De ANÁLISIS

Un fiscal de La Plata mandó a pedir una nota a la Asociación de la Magistratura y Función Judicial de Entre Ríos, por una denuncia que hizo Fernando Burlando, por supuestas “coacciones agravadas”.

Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial (AMFJ) de Entre Ríos, recibió el pedido el 21 de mayo pasado. La solicitud fue enviada desde la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Es que Fernando Burlando, el abogado mediático que contrató el exgobernador Sergio Urribarri para dar batalla al pedido de cumplimiento de las condenas derivadas del “megajuicio por corrupción”, presentó una denuncia en esa Fiscalía lejana, de otra provincia, por supuestas “coacciones agravadas”.

En efecto, la oficina de acusación pública de la provincia de Buenos Aires quiere saber si durante este 2024, la AMFJ hizo alguna presentación ante el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) en relación a los abogados Fernando Burlando y Raúl Amendola, solicitando (en caso afirmativo) la remisión de copias digitalizadas.

Cuando los abogados porteños comenzaron a intervenir en nombre de Urribarri, se hicieron denuncias públicas, acusaciones y presentaciones contra jueces y fiscales ante el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Entre Ríos. Además se interpusieron denuncias penales que alcanzaron al procurador general e incluso al director de ANÁLISIS.  

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En ese contexto, la Asociación de la Magistratura y Función Judicial de Entre Ríos salió a apoyar públicamente a funcionarios judiciales denunciados. Entre las actividades que desarrolló la entidad, se presentó una nota ante el CAER y se requirió que recuerde los “límites éticos” a los abogados.     

Alejandro Cánepa es el titular de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial.

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En ese comunicado que se emitió y envió al CAER, la AMFJ expuso “preocupación por las manifestaciones públicas del abogado Fernando Burlando, que -según él mismo ha afirmado por distintos medios de comunicación- cuenta con un pedido de matriculación profesional en trámite por ante vuestro Colegio, