El abogado Miguel Ángel Cullen, que representa al ex presidente de Sidecreer Juan José Canosa, anticipó que apelará el rechazo al sobreseimiento que dio a conocer este jueves el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Gervasio Labriola en el marco de la causa en la cual se investiga el patrimonio del ex funcionario.

“Labriola no ha tratado los fundamentos esgrimidos por la defensa respecto de que una vez declarada la insubsistencia de la acción penal, resuelta por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, no queda otra resolución que sobreseer a la persona investigada. Más aún en este caso en el que, por responsabilidad de la fiscalía, se ha perdido la posibilidad de incorporar prueba trascendental para poder realizar una pericia contable oficial completa”, argumentó Cullen, codefensor de Canosa junto al abogado Raúl Barrandeguy, en un comunicado enviado a ANÁLISIS.

“Es una investigación que lleva ocho años con la estigmatización y la imposibilidad para Canosa de ejercer su profesión libremente, de trabajar, de que se lo siga observando socialmente”, añadió Cullen. Y continuó: “En verdad no se ve a futuro cómo puede haber reparación en un proceso que no se ajusta a los tiempos de la ley si no es con un sobreseimiento porque, insisto, los fiscales no han podido recabar en tiempo y forma la documentación necesaria”.

Según Cullen, “los bancos con los cuales se ha operado el crédito para construir su hogar, proveniente en mayor parte del Banco Hipotecario, y demás entidades y organismos como AFIP, han comunicado que la información que solicitó fiscalía, de manera tardía, ya no se encuentra disponible porque se destruyó una vez transcurrido un determinado tiempo. Entonces, al no poder culminarse un informe contable completo y real -y no por culpa de la defensa- la única salida es sin dudas sobreseer y dejar en paz a personas de bien, profesionales que viven una persecución hace ocho años”, explicó.

Por otro lado, el abogado manifestó: “Labriola insiste con fundamentos falaces y arbitrarios que algunos jueces vienen repitiendo en relación a que la defensa ha consentido tácitamente la extensión del plazo de la investigación penal preparatoria, afirmación que sólo puede surgir desde un claro apartamiento de la ley, ya que la garantía constitucional y convencional del plazo razonable es un derecho humano cuya titularidad corresponde al imputado, no a la defensa técnica, y el Código Procesal Penal pone exclusiva y excluyentemente en cabeza de la Fiscalía en la norma del artículo 223”, precisó.

“Ha sido justamente esta defensa quien, para no consentir las violaciones legales, expresamente planteó el reclamo y la insubsistencia de la potestad fiscal para continuar practicando actos propios de la investigación penal preparatoria contra nuestro defendido. Entonces, es absurdo e insostenible atribuirle a la defensa un ficticio consentimiento en perjuicio del derecho del imputado, cuando de forma explícita estamos planteando exactamente lo contrario”, enfatizó.

Finalmente, Cullen señaló: “Acudiremos hasta las últimas instancias provinciales, nacionales e internacionales de ser necesario, solicitando se haga justicia y se termine este calvario para una persona y su vínculo familiar y social, que hace ocho años viene padeciendo un hostigamiento judicial y mediático inédito, y por exclusiva responsabilidad de los fiscales intervinientes”.
 

Enriquecimiento ilícito de Canosa: la justicia volvió a rechazar su sobreseimiento