El abogado Diego Gastaldi se constituyó como querellante en una causa que investiga a un médico, psicólogo y ex funcionario de Salud (la persona denunciada era director de un hospital de Paraná Campaña al momento de cometer el delito por el que se lo acusa), y presentó un escrito de ampliación de denuncia en el que solicitó que se “impute por extorsión” en perjuicio de su representado, y se investiguen posible tráfico de influencias, cohecho, asociación ilícita, y malversación de fondos contra el profesional. En ese marco, solicitó la realización de medidas de prueba y requirió que se aplique la prisión preventiva al denunciado, supo ANÁLISIS.

Además, el letrado elevó notas al Ministerio de Salud; y al Colegio de Psicólogos, al Círculo Médico de Paraná, y a la Federación Médica de Entre Ríos para que los respectivos tribunales disciplinarios y/o éticos tomen intervención.

El hecho denunciado se conoció en mayo de este año. A partir de la denuncia realizada en ese momento, la jueza de Garantías N°6, Elisa Zilli, había hecho lugar a la solicitud de la fiscal Melisa Saint Paul, de imponer al profesional restricciones de acercamiento a la víctima por el plazo de 60 días. Según la denuncia, el profesional invocó relaciones con un fiscal, que sería familiar de una jueza, y le fue pidiendo distintas sumas de dinero para cajonear una supuesta denuncia por violencia de género. Según manifestó el denunciante, posteriormente pudo determinar que la denuncia no era real y no existía ninguna causa, según publicó en mayo El Diario.

Ahora, tras pruebas producidas por la Fiscalía, el abogado querellante presentó una ampliación de denuncia para que se impute al profesional por el presunto delito de extorsión, supo ANÁLISIS. “Surge claramente que el denunciado no ha incurrido en una simple Estafa (art. 172 y 173 inc. 10 CP) sino que incurrió en una explícita extorsión (art. 168 CP)”, valiéndose de los conocimientos de la psiquis de la víctima, expuso Gastaldi.

También, el letrado requirió que se investiguen los posibles delitos de “Tráfico de Influencias – Cohecho – Asociación Ilícita (arts. 256, 256 bis y 210 CP)”, así como la posible “Malversación de Fondos (art. 260 y 261 CP)”, dado el rol que el denunciado ejercía como director de un hospital al momento del hecho.

Finalmente, Gastaldi requirió la prisión preventiva “por la gravedad de los hechos en investigación, además de que el mismo denunciado podría manipular y/o entorpecer pruebas respecto de los delitos que se tendrían que investigar como Malversación de Fondos y Tráfico de Influencias que se justifica una Prisión Preventiva hasta tanto puedan recabarse las pruebas necesarias. De lo contrario el denunciado podría alterar pruebas y/o testimonios a los fines de evadir la acción de la Justicia”, argumentó. Además, agregó, “el solo hecho del cambio de imputación conlleva a que la pena en expectativa sea de prisión efectiva, sumado a la capacidad económica y solvencia” que tiene el denunciado.