Entre Ríos está en la media nacional de sentencias por lavado de activos, aunque siguen siendo muy pocas. La medida del Gobierno nacional para que se usen dólares sin declarar genera incertidumbre en los ámbitos de investigación del narcotráfico, mientras avanza en la Policía de Entre Ríos la nueva sección antilavado. Informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

Parte de lo que se llama lavado de activos es aquello que mucha gente sigue observando en su barrio: personas sin trabajo o sin ingreso lícito conocido, o que ya se sabe que se dedican al narcomenudeo, que llevan un buen pasar, lejano a la realidad de la mayoría, lo que se traduce en mejoras edilicias, vehículos nuevos y viajes que todos ven en las fotos que publican en las redes sociales.

El clásico método de ocultamiento de bienes es ponerlos a nombres de familiares. En el caso de vehículos, con lo que eran las tarjetas azules que autorizaban al verdadero dueño a conducirlos. O bien los utilizaban sin hacer las transferencias.

Ahora, el plan del Gobierno nacional para que las personas que tienen dólares ahorrados sin declarar salgan a gastarlos sin que el Estado no les pregunte de dónde los sacaron, ha generado incertidumbre en diferentes ámbitos.

Por un lado, la Unidad de Información Financiera se encuentra abocada a las modificaciones reglamentarias, básicamente elevar los montos por los cuales las entidades financieras deben reportarle operaciones sospechosas.

Por otro lado, quienes están abocados a prevenir el desarrollo del narcotráfico ven con preocupación que delincuentes puedan ir con los billetes ajados directamente a comprar un bien e inscribirlo a su nombre sin que nadie pregunte nada.

Esto ya era posible con el caso de los autos desde octubre del año pasado, cuando el Gobierno emitió un decreto por el cual sacó a las concesionarias de autos a denunciar ante la UIF operaciones sospechosas. Pero ahora, en caso de que la Justicia pretenda apuntar contra un determinado bien, podrán utilizar el argumento de que lo adquirieron con esos dólares del colchón.

A su vez, hay que tener en cuenta que ARCA viene desmantelando las regionales en distintos lugares del país, particularmente Entre Ríos, específicamente las áreas que están dedicadas a investigar la evasión a gran escala, por lo que hay menos controles y quienes montan estructuras para no pagar impuestos y ayudar a evadirlos, estarán más tranquilos.

En la provincia de Santa Fe, el Gobierno dice que va a cruzar información focalizando en aquellos que están vinculados a las organizaciones para limitar su poderío económico, porque es lo que les permite seguir financiando el negocio y la violencia, publicó el periodista Germán De los Santos en La Nación.

En Entre Ríos, la Policía creó un área dedicada al lavado de activos dentro de la Dirección General de Drogas Peligrosas. El jefe de la fuerza provincial, Claudio González, firmó la resolución en la que se creó la División de Narcocriminalidad, básicamente para trabajar con los Juzgados Federales de la provincia, donde a su vez se designó a un contador para esa tarea. Se formalizó recientemente pero ya venía trabajando en distintas causas, como la de la pareja de San Benito que cayó con 18 kilos de cocaína en la ruta 26, y la del empresario maderero de Federación José Luis Machado, que adquiría droga en Misiones, con conexiones en Ciudad del Este, y la distribuía en la región. Se secuestraron autos, camionetas, camiones y mucho dinero. En esta investigación colaboró el contador de Drogas Peligrosas.

Causas: narcos, evasores y decomisos

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) informó recientemente que entre 2019 y marzo de 2024 se dictaron 91 sentencias en el país por el delito de lavado. En el informe realizan un desglose detallado sobre los tipos de lavado, así como los delitos precedentes de esos casos, es decir el origen de los fondos que fueron blanqueados. En ese lapso de tiempo, en Entre Ríos hubo siete condenas. Algunas de ellas son:
-Alejandra Ledesma, Carmen Ledesma, Romina Baglietti y otros más, la conocida banda de “Las Tanas”, condenadas en noviembre de 2022. Les decomisaron vehículos y tres inmuebles.

