El ex presidente del directorio obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, desmintió cada una de las acusaciones que efectuaron el gobierno provincial y la intervención del organismo en el marco del proyecto de ley para crear una nueva obra social. Aseguró que la deuda la generó la gestión de Rogelio Frigerio que no pagaba prestaciones y denunció que se realizan convenios de manera directa lo que constituye "un delito". “No creo que hubiera necesidad de crear una ley, pero había que sacarles el manejo a los propios dueños de la obra social y pasárselo al gobierno. Esto es la expropiación de 250.000 millones de pesos”, acusó.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cañete cuestionó que “no hayan convocado a los ex directores de la obra social a la comisión del Senado para que pudiéramos expresar nuestra posición y punto de vista”. “Me da la sensación que se nutrieron con información errónea, y se escuchó solamente el sonar de la campaña más grande, nosotros no tuvimos posibilidad de expresarnos en el Senado para revertir todos los argumentos y las mentiras que se dijeron por el gobierno y la intervención”, señaló.

Al respecto, especificó que “desde el inicio, los elementos que llevaron al decreto de la intervención arrancó con una mentira, de decir que no respondíamos informes del Tribunal de Cuentas. Eso es mentira porque yo tengo en mis manos informes de las partes pertinentes del año 2024 donde hubo solamente dos expedientes para contestar del Tribunal de Cuentas; además dicen que las graves irregularidades parten por no responder los informes de la Comisión Fiscalizadora, que el 29 de enero de 2024, cuando asumió este gobierno y puso en función la Comisión Fiscalizadora nos mandó una solicitud de informes de situación financiera, prestadores de servicios, proveedores en general, recursos humanos, estructura edilicia, el que fue contestado el día siguiente, 30 de enero de 2024”.

Consultado por los dichos del gobernador Rogelio Frigerio en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), donde aseguró que se cansó de pedir informes al directorio del IOSPER y nunca le respondieron, Cañete afirmó: “Está mintiendo el señor gobernador, yo nunca tuve una nota del señor gobernador solicitándome algún tipo de informe. La Comisión Fiscalizadora nos solicitó informes y están todos contestados, por lo menos los que yo tengo acá y los informes de los funcionarios que en ese momento dependían de la gestión”.

Agregó que “se dijo también que nosotros transgredíamos el informe de la Comisión Fiscalizadora. El artículo 27 de la ley dice actualmente que cualquier convenio, cualquier contrato, necesita la autorización de la Comisión Fiscalizadora, y yo les puedo asegurar que todos los contratos que tiene IOSPER, por lo menos en nuestra gestión, estaban visados por la Comisión Fiscalizadora. Hay un solo contrato en el 2024, que me dijo la Comisión Fiscalizadora que no podía seguir avanzando. Y es un contrato de trabajo que me pidió el ministro (Manuel) Troncoso para un compañero de él en Sauce de Luna. Es el único informe que desoí porque era el pedido del ministro de Gobierno. Tengo los tengo los mensajes. Entonces, es mentira que nosotros desoíamos y que funcionábamos sin los instrumentos que disponía la Comisión Fiscalizadora. Porque la Comisión fiscalizadora tenía poder de veto, si la Comisión Fiscalizadora decía que no, uno no podía avanzar y si la Comisión Fiscalizadora analizaba un convenio y decía que no correspondía, no podíamos avanzar”.

“Todos estos elementos se utilizaron para elaborar el decreto de intervención, y también hablaban de sobreprecios. Todo eso es mentira, tenemos los documentos. Tenemos la documentación. Y una vez conformado el decreto, se hace la intervención y una vez de la intervención se empieza a hacer informes que son mentirosos también. Nos trataron de chorros, de ladrón, de corruptos, nos trataron como quisieron, solamente para justificar la presentación y la aprobación de esta ley que se dio ayer. Esta es la pura realidad. Hablaron de la punta del iceberg. Dijeron ‘le pusimos luz a la oscuridad’, una frase que parecía de Shakespeare, que se compre una lamparita el gobernador”, criticó.

En relación con la cuestión financiera del organismo, Cañete aclaró que “había un déficit económico, no financiero” y aclaró: “Frigerio salió a decir, según informe de la intervención, que había una deuda de 45.000 millones de pesos, cuando es una deuda que generaron ellos porque no pagaron. Y está comprobado que la deuda fue generada por ellos cuando, por resolución 270 del 20 de abril de 2025, el señor Mariano Gallegos y el señor Ricardo García, firmaron la resolución aprobando los estados contables del IOSPER entre el 1° de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024. Allí aparece lo que dije durante todo el año 2024 a los prestadores y a los gremios, el IOSPER al 31 de diciembre tenía para cobrar 33.439.991.571 y tenía para pagar 55.481.753.000, lo que quiere decir que es mentira lo de los 45.000 millones de pesos. Es mentira. Los 45.000 millones de pesos aparecen en la deuda que generaron ellos porque no pagaron las prestaciones pendientes de octubre, no pagaron noviembre y no pagaron diciembre, ahí está la acumulación de la deuda que ellos generaron”.

