De ANÁLISIS

Hernán Pichi Blázquez, operador de medios, empresario de carpas de fiestas de alquiler y excandidato a legislador del Pro, fue condenado por coacciones a la senadora de Nogoyá (mandato cumplido), Flavia Maidana. La sentencia de un tribunal gualeyo contra Blázquez fue en 2022. A fines de 2023, la Cámara de Casación Penal le denegó la impugnación extraordinaria. Blázquez se fue en queja a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) donde consiguió una nueva negativa. Lo que quedaba a su abogado Carlos Reggiardo era presentar un recurso extraordinario federal, pero lo hizo fuera de tiempo. De modo que la condena adquirió firmeza.

Lo que siguió fue de rutina: la devolución del legajo al Juzgado de origen porque la sentencia quedó firme.

Finalmente, el STJ denegó queja de Blázquez contra la condena que recibió por coacciones

La condena de dos años y medio de prisión condicional contra Blázquez fue dispuesta en junio de 2022 en forma unánime por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay integrado por Darío Crespo, Roberto Cadenas y Dardo Tórtul. El fallo fue apelado por Blázquez y aguarda desde el año pasado resolución del STJ.

Se lo penó como autor responsable de los delitos de extorsión contra la entonces senadora provincial Flavia Maidana (PJ-Nogoyá). Los fiscales Gamal Taleb, Iván Yedro y Maite Burruchaga habían pedido una condena de cinco años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Durante el juicio, Blázquez fue defendido por el abogado Carlos Reggiardo, el mismo letrado que representa al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a su esposa senadora provincial y presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Patricia Díaz (PJ-La Paz), en diversas causas judiciales que enfrentan. También es conocido por sus continuos pedidos de jury a funcionarios del Poder Judicial que investigan delitos de corrupción.

Entre las normas de conducta que se incluyeron en la condena a Blázquez figuran la imposibilidad de salir del país sin autorización y medidas de protección respecto de la víctima: abstenerse de tener cualquier contacto intimidante o amenazante; proferirle intimidaciones o amenazas ya sea por sí o por interpósita persona, sea de modo personal, telefónico, redes sociales, aplicación celular o cualquier otro medio remoto.

Blázquez es conocido por su actividad política, que despliega a través de su agrupación Alberdi PRO. En las elecciones de 2017, presentó una lista para competir en la interna y en 2019 fue precandidato a senador nacional en la interna de Juntos por el Cambio. Nunca consiguió resultados en las urnas.

Las acciones extorsivas contra la entonces senadora Maidana se realizaron desde el sitio web que administra Blázquez, Entre Ríos 24. La situación del dirigente del PRO se agravó cuando desobedeció distintas resoluciones judiciales que lo obligaron a retirar las publicaciones. En las mismas, señalaba a la legisladora como encubridora en delitos contra la integridad sexual de menores y de delitos contra la propiedad y la descalificada con comentarios humillantes y calumniosos.

En octubre de 2023 la Cámara de Casación Penal compuesta por Marcela Badano, Marcela Davite y Gustavo Pimentel se confirmó la condena en primera instancia contra Blázquez, ante lo cual acudió al STJ que tiene el legajo para resolución desde el mes de febrero.

Además, se le siguió a Blázquez una causa a partir de la denuncia de dos mujeres que se sintieron intimidadas por una publicación realizada por el dirigente en su plataforma web.

(Foto: ANÁLISIS)

Condenaron a prisión condicional a Blázquez por falsificar avales para su candidatura