La Justicia de La Paz reprogramó la audiencia de elevación a juicio de la causa en la que Dolores Etchevehere está acusada de los delitos de usurpación y desobediencia judicial. La misma se iba a concretar el lunes 23 de agosto, desde las 8, ante el juez de Garantías Walter Carballo. Ahora, se dispuso que se realice el 6 de septiembre, a partir de las 7.30.

Según supo Entre Ríos Ahora, el cambio de fecha se debió a una petición formulada por el abogado querellante, Rubén Pagliotto; y también porque el magistrado que debe escuchar a las partes informó impedimentos personales para asistir ese día.

La dirigente de Proyecto Artigas está acusada de haber tomado ilegalmente la estancia Casa Nueva, propiedad de la firma Las Margaritas SA, que dirige su madre Leonor Barbero Marcial. Dolores defendió –y defiende- la toma asegurando tener derechos hereditarios sobre la propiedad, que perteneció a su padre, Felix Etchevehere, quien murió en 2009. La estancia se encuentra ubicada en Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, en el departamento La Paz.

No obstante, la Fiscalía entiende que Dolores “carecía de todo derecho para esa toma de posesión, ya que no tenía derechos hereditarios sobre la propiedad, al haber cedido su parte en forma onerosa con anterioridad”.

La toma se produjo el 15 de octubre de 2020 y suscitó la atención nacional, puesto que contó con el apoyo e impulso del dirigente del movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) y abogado Juan Grabois.

Al campo también ingresó el abogado porteño Facundo Taboada y un grupo 40 personas del MTE. Dos semanas después, el 29 de octubre, la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, María Carolina Castagno, dispuso el desalojo de los ocupantes. Entonces, todos los integrantes fueron retirados, pero sólo Dolores Etchevehere se negó a acatar la orden de la magistrada y por ello se le imputó el delito de desobediencia judicial.

El 4 de junio de este año, a casi un año de los hechos, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y el abogado Taboada.

En el escrito de remisión, al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, los fiscales describieron los hechos y señalaron que para el juicio oral y público solicitarán que sean citados como testigos 21 personas, entre funcionarios policiales, trabajadores de la estancia e integrantes del movimiento de Grabois que participaron de la toma, según la Fiscalía, “inducidos a error” por Dolores y Taboada.

Los defensores de los acusados son los abogados Lisandro Mobilia y Patricio Cozzi; mientras que el abogado querellante por parte de la familia Etchevehere es Rubén Pagliotto.

En el escrito elevado por los fiscales al juez, se indica que el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 11, Dolores y Taboada ingresaron a la estancia Casa Nueva, exigiéndoles a los empleados que entreguen las llaves de la puerta de ingreso a la casa principal. Precisaron que el pedido se lo formularon a la empleada Ramona Rodríguez, a quien además, según la Fiscalía, amenazaron con “que debería retirarse en minutos, en caso de no otorgar las mismas” y que ante su negativa “ingresaron a su vivienda -sita en el mismo establecimiento- y tomaron un grupo de llaves que había colgadas en el comedor del domicilio”.

Enseguida, los acusadores relataron que “habiendo abierto -sin violentar- una de las ventanas de la casa principal, ingresaron a la misma, habitando esas instalaciones hasta el día 29 de octubre de 2020; además de realizar trabajos en la tierra, modificando la explotación ejercida sobre el establecimiento; y comunicarles a los trabajadores Ángel Martínez, Ramona Rodríguez y Osmar Barreto, los lugares a los que no podían dirigirse o transitar, impidiendo así el normal desenvolvimiento de su trabajo, e intimidándolos”.

Luego resaltaron que “todo lo narrado fue efectuado en conocimiento de carecer de derechos sobre el Establecimiento Rural Casa Nueva, sobre el cual se ejercía la pacífica tenencia y explotación agrícola, tambera y ganadera, por parte de la entidad Las Margaritas S.A.».

El segundo hecho, se le imputa sólo a Dolores, y tiene que ver con haberse opuesto a abandonar la estancia tras la orden judicial del 29 de octubre emanada por la jueza Castagno. Por esa actitud, la dirigente fue detenida.

En el texto de remisión a juicio, los fiscales destacaron que Dolores Etchevehere no cuenta con derechos sobre la propiedad tomada y que ello quedó demostrado por su madre, Leonor Barbero Marcial, presidenta de la sociedad Las Margaritas SA, quien al denunciar la usurpación presentó documentación en la que se asentó que el 31 de agosto de 2018, su hija, mediante un acuerdo privado, “ha cedido el 100 por ciento de los derechos sucesorios a favor de los restantes herederos y socios, en el sucesorio del causante Luis Felix Etchevehere”.

Más adelante, solicitaron que en caso de que el caso sea elevado a juicio se convoque como testigos a 21 personas, entre ellos los familiares de Dolores, trabajadores de la estancia, funcionarios policiales e integrantes del Proyecto Artigas que participaron de la toma.

Los testigos, son: Leonor María Magdalena Barbero Marcial (madre de Dolores y denunciante); los trabajadores de la estancia Ángel Roberto Martínez, Ramona Magdalena Rodríguez; el exministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere; su hermano Juan Diego Etchevehere;  Mariano Hernán Rubiolo; el escribano José Luis Zuffiaurre; Stella Maris Denis, Oficial Ayudante de la Policía de La Paz; Eitan Slomka, dirigente del MTE, oriundo de Neuquén; José Nicolás Capropresi, diritente del MTE oriundo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; Annelise Dieterle, Oficial Sub Inspector de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales La Paz; Ángel Roberto Martínez, encargado rural domiciliado en el Departamento Diamante; Fabián Olivetto, dirigente del MTE; Mario Ceferino Silvetti, Jefe de División Publicidad Registral Firma Autorizada Registro Público de La Paz; Guillermo Fritz, Ingeniero del Laboratorio Regional de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos; Gimeana Velazquez, Oficial Inspector; Comisario General Gustavo Maslein, Jefe de la Policía de Entre Ríos; María Mercedes Bolognini, Oficial Principal de la Policía de Entre Ríos; los santaelenenses Diego Enrique y Jeremias Retamar;  Leonardo G. Gastón Sosa, Oficial Principal de la Policía de Entre Ríos; y Javier Genre Bert, Oficial Principal, de la División Tóxicos de la Jefatura Departamental de Policía de La Paz.