Por Alejandro Maidana (*)

La investigación se desarrolló entre los meses de marzo y noviembre de 2024, en el marco de un convenio firmado entre AMSAFE Rosario y CONICET. La información que se analizó se obtuvo a partir de encuestas, entrevistas y tomas de muestras biológicas realizadas a 32 docentes y auxiliares de escuelas rurales de Ibarlucea, Alvear, Villa Amelia, La Carolina y Acebal (departamento Rosario, Santa Fe).

Estas localidades se encuentran en zonas tradicionalmente dedicadas a la producción agrícola y ganadera y están, además, próximas al cordón industrial portuario de la ciudad de Rosario. Además, en las últimas décadas, en sus periurbanos se ha incrementado la superficie dedicada al desarrollo inmobiliario tendiente a convertirlas en ciudades dormitorio de Rosario. Pese a la disminución de superficie destinada a las actividades agropecuarias éstas siguen siendo significativas, principalmente en lo que respecta a la producción de soja y maíz y, en menor medida, a la horticultura y la ganadería.

En instituciones escolares cercanas a zonas rurales se inició la inscripción de manera voluntaria de aquellos trabajadores y trabajadoras de la educación que no dudaron en realizarse el estudio. Eso llevó que en el mes de mayo del año pasado se recolecten en tres zonas diferentes del departamento, los resultados llegaron a partir del mes de noviembre y arrojaron que de los 32 docentes y asistentes escolares que se realizaron los estudios, presentaban un daño genotóxico.

Cabe destacar que en la localidad de Piamonte, y después de 9 años de muchas idas y vueltas judiciales en torno a una denuncia por la utilización de agrotóxicos en la zona urbana, la Corte Suprema de Santa Fe reconoció que el uso de estas sustancias generaba un daño genético a la población y prohibió que se apliquen a menos de mil metros de la localidad.

Con esta sentencia, los productores no podrán usar agrotóxicos a menos de un kilómetro de la zona urbana de Piamonte. El fallo de la Corte Suprema, además, solicita que se fomente a agroecología en los límites que ahora pasarán a estar libres de químicos. Claramente se trata de un precedente histórico, pese a ello, el camino de lucha y resistencia de los pueblos y cuerpos fumigados siguen gritando su dolor.

Debido al estudio que no solamente fue con extracción de saliva, ya que el mismo iba de la mano con una entrevista de un trabajo de campo que realizaron las investigadoras de CONICET. “Hay que destacar que se trató en su totalidad de un equipo de investigadoras mujeres con convicción y fuerza, ya que tenían en claro que ponían en discusión el tema de las escuelas fumigadas y lo que significa la persecución para las diferentes organizaciones ambientales y los pueblos que luchan en defensa del ambiente y contra las políticas de un modelo agroexportador que daña seriamente la salud de los trabajadores”.

Estas investigadoras pusieron el cuerpo y Amsafe Rosario la decisión política de acompañar una estoica y espinosa lucha. “Un sindicato no solamente pelea en defensa del salario y las jubilaciones, sino también es política de nuestro sindicato defender la salud y entendemos desde la Secretaría de Ambiente que este convenio y esta investigación puso en manifiesto algo que venimos denunciando hace tiempo, que los docentes que trabajan en contextos rurales están expuestos, su salud está expuesta, lo arrojaron los resultados de este daño genotóxico, este impacto en las compañeras se refleja en sus células, son compañeras que trabajan en esas escuelas y que viven en otro lugar”.

Los resultados se fueron entregando de manera individual, preservando la identidad de quienes participaron. “Una vez que tuvimos los resultados y que hicimos la presentación pública, informamos a nuestro empleador, que es el Ministerio de Educación, de estos estudios. Los mismos arrojaban que aquellas compañeras y compañeros que tenían daño genotóxico, debían complementar el estudio con otro más específico para así poder determinar de dónde provenía el daño. La médula de la investigación científica tuvo su anclaje un exhaustivo trabajo de campo, de esa manera las sociólogas junto a las antropólogas que realizaron estos estudios, relacionaron y analizaron la ubicación de la escuela, ya que esta se encontraba frente a un campo de cultivo”.

Estos docentes que presentaban daño genotóxico, necesitaban de un estudio para determinar si efectivamente, lo que les generaba esta problemática, estaba vinculado al uso de agrotóxicos. “Nosotros ingresamos el estudio al Ministerio de Trabajo, como así también realizamos una denuncia al mismo ministerio a través de un pedido de inspección. Presentamos la carta al DIPAR, que sería nuestra autoseguradora, reclamando que se realicen los estudios correspondientes. Así se inició una serie de reclamos que ya tienen que ver directamente con el sindicato”.

Cabe destacar que existe una ley provincial que da un cierto margen de regulación en torno a las distancias que se deben respetar para poder asperjar. Si bien las comunas suelen tener decretos que acercan o alejan los metros que esa ley sostiene. “Comenzamos una serie de reuniones, primero con el Ministerio de Trabajo, después telefónicamente con el DIPAR, este último jamás nos brindó la oportunidad de tener una reunión presencial y nunca demostró la voluntad de iniciar los estudios. Nosotros presentamos la denuncia al Ministerio de Trabajo el 21 de noviembre del 2024, pero claro, nos agarra el mes de diciembre con todo lo que eso significa. Continua con el receso de enero, y en febrero continuamos insistiendo”.

La Dirección Provincial de Autoseguro de Riesgos del Trabajo, había anticipado en diciembre que había una mesa de consulta en la que estaban participando junto al ministerio de trabajo, ya la que se sumaría producción. “En febrero nos avisan que producción había tomado las riendas del reclamo y nos ponen en comunicación, entendemos que los que tienen que controlar la aplicación de fitosanitarios y el ente regulador es el Ministerio de Producción, lo cual eso genera ciertos límites. Nosotros no tenemos directamente la foto del avión fumigando, tenemos los resultados de las compañeras y una serie de artículos de la ley provincial y de los decretos comunales, en este caso el decreto municipal de Alvear, donde no se está cumpliendo”.

Gabriela Meglio sostiene que el ministerio de producción comienza junto al de ambiente, una investigación sobre la contundente denuncia. “Imaginarás que esto se termina dando debido a la presión ejercida, ya que fuimos perseverantes. De esta manera logramos que Trabajo a través de su subdirector y el director de seguridad e higiene, se acerquen a la escuela a inspeccionar. A su vez, tuvimos una reunión virtual con Producción, donde este ministerio se hace cargo de la aplicación de la ley, pero sostiene que de los decretos comunales se tiene que hacer cargo la propia comuna. Es por ello que nosotros decimos, pero la comuna de Alvear tiene decretos que no está cumpliendo, y es ahí donde nos invitan a accionar sobre la comuna, una lavada de manos tremenda”.

Así comienza una instancia que se concreta a través del acta realizada en el Ministerio de Trabajo donde figuran los decretos de la ley provincial que no se cumplen, de la distancia que requiere los establecimientos ejecutivos, como así también los decretos comunales que no se cumplen. “Por ejemplo, tiene que haber a partir de la red de contención (alambrado) 200 metros hacia adentro para poder fumigar y el cultivo en este caso puntual, llega hasta la cuneta, así que te imaginarás que eso no se cumple. El paso que dimos días atrás en el Ministerio de Educación, es acercar la inspección que realizó Trabajo, la ingresamos por mesa de entrada, aunque no nos corresponda, pero la hicimos llegar. Educación va a tener que dar respuesta sobre la inspección que realizó Trabajo, para nosotros se trata de decisión política de este sindicato la de defender la salud de las trabajadoras y trabajadores, y hasta que el Estado no se haga cargo no vamos a ceder”.

El fin último es que el Estado determine de dónde proviene el mencionado daño genotóxico, y que se realicen los exámenes correspondientes a las trabajadoras de la educación a través de un estudio provincial. “El reclamo debe ser provincial, porque el departamento Rosario no tiene la característica de la ruralidad. Cuando armamos el proceso de inscripción, fue sorprendente la cantidad de docentes que nos escribieron de departamentos del sur y del norte solicitando el estudio. Esto demuestra que tiene que ser una política no solamente de la seccional de Amsafe Rosario, sino una política del sindicato a nivel provincial que aún no logramos que suceda, por eso reclamamos que sea también política de estado y de salud pública, porque no solamente es preservar la salud de las trabajadoras y trabajadores docentes, sino también entender que estas escuelas concurren niños y niñas. Hablamos de matrículas de entre 200 y 250 niños y aún no contamos la comunidad, entonces, se trata de una situación de salud pública, así que continuaremos con los reclamos que sean necesarios y no vamos a parar hasta tener una solución”.

Aquí las conclusiones del informe realizado por integrantes del equipo de investigación:

Se ha realizado un estudio pionero sobre salud ocupacional de docentes y auxiliares de escuelas rurales. La información relevada evidencia que los sujetos que trabajan en estas instituciones se exponen a ciertos contaminantes ambientales en sus lugares de trabajo (por la cercanía de campos de cultivo, maquinaria agrícola, silos, basurales, industrias). Los estudios genéticos alertan sobre la presencia de daño genotóxico que supera los valores basales, especialmente en el caso de docentes cuyas escuelas se encuentran muy próximas a campos de cultivo.

El análisis de políticas provinciales vinculadas a abordar la exposición humana a las pulverizaciones con plaguicidas agrícolas evidencia indiferencia estatal ante la problemática, siendo solo las acciones judiciales o demandas locales las que han logrado medidas parciales, fragmentarias y limitadas. Si bien resulta indispensable profundizar esta investigación, sumando al estudio a docentes y auxiliares de escuelas rurales de otras zonas de la provincia de Santa Fe, es necesario alertar a las autoridades respecto del potencial riesgo para la salud que implica la exposición ocupacional de docentes y auxiliares de escuelas rurales a contaminantes ambientales.

El informe fue firmado por Dra. Delia Aiassa (CONICET-UNRC); Dra. Lucía Caisso (CONICET-UNRaf); Dra. Celeste Salinero (CONICET-UNRC); Dra. Marina Espoturno (CONICET-UNR); Dra. Florencia Delgado (CONICET-UNC); Dra. Florencia Bonatto (CONICET-UNRC); Dra. Constanza Rendon (CONICET-UNC); Dra. Paula Blois (UBA).

(*) Esta nota fue publicada originalmente en Conclusión