La periodista de Infobae, Mariel Fitz Patrick, se refirió al dictamen de la Comisión Provincial de la Memoria de La Plata respecto del trabajo de investigación periodística a solicitud del juez Federal Alejo Ramos Padilla.  

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), dijo que le “sorprendió que el juez convocara a la Comisión Provincial de la Memoria para analizar el trabajo periodístico, puntualmente, de Daniel Santoro porque me parece que no es el organismo de asistencia judicial adecuado”.

“Esta suerte de estudio de las notas para ver si había manipulación ideológica, es preocupante porque no es la vía, más allá de que el juez pueda pensar o tener dudas sobre la actitud de Santoro, pero convocar a un organismo que no tiene que ver con el oficio periodístico y solo por su loable trabajo vinculado con los derechos humanos y el trabajo de archivo que hicieron durante la dictadura, que no es comparable con la actividad periodística”, señaló.

Y agregó que “es mucho más preocupante cuando trascendió el segundo informe que es confidencial, y que concluye que hay un esquema operativo delictivo en el cual se involucra a la justicia, al falso abogado Marcelo D´Alessio, a la Agencia Federal de Inteligencia y a periodistas que participarían de un circuito delictivo en el cual publicarían información como parte de ese proceso supuesto de extorsión”.

Al respecto, consideró que “es una locura” y mencionó: “Conozco a varios de los colegas mencionados en el informe, que son reconocidos profesionales, que pueden haberse equivocado en algún momento con alguna práctica periodística pero jamás ser partícipes de una extorsión”.

Criticó asimismo el hecho de “evaluar la actividad periodística por un organismo por fuera del mundo periodístico en sí” y explicó que “si un periodista se equivoca, pierde lo más valioso que tiene que es la credibilidad, pero por otra parte implica una posible acción civil que puede implicar un compromiso financiero, tener que aportar con bienes, un embargo o un juicio”.

“Los periodistas tenemos que rendir cuentas, y lo más valioso que tenemos es la credibilidad por eso tenemos que extremar siempre el rigor periodístico y chequear lo más posible, todo lo que se pueda, la información que se publica, aunque no estamos exentos de cometer un error. Pero de ahí a que un organismo fuera de la comunidad periodística o que la sociedad nos evalúe en nuestra tarea, juzgue nuestro trabajo me parece peligroso porque va a incluir una especie de autocensura con la cual colegas que actúan profesionalmente no quieren quedar expuestos a un potencial juicio”, describió.

En ese marco, opinó: “Si bien no creo que un periodista vaya preso, lo que se busca es acallar una actividad esencial para la democracia como es la investigación periodística, y eso preocupante”.

“Además hay que defender que los periodistas serios y profesionales que debemos ser, si accedemos a una información debemos corroborar que sea verídica, si esa información fue obtenida de modo ilegal quien está cometido un delito es quien la filtra, quien la consigue de ese modo ilegal, el periodista no tenemos limitación para difundir esa información en la medida en que tenga interés público y hayamos corroborado que sea cierta y tenga algún impacto relevante para la sociedad”, ahondó.

En la misma línea, resaltó “el resguardo de la fuente, algo que el espíritu de los constitucionalistas lo previeron así para garantizar la labor de investigación y que el interés de que algo se conozca esté por encima de alguna represalia”.

“Una fuente puede dar una información al periodista porque sabe que el periodista que cumple con el ABC del periodismo y la ética periodística jamás va a revelar su fuente, ni aún ante un juez, porque no está obligado a hacerlo. Esto le da un reaseguro a quien filtra una información, pero puede pasar que quien filtra esa información no estaba autorizado a hacerlo. No obstante, un periodista no tiene que revelar jamás quien le dio esa información y lo que sí debe hacer es chequear que esa información sea cierta”, explicitó.

Al respecto, consideró que “esta evaluación que hace la Comisión de la Memoria, como un operativo de poner en circulación información de inteligencia e involucra la participación de periodistas como al tanto de esa maniobra, es muy grave”. “Las fuentes no son todas buenas, santas y en muchos casos también son poco creíbles, y el periodista deberá corroborar la información por otra vía”, acotó.

Aunque aclaró que no sigue el avance de la causa judicial, consultada sobre los pasos a futuro indicó que “la Cámara de Mar del Plata, que tiene injerencia como tribunal de alzada sobre el accionar de Ramos Padilla y las decisiones que toma en el expediente, le puso cierto interrogante a la convocatoria y le pidió al juez que fundamentara con más detalles y porqué recurría a la Comisión Provincial de la Memoria”.

“No avaló en un 100% que el juez convoque a un organismo extrajudicial que no tenía injerencia en la causa e incluso le sugirió que se presente como amicus curiae, pero no avaló que el juez convoque a la Comisión de la Memoria para pedir un informe. Esto está bajo un interrogante y hay que ver si la Cámara avala la inclusión de este informe a la causa”, concluyó.