Silvio Méndez
Nucleados en el Foro Infancia Robada Paraná, distintas organizaciones de la sociedad civil han encarado una serie de acciones que apuntan a trabajar medidas de prevención y protección a las víctimas de la explotación sexual. Básicamente, las iniciativas plantean intervenciones públicas para exponer el problema, pero también para exigir definiciones políticas y medidas gubernamentales. En este sentido, recientemente la organización acordó con autoridades municipales y ediles locales impulsar una ordenanza que prohíba el funcionamiento de lugares de oferta sexual. En este sentido, se apuntó al poder de habilitación de la Comuna sobre negocios que funcionan en el ejido bajo la denominación de locales de diversión nocturna como wiskerías, clubes nocturnos, cabarets o similares, pero que en realidad su principal actividad es prostibularia.
Los fundamentos para solicitar esta normativa radican en que este tipo de negocios sostienen una compleja trama de trata de personas que, en una versión contemporánea de explotación sexual, somete a mujeres en su mayoría a condiciones de esclavitud. Se trata de un negocio del cual no se tiene dimensión en el país por falta de estadísticas precisas, pero que se calcula a nivel mundial genera unos 32.000 millones de dólares anuales, siendo el tercer delito más redituable detrás del tráfico de armas y drogas.
ONG internacionales estiman que en Argentina existen alrededor de 500 mil personas sometidas a diversas formas de esclavitud y entidades locales registran que Entre Ríos dejó de ser mero espacio de tránsito dentro de sistema explotación que involucra un importante números de menores, para constituirse en un lugar de alojamiento y sumisión.
En diálogo con ANÁLISIS, Silvia Montaño, de Asociación Civil Red de Alerta contra la trata y el tráfico de personas, precisó que el Foro local nació a partir acordar tareas con la hermana Marta Pelloni, que desde su fundación aborda la problemática en la vecina provincia de Corrientes. En este sentido, relato que a partir de un contacto con la religiosa, se acordaron trabajos en conjunto junto a otras entidades. Actualmente hay 120 foros establecidos en el país y en Entre Ríos hay sedes en Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. “La idea de la hermana es establecer foros en distintas localidades, sobre todo en zonas calientes”. Y precisamente, la región que abarca los enlaces hacia la República Oriental del Uruguay, el corredor hacia Buenos Aires y por otro lado a Santa Fe, hoy son considerados “zonas calientes” de este tipo de delito.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