-Rubén Vicente Herrlein, de Concepción del Uruguay, era uno de los principales proveedores de drogas en esta ciudad y ciudades aledañas, como Colón y San José. Fue condenado junto a otras personas en diciembre de 2023. La banda “adquirió gran cantidad de rodados, principalmente afectados a una empresa que se constituye en una sociedad irregular o de hecho denominada ‘TAC S.H.’ que gira comercialmente bajo el nombre de fantasía ‘TAO’ y que se dedica al transporte urbano de pasajeros remises-, como también al uso particular de los mismos”, señaló el fallo.

-Rosa Antonia B. fue condenada en julio de 2023 a un año de prisión condicional. El 10 de noviembre de 2017 llevaba junto a otras personas en un colectivo por la ruta 14 6.846.500 pesos. Hay decenas de casos similares en los Juzgados Federales de la provincia, con diferentes cursos, según si los viajantes pueden o no luego justificar el dinero que llevaban.  Uno de estas causas surgió en enero del año pasado, cuando detuvieron a una pareja con 11 millones de pesos. Se trataba de Andrea Vargas y Nétor Sanabria, residentes en San Benito, quienes cayeron por narcotráfico en diciembre, por la distribución de cocaína. Cambiaban el dinero en una cueva de Concordia.

-Néstor Francia Burn y familiares fueron condenados en septiembre de 2022 por tráfico de cocaína y marihuana en Concordia, y por lavar las ganancias en numerosos vehículos, viviendas y en plazos fijos en bancos. Les decomisaron inmuebles, autos, camionetas y dinero.

-La Banda de los Uruguayos: Jorge Daniel Santos Montenegro, Miguel Ángel Huber García, Natalia Solange Yahén Chaparro, Luis José Balverde Molina, Luis Roberto Pascal Veiga y Fernando Daniel Mesa fueron condenados en junio de 2022 por narcotráfico y lavado. El Tribunal ordenó el decomiso de ocho vehículos, dos motos, dos lanchas, una moto de agua, una casa en el country “Los Bretes” (ubicada en la localidad de Colón), un campo de más de seis hectáreas en el Paraje Sarandí - Gualeguaychú- y un terreno de 1.400 metros en Islas del Ibicuy. También se decomisaron 34.100 dólares y 139.000 pesos; y 352.350 dólares ocultos en el cielorraso de una de las edificaciones del campo Paraje Sarandí.

Hay otras casas importantes en trámite, no sólo por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Por ejemplo, un caso de evasión fiscal que Cuestión de Fondo ha desarrollado en 2023, de Guido Bogao Andrasnik, que está por ir a juicio, fue elevada la causa al TOF de Concepción del Uruguay. Una investigación llevada adelante por la entonces AFIP, que detectó que un falso productor agropecuario, un transportista, un empresario y una contadora habrían conformado una asociación ilícita fiscal al servicio de evasores de todo el país en el comercio de granos, y con los fondos recaudados ilegalmente adquirieron numerosos bienes. Recientemente, la defensa de uno de los acusados pidió que la UIF se aparte como querellante, en base a lo resuelto por el Gobierno nacional y a lo manifestado por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

También se encuentra en curso la causa de la familia Villegas, donde además de la evasión impositiva se les imputa también el lavado. De igual manera, una fábrica alimenticia de Viale que fue allanada por presuntas maniobras de evasión fiscal, donde se incautaron unos 450.000 dólares que, si no logran justificar, se podrían considerar parte del lavado de activos.

Otro ejemplo es el caso del jefe narco de la provincia de Salta que enviaba avionetas con cargamentos de cocaína hacia Entre Ríos, Raúl “Loro” Ferreyra: le imputan también el lavado de activos por la cantidad de bienes que encontraron en su poder.