Por D. E.

La justicia entrerriana archivará hoy la causa por el alevoso crimen contra el ex vicepresidente primero del Colegio de Abogados de Paraná, Lucio Antonio Dato, al cumplirse 12 años del hecho. De esta manera, el expediente que llevaba adelante el juez de Instrucción Héctor Eduardo Toloy, también pasó al archivo, según se confirmó a ANALISIS DIGITAL. El magistrado nunca siquiera llegó a imputar a persona alguna, pese a los elementos con los que contaba. La realidad indica que el sonado caso, que conmoviera a la provincia y a buena parte del país, quedó en la impunidad.

El día que muchos se enteraron de la muerte del abogado Lucio Antonio Dato hubo un proceso de negación inicial. Amigos, colegas y hasta funcionarios judiciales no podían creer, en la mañana del 7 de octubre de 1993, que Dato no hubiera podido fallecer a raíz de algún desenlace normal, de carácter físico. La noche anterior, la última persona con que se lo vio partir del Plaza Bar -poco antes de la medianoche, según consta en el expediente- fue el doctor Mario Pianello. Al día siguiente, Pianello murió en un accidente automovilístico que generó dudas.

Desde un primer momento, la gran mayoría de los que acudieron al estudio jurídico de calle Santa Fe pudieron saber que la muerte del vicepresidente de la Seccional Paraná del Colegio de Abogados se debía a un factor externo. El problema fue que lo prejuzgaron. En consecuencia, hubo elementos que se movieron del lugar, se limpiaron zonas del estudio y ello conspiró contra la investigación inicial del crimen. Cuando llegó el personal policial de la División Criminalística ya había más de ocho personas en la zona en que se produjo el hecho. Entre ellos el juez Héctor Toloy que, evidentemente, no pudo ni quiso disponer medidas con la suficiente firmeza. Los policías eran varios, entre ellos un agente que al año siguiente apareció muerto y su caso se caratuló como “suicidio”.

Por esas casualidades, no estaba en la escena del crimen lo que produjo la muerte del abogado por empalamiento anal y existía una particular intención por limpiar, lo antes posible, el lugar, a lo que el magistrado tuvo que acceder. Recién en horas de la noche se encontró con el elemento del crimen. La negación, entre propios y extraños, fue de tal magnitud, que en el velatorio hubo gente muy cercana a Dato a la que se le contaron los verdaderos motivos de la muerte y otra a la que se le dijo que había fallecido por un paro cardíaco. La edición de El Diario, por ejemplo, en su edición del 8 de octubre, reflejó únicamente avisos necrológicos en una de sus páginas. La primera versión del crimen fue publicada el jueves 14: una semana después.

El voluminoso expediente muestra claramente que hubo demasiados errores en la investigación. En ello mucho tuvo que ver la imprevista aparición en escena del comisario retirado Mario Ricardo Marín, que en esos días de 1993 era dueño de una agencia de vigilancia en Concordia y que en Paraná estaba representada por el oficial Víctor Leal. Marín había sido contratado por el abogado paranaense Carlos Honorio Saccani, amigo de Dato, a raíz de una serie de anónimos que circularon por la ciudad y fueron incorporados al expediente. Saccani consideró que existía una maniobra macabra de una persona no determinada, para relacionarlo con el hecho y ello lo dejó asentado al declarar ante el juez el 25 de noviembre de 1993, a fojas 225.

-¿Quiere agregar algo más? -le preguntó el magistrado.
-Sí. Que a la congoja producida por la muerte de un amigo, la situación se ha visto agravada por un anónimo infamante que fue distribuido estratégicamente con el solo objeto de causar daño moral y material al suscripto, a su cónyuge y su grupo familiar, el cual ha sido publicado por El Diario, sin mencionar mi nombre. Quiero dejar aclarado que quien ha efectuado el anónimo, aparte del daño personal presumo que tiene como objetivo desvirtuar la investigación y además es de importancia analizar y determinar quién es su autor o autores por cuanto podría ser un importante aporte a esta causa -contestó Saccani.

Las familias de Dato y Saccani habían formalizado una fuerte amistad. A partir de 1991 eran frecuentes las reuniones familiares en uno u otro domicilio. Incluso estaban llevando juntos juicios administrativos y laborales. Además, a propuesta de Saccani, Dato había concurrido a varias reuniones al estudio del doctor Héctor Krochik, cuando el grupo liderado por el empresario y el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión Oscar Mori tenían intenciones de lograr la adjudicación de las obras de la nueva terminal de ómnibus, por lo cual habían adquirido, en seis millones de dólares, el predio del Tiro Federal Argentino. La operación se terminó de concretar el 20 de octubre de 1993, según constaba en la matrícula número 161592, plano de mensura número 131596, pero el grupo Emprendimientos perdió la licitación. Dato había sido contratado para la presentación de algunos recursos administrativos, a fin de lograr la concesión, pero ello nunca se concretó.

Un mes antes, exactamente el jueves 24 de septiembre, hubo un episodio de violencia que no tuvo mayor trascendencia en los medios periodísticos. Antonio Ariza, director de Transporte de la Municipalidad, sufrió un atentado en su domicilio, ubicado en el barrio Lomas del Mirador I. Alrededor de las 2 de la madrugada, personas desconocidas derramaron combustible y prendieron fuego a la puerta de la vivienda, provocando daños en la construcción y en la abertura. Ariza, hombre de confianza del entonces intendente Julio Solanas (PJ), era una de las personas que asesoraba sobre el tema de la nueva terminal de ómnibus, en la faz política.

Lo sorprendente fue que el martes 5 de octubre, Dato regresó preocupado del estudio de Saccani, luego de participar de una reunión sobre tal emprendimiento, desarrollada en horas de la tarde. “Me amenazaron estos hijos de puta”, le reveló a su amigo Héctor Oscar Viviani, quien lo estaba esperando en la esquina de Santa Fe y Cervantes para que le hiciera un contrato de alquiler. “Lucio llegó muy enojado; incluso se peleó en la vereda con su hermana”, declaró ante el juez Viviani. Pero Dato nunca le reveló quién lo había amenazado, ni por qué.

Según el testimonio de la ex esposa de Dato, Mónica del Prado, Saccani había entrado en un pozo depresivo con posterioridad a la muerte de su amigo. Eso fue comprobado por la propia mujer cuando un día fue a visitarlo a su casa de calle Perú y se encontraba que estaba acostado en la cama como consecuencia del impacto producido por el fallecimiento del abogado. Pero, paradójicamente, el 25 de octubre Saccani vivió un episodio que desorientó a la familia Dato. Según consta en la causa número 17071, iniciada el día mencionado y caratulada como “Amenazas” por la jueza de Instrucción, Susana Medina de Rizzo, en los pasillos de Tribunales se produjo un altercado entre Saccani y un ex dirigente del gremio de la construcción, Francisco Franco. Saccani no tuvo mejor ocurrencia que gritarle, delante de testigos, que si lo seguía molestando le iba a pasar “lo mismo que a Dato”. Sin embargo, la jueza nunca se expidió sobre el caso.

A los pocos días de tal episodio fue cuando Marín se instaló momentáneamente en la capital entrerriana (vivía en Concordia en esa época, en calle Loyola 1.813) y se preocupó por difundir a los medios periodísticos su hipótesis, en cuanto a que Dato no había fallecido producto de un crimen, sino como consecuencia de una situación anómala, de carácter privado. Antes que Marín se ocupara en profundidad del caso, un abogado de Paraná acudió al estudio Federik y habló con algunos de sus integrantes. Fue en representación de Marín, para ofrecerle sus servicios e investigar el hecho. A cambio exigía un pago y dio a entender que se estaba frente a un “homicidio doloso, de muy difícil resolución, en el que había gente importante involucrada”, lo que llamó la atención, puesto que luego, Marín lanzó una hipótesis contraria, apuntando a lo “culposo”.

Marín no solamente cumplió con su cometido de confundir a propios y extraños: también le solicitó una audiencia al gobernador Mario Moine (PJ), se entrevistó con él y terminó por convencerlo de su teoría. A tal punto que Moine, cuando fue consultado por los medios, trasladó hacia la opinión pública lo que le había revelado Marín y lo dicho por algunos miembros de la cúpula policial de entonces -liderada por Humberto Kuttel-, sobre los que Marín tenía cierta incidencia. El clima reinante, sin dudas, acobardó al juez, quien a lo largo de su historial como magistrado nunca se destacó, precisamente, por su firmeza en avanzar contra viento y marea en las investigaciones.

Lo que surge del expediente

Lucio Dato tenía algunas predilecciones. Una de ellas era el juego. Jugaba a las carreras de caballos en el subsuelo del Club Social, en el Club Progreso y en el hipódromo. Al momento de producirse su muerte tenía deudas -superiores a los 10.000 o 15.000 dólares en cada lugar- con los bancos Bica, ex Cooperativo del Este, Aciso, Hipotecario y ex Municipal, a lo que había que sumarle los gastos que debía por el uso de la tarjeta Diners. Pero, además, tenía deudas con particulares; entre ellos, amigos y parientes.

Al parecer no eran los únicos con los a quienes les debía. Según lo investigado por una comisión policial, durante 1991 Dato tuvo a su cargo los trámites judiciales, en un concurso de acreedores, relacionados con la quiebra de una firma comercial que funcionaba en calle Gualeguaychú. Los dueños del lugar tenían que cambiar unos cheques y Dato no tuvo mejor idea que llevarlos hasta el domicilio de Almafuerte 1.130: allí vivía el conocido prestamista Humberto Tórtul, quien se hiciera famoso en la faz judicial y pública por aparecer mencionado en la investigación del crimen del escribano Rubén Calero, sucedido en junio de 1991. Allí se realizó una transacción por la cual se cambiaron varios cheques contra el Banco Municipal de Paraná, sucursal peatonal, por la suma de 20.000 dólares en efectivo, que les habría entregado el prestamista. Hay quienes sostienen que los cheques nunca pudieron ser percibidos por Tórtul y éste le exigió a Dato una solución.

Más allá del episodio en particular, lo que nunca se investigó fue desde cuándo existía una virtual relación entre Tórtul y Dato, sobre lo cual, en un momento, la señora Gladys Taffarel -hermana de una persona de Maciá a la que personal policial acribilló en una época cercana-, le advirtió, vía telefónica, a Mariana Dato, hermana del malogrado abogado. La señora Taffarel fue una de las personas que más investigó las inversiones de Tórtul en esa zona de la provincia y las relaciones con abogados y otros profesionales de Paraná. La relación de Tórtul y el condenado a prisión perpetua por el caso Calero, Eduardo Emilio Gitano Romero, quedó demostrada en los dos juicios orales que se realizaron.

A ello hay que agregarle otro episodio: la comisión policial pudo determinar que uno de los hombres de la conducción de la Seccional Entre Ríos de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) le entregó a Dato, en meses previos a su muerte, las actas del gremio, surgidas durante el controvertido mandato de Romero, donde surgían graves irregularidades y se involucraba a numerosas personas y profesionales. Incluso, Dato, en una de las tantas reuniones de las que participó en Asociación Trabajadores del Estado (ATE), había revelado que al adoptar esa decisión se había metido “en problemas”. Uno de esos libros de actas fue mostrado públicamente por el ex oficial Carlos Balla -también condenado a perpetua por el caso Calero-, al momento del juicio oral, a principios de 1996. En meses previos, en Paraná, se produjo una ola de asaltos a escribanías céntricas, donde se robaban elementos de valor, pero también había una conducta reiterada de los autores, que eran presidiarios del penal local en ese momento, algunos muy cercanos a Romero: revisaban con insistencia los papeles del lugar.

“Me la dio Romero”, dijo Balla, al ser consultado sobre cómo había logrado el libro de actas. Entre los investigadores quedaron dudas sobre si el libro lo entregó en verdad Romero o si lo había conseguido el abogado defensor de Balla, el doctor Julio Rodríguez Signes, a su vez actor civil de la familia Dato, luego de producida la renuncia de Juan Antonio Tardelli.

Previo a su muerte, Dato había entablado una relación amistosa con una mujer allegada a Luis Chiro Lenzi, quien fuera ladero de Romero durante la gestión en ATSA; la mujer allegada, era empleada del bloque de senadores del radicalismo desde 1984. Ella fue quien le presentó a Dato a la joven Liliana Monzón, dedicada a la prostitución, quien también se hizo amiga del abogado. Ambas mujeres fueron observadas en el estudio de Dato en reiteradas oportunidades, en semanas previas al crimen. La mujer allegada a Lenzi le reveló a Rodríguez Signes que la joven Monzón había sido tentada por una persona -en los días previos al crimen- para que lo llevara a Dato a un determinado lugar. Monzón se entrevistó en su casa con el abogado, pero no le dijo que sí ni que no. Rodríguez Signes concurrió acompañado por Lenzi un viernes 6 de enero. “Vos sabes que si yo hablo me matan”, respondió la chica Monzón. No obstante, el abogado consideró públicamente en el programa A primera hora noticias (FM Ciudad), el 12 de julio de 1995, que la joven había sido el anzuelo para llevar a Dato a un lugar determinado.

“Hay elementos para imputar a una mujer, que está identificada”, dijo el abogado, aunque obvió nombrarla. Monzón, al declarar el 2 de junio (foja 973) confirmó que había sido tentada por otra persona, pero para llevar a un lugar equis a un ingeniero paranaense, aunque no accedió. Negó que se le haya solicitado por Dato. Tanto Toloy como la fiscal subrogante Pilar Mestres creyeron en su testimonio. Además, las pericias que se habían realizado con los pelos extraídos a la mujer y los encontrados en el estudio jurídico, no tenían coincidencia alguna. La chica Monzón -desde mediados de 1995- no vive más en Paraná. Se mudó a Río Grande, Tierra del Fuego, donde decidió rehacer su vida.

Entre los peritos forenses de Tribunales hubo algunas discrepancias en cuanto a si hubo o no violencia contra Dato, antes y después de su muerte. El jefe del equipo, doctor Horacio Zaidemberg, fue el que más insistió en su teoría, en cuanto a que Dato había sido torturado y asesinado con suma violencia. Es más: descubrió que Dato tenía partículas de metal en su piel, como que había sido torturado sobre algo de tales características. Casi cuatro años después, el jefe del cuerpo médico forense y director del Instituto Médico Legal de la Segunda Circunscripción - Rosario, del Poder Judicial de Santa Fe, doctor Oscar Gervasio Sánchez, confirmó al juez Toloy que Dato tuvo una muerte violenta.

A mediados de 1995 apareció un dato que no figura en el expediente: encontraron una llave del abogado, con la marca de una determinada cerrajería paranaense. Acudieron al negocio y se encontraron con una sorpresa: durante los últimos años, tal persona había sido el cerrajero de la ex sede del gremio, en calle Cervantes. De allí dedujeron que Dato podría haber tenido llave de ATSA, pero no pudieron comprobarlo, porque se habían cambiado las cerraduras. La información cerró con otro dato obtenido a fines de 1994, cuando se descubrió que una escalera de zinc del gremio ya no estaba allí, pero se dio con ella, en un corralón ubicado en Las Tunas. Cuando el Centro Regional de Investigación y Desarrollo (Ceride) -de Santa Fe- fue solicitado para investigar se encontró con que algunos elementos de la escalera tenían exacta coincidencia con las marcas producidas en el cuerpo de Dato. Ubicadas en ambas rodillas, las marcas denotaban lesiones planas con incrustaciones de partículas de óxido de zinc, según los análisis realizados en el Institut Moletcular Biologische Diagnostik, de Bonn, Alemania -en el inicio del expediente-, y en el Ceride.

Según la hipótesis de los investigadores, en la noche de su muerte Dato fue ingresado a la ex sede de ATSA -ubicada en calle Cervantes, a escasos metros de su estudio, sito en Santa Fe-, trasladado a una habitación ubicada en el primer piso y fuertemente golpeado. De allí las numerosas hematomas detectadas en su cuerpo, en las piernas y la espalda. Incluso, fue descendido en forma violenta, por la escalera de zinc que había en el lugar. También se encontraron coincidencias en el polen hallado en la ropa de Dato y el detectado en la ex sede de ATSA. Mario Marín, que seguía como policía retirado, ante la información adelantó su teoría el 23 de noviembre de 1994: “Esto no se aclara más”, dijo.

Un día antes del crimen de Dato, varias personas fueron testigos de una fuerte discusión, en la puerta del estudio, entre el abogado y una persona que nunca habían observado allí. El individuo amenazó a Dato y el abogado lo echó. Durante años, nunca más se lo volvió a ver a tal individuo. En 1996, uno de los testigos del altercado lo observó en la Cámara de Senadores de la provincia. Era empleado de la planta permanente desde la gestión de Domingo Daniel Rossi como vicegobernador -a partir de 1987- y tenía un frondoso prontuario. La persona que trabajaba con él, en la misma sección, era esposo de una mujer que desempeñaba tareas en Tribunales y alguna vez colaboró en el juzgado de Toloy. Nunca fue denunciado, porque siempre se dudó de la actitud que iba a adoptar en tal caso el magistrado que, a principios de 1997 no se preocupó demasiado ante el extravío de una cinta magnetofónica, donde constaba una grabación telefónica entre dos protagonistas del expediente y en la que quedaban seriamente comprometidos con la causa.

Hoy la causa pasó al archivo. El juez Toloy -el mismo que ahora investiga el secuestro de Fernanda Aguirre- fue el principal responsable de que ello ocurriera.