De ANÁLISIS
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), denegó el recurso de queja presentado por el abogado Carlos Reggiardo, contra la confirmación de la condena por coacciones que recibió el operador mediático Javier Pichi Blázquez. En una resolución demorada de los últimos días de abril -recién se conoce ahora-, el presidente de la Sala, Daniel Omar Carubia, rechazó el recurso de Blázquez. A la solución planteada por Carubia, adhirió el vocal Miguel Giorgio y la vocal Claudia Mizawak se abstuvo.
La argumentación de Carubia, que se puede leer en el fallo que se adjunta en esta publicación, es ambigua. Critica la resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que confirmó la sentencia condenatoria contra Blázquez por coacciones a la exsenadora Flavia Maidana (PJ-Nogoyá), pero rechaza el recurso de queja que presentó Reggiardo contra esa confirmación. Y admite: “Se colige así que el quejoso no fundamenta el error de la Casación al denegar su impugnación extraordinaria y, en lugar de demostrar dicho yerro en la denegación que intenta revertir, solo formula argumentos genéricos y abstractos, insiste en la vulneración y desconocimiento de garantías constitucionales, tales como el debido proceso legal, el derecho a una decisión razonada y la tutela judicial efectiva; empero, sin lograr demostrar argumentalmente de qué manera se habrían vulnerado esas garantías en la especie, omitiendo considerar que el derecho al llamado ‘doble conforme’ (cfrme.: art. 8, inc. 2.h, de la CADH) exige una posibilidad de una amplia revisión por un juez o tribunal superior -en nuestro sistema: la Cámara de Casación-, pero no torna obligatorio el acceso a las instancias extraordinarias si no satisface el impugnante las condiciones de admisibilidad de éstas, lo que evidentemente no ocurre en la causa de marras”.
Más adelante Carubia sumó que “tal como se ha señalado, la queja en examen no formula una argumentación que permita revocar lo esencial de la resolución denegatoria de la concesión de la impugnación extraordinaria intentada y reitera el planteo de cuestiones ya tratadas y resueltas oportunamente, cuyos argumentos fundantes pueden no ser íntegramente compartidos, pero la defensa sólo intenta refutarlos -desde su verborragia recursiva- proponiendo una diferente solución, sin exponer razones susceptibles de demostrar que resulten erróneos o arbitrarios y que, en definitiva, su impugnación haya sido mal denegada”.
La condena de dos años y medio de prisión condicional contra Blázquez fue dispuesta en junio de 2022 en forma unánime por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay integrado por Darío Crespo, Roberto Cadenas y Dardo Tórtul. El fallo fue apelado por Blázquez y aguarda desde el año pasado resolución del STJ.
Se lo penó como autor responsable de los delitos de extorsión contra la entonces senadora provincial Flavia Maidana (PJ-Nogoyá). Los fiscales Gamal Taleb, Iván Yedro y Maite Burruchaga habían pedido una condena de cinco años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Durante el juicio, Blázquez fue defendido por el abogado Carlos Reggiardo, el mismo letrado que representa al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a su esposa senadora provincial y presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Patricia Díaz (PJ-La Paz), en diversas causas judiciales que enfrentan. También es conocido por sus continuos pedidos de jury a funcionarios del Poder Judicial que investigan delitos de corrupción.
Entre las normas de conducta que se incluyeron en la condena a Blázquez figuran la imposibilidad de salir del país sin autorización y medidas de protección respecto de la víctima: abstenerse de tener cualquier contacto intimidante o amenazante; proferirle intimidaciones o amenazas ya sea por sí o por interpósita persona, sea de modo personal, telefónico, redes sociales, aplicación celular o cualquier otro medio remoto.
Blázquez es conocido por su actividad política, que despliega a través de su agrupación Alberdi PRO. En las elecciones de 2017, presentó una lista para competir en la interna y en 2019 fue precandidato a senador nacional en la interna de Juntos por el Cambio. Nunca consiguió resultados en las urnas.
Las acciones extorsivas contra la entonces senadora Maidana se realizaron desde el sitio web que administra Blázquez, Entre Ríos 24. La situación del dirigente del PRO se agravó cuando desobedeció distintas resoluciones judiciales que lo obligaron a retirar las publicaciones. En las mismas, señalaba a la legisladora como encubridora en delitos contra la integridad sexual de menores y de delitos contra la propiedad y la descalificada con comentarios humillantes y calumniosos.
En octubre de 2023 la Cámara de Casación Penal compuesta por Marcela Badano, Marcela Davite y Gustavo Pimentel se confirmó la condena en primera instancia contra Blázquez, ante lo cual acudió al STJ que tiene el legajo para resolución desde el mes de febrero.
Además, se le siguió a Blázquez una causa a partir de la denuncia de dos mujeres que se sintieron intimidadas por una publicación realizada por el dirigente en su plataforma web.
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