la obvia paralización del expediente- y la instrumentación del sistema de reemplazos a través de la lista de conjueces y la causa recayó en manos de Roberto Aníbal Lerena, un abogado de la matrícula que inmediatamente aceptó el cargo y dio continuidad a la investigación.
José Anselmo Appelhans se encuentra detenido aunque bajo arresto domiciliario en su casa de calle Perón 340 de Paraná. Es uno de los imputados en la megacausa Área Paraná, donde los fiscales Mario Silva y José Candioti lo acusaron como coautor y partícipe necesario de los delitos de privaciones ilegítimas de de libertad, severidades, vejaciones, apremios ilegales y tormentos en perjuicio de 18 víctimas.
Pocos días después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue designado como director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos; también fue jefe de la cárcel entre el 14 julio de 1976 y el 24 de diciembre de 1977; e interventor de Diamante a partir del 11 de octubre de 1979.
En 2005 los organismos de derechos humanos realizaron un escrache en la casa del represor, que todavía estaba en libertad -fue detenido en 2009-. Al día siguiente de la protesta, Appelhans declaró en televisión que “no tenía responsabilidad” y que “no tenía nada que ver en lo que pasaba en la unidad penal”.
Sin embargo, durante su gestión en la cárcel funcionaron dos centros de tortura, que los detenidos políticos identifican como la Unidad Familiar y la Casa del Director.