En tal sentido, advirtió que “la generaron para generar el microclima y poder sentarse con los prestadores y empezar a negociar con los prestadores. El tema es que no lo dicen públicamente, salvo Apocier, que salió a patear el tablero y por eso lo dejaron afuera. Es mentira la deuda que habla el gobernador”.

Respecto de las acusaciones por los sueldos millonarios del directorio, Cañete aseveró que “tampoco es cierto” y explicó: “7.800.000 es mi sueldo, salvo que no quieran que cobre la antigüedad”. “El IOSPER era el ente descentralizado con menor salario, y si no pregúntele al ministro de Gobierno, que es vicepresidente de Enersa, si no cobra más de 16 millones de pesos”, apuntó.

“Nosotros teníamos servicios, no echamos a nadie, entregábamos medicamento, entregábamos prótesis, entregábamos lentes, al coseguro los compañeros lo podían pagar porque eran accesibles. Hoy no hay lentes, no entregan medicamentos, los coseguros no los pueden pagar, las prótesis no se entregan. En Gualeguay hay tres casos que necesitaron hacer cirugías y tuvieron que comprarse la prótesis. Y nosotros somos los ladrones, o sea que nosotros, que nos robamos todo, como dicen, o que nos llevamos todo, como dijo el ministro, pero mientras tanto le dábamos servicio a los afiliados, teníamos los afiliados servicio de IOSPER, teníamos cobertura, teníamos medicamentos con una cobertura mucho mayor de la que tiene hoy, diabetes tenía la cobertura al 100%. Hoy no tienen el convenio con las ópticas, los coseguros aumentaron excesivamente, hay problemas de medicamentos, hay gente que ha dejado tratamientos porque no tienen la plata para comprar el medicamento para hacer la quimioterapia. Esta es la realidad, el contexto donde nos utilizaron a nosotros como chivo expiatorio, como punching ball para pegarnos, para generar el clima y terminar aprobando la ley que hicieron ayer”, planteó.

Consultado por la situación de las cinco empresas entrerrianas integrantes de Apocier que dejaron de ser proveedoras de prótesis, consignó: “Por lo que hablé hace 15 días con uno de los dueños, tengo entendido que hay empresas que han tenido que cesantear empleados, que ya hubo 150 despidos, y hay empresas que se han tenido que achicar; algunas están pasando una situación bastante complicada”.

Respecto de los nuevos convenios de prótesis, mencionó que “hay cuatro o cinco empresas de Buenos Aires, y hay convenios que se han firmado de manera directa. Nosotros no podíamos firmar de manera directa, debíamos hacerlo con una asociación por eso se firmó convenio con la Asociación de Prótesis de Entre Ríos. Los convenios que yo he visto son firmas directas, y además cuando se solicita una prótesis, automáticamente ya sale quién es el proveedor que va a entregar. Es decir que se han direccionado las prótesis a distintos proveedores, y esto es un delito porque en la administración pública no está admitido. La compra directa no está admitida”.

En ese marco, denunció que “es lo mismo que hicieron al utilizar recursos de IOSPER, aunque sólo sean 980.000 pesos, para pagar la campaña publicitaria que hizo el gobernador en el anuncio de lanzamiento de la OSER” y advirtió que “si alguien estuviese dispuesto para hacer la denuncia, la puede hacer tranquilamente. Son contratos directos”.

“Acá tenemos una batalla cultural muy importante donde prevaleció el sonar de la campana más grande. Por eso se aprobó la ley, porque todas las cosas que nosotros dijimos que pudimos comprobarlas con toda la documentación, porque dato mata relato, fueron descreídas. Escuché a algunos senadores que tratan de salvar la obra social de los entrerrianos, lo cual es una mentira porque no es la obra social de los entrerrianos, es la plata que ponemos los laburantes todos los meses”, explicitó.

Por otra parte, Cañete afirmó que los aportes del gobierno a la obra social “se cumplieron hasta el 30 de noviembre. A partir del de los primeros días de diciembre ya empezamos a notar cosas raras porque no se enviaba ningún fondo y pudimos cancelar algunos compromisos por algunos municipios que habían aportado”.

Sobre las acusaciones de corrupción en su contra, dijo que la justicia no lo citó ni existe denuncia por enriquecimiento ilícito: “Yo soy millonario de felicidad por la familia que tengo. Desde el punto de vista económico, financiero, le están errando; son todos argumentos para tratar de generar toda una campaña mediática. El otro día lo califiqué de Plan Cóndor mediático, porque salía una agresión tras otra todos los días, diciendo que nos robamos la provincia entera”.

También respondió las acusaciones en relación a sobreprecios en la compra de prótesis: “Salieron a justificar que nosotros teníamos sobreprecios en las prótesis, pero como la mentira tienen patas cortas, salieron desde Apocier a denunciar que ellos habían ganado una licitación y que a pesar de eso los dejaron afuera, y que 30 días después se enteraron que esos productos que ellos habían licitado se los dieron a gente de Buenos Aires a valores más caros. Después se conocieron los convenios a valor dólar y el propio Apocier denunció que hay un sobreprecio, de entre un 50 y un 300% más en los precios que pone Buenos Aires a lo que ellos vendían. Dato mata relato, son los propios actores los que están dando a conocer esta situación”.

Cuestionó asimismo que “trasladaron y migraron a Buenos Aires toda la base de datos de IOSPER de Entre Ríos, porque firmaron convenio con el Centro Único de Derivación y Autorización (CUDA) que es quien recibe los pedidos que se hacen en Entre Ríos y son los que autorizan. Lo mismo hicieron al crear una plataforma nueva de medicamentos, que es de la industria de medicamentos, que por supuesto no tiene los productos que necesitan los compañeros conforme a su patología, tiene los productos que a ellos le les interesa vender. Por eso están los compañeros con este problema de que van y hay una marca determinada que no entra. Y por supuesto que no entra porque la industria no lo vende. Estos son todos los negociados que hicieron”.

Consultado por el rol inexistente del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quien se refirió por única vez del tema IOSPER junto al titular de UPCN, José Ángel Allende, Cañete opinó que “lo pusieron en camisa de once varas” y reiteró que “el Senado no llamó a los actores que están involucrados para dar explicación; se llamó a los prestadores y eso es como poner al lobo a cuidar las ovejas, porque cada uno defiende su propia actividad, su propio interés”.

Sobre la posibilidad de iniciar alguna acción legal por otras las acusaciones en su contra, Cañete mencionó: “Lo he hablado en el entorno íntimo, que es mi entorno familiar. Por suerte no tengo el contacto de ninguna chica porque si no me hubiesen acusado hasta que abusé de alguien. Era tan verborrágica la denuncia para decir que nosotros éramos los únicos malos de toda esta película, que decían cualquier cosa. Había un terrorismo mediático que, por supuesto, mucha gente creyó, y a raíz de todo eso mi familia me dice permanentemente de avanzar en alguna acción. Seguramente voy a terminar analizándolo y ver con algún profesional”.

Agregó que de no comprobarse el delito denunciado de administración infiel se podría ustedes avanzar también por una falsa denuncia: “También tenemos esa herramienta para hacerlo”.

La intervención

Consultado por el trabajo de la intervención de IOSPER, dijo que “la opinión es producto de lo que veo. Y lo que veo son grandes colas, que un integrante de la Comisión Fiscalizadora le quiso pegar al otro, que hay muchos reclamos y hay muchos más amparos de los que había en nuestra época. Nosotros teníamos 1.501 amparos en un año y creo que ya van 1.584 en los primeros cinco meses de intervención”.

“Es mentira lo que dijo el gobernador de que esto no era algo personal, porque inició la campaña haciéndola personal, porque dijo que yo tenía una connivencia con algún staff de profesionales y por eso la cantidad de amparos. Sin embargo, la realidad le golpeó en la cara, demostrándole que ellos en cinco meses tienen muchos más amparos que nosotros en un año. Por eso me parece que están desmantelando la obra social, no están brindando la cobertura que los afiliados necesitan. En la sesión ayer, el senador (Víctor) Sanzberro dijo que en Victoria hubo cinco afiliados que se quedaron sin medicamento para hacer la quimioterapia, y eso es lo que está pasando en todo el territorio de la provincia”, advirtió.

Por último, dijo que no le conformaron las modificaciones que se hicieron en el Senado al proyecto original del Ejecutivo: “Yo no estoy de acuerdo con la ley. El discurso fue que había que poner más controles, pero el IOSPER ya tiene la Comisión Fiscalizadora –que la designa el gobernador- y una oficina del Tribunal de Cuentas, que las tiene desde siempre. Yo estuve 10 años como presidente del directorio y en estos 10 años esta es la tercera comisión fiscalizadora, y nosotros no podíamos realizar absolutamente ningún convenio si no tenía el visto bueno de la comisión fiscalizadora. En todo este tiempo hemos funcionado bien; tan bien que tuvimos cuatro años de superávit, del 2020 al 2023; con aciertos y con errores hicimos el Cemener, un centro de atención de alta complejidad; incorporamos nueva tecnología”.

“No creo que hubiera necesidad de crear una ley, sí podía haber modificado la ley actual, pero acá había que sacarles el manejo a los propios dueños de la obra social y pasárselo al gobierno. Esto es la expropiación de 250.000 millones de pesos, situación generada en el 2024 por el caos económico producto de las políticas del gobierno nacional que este gobierno provincial apoya”, concluyó.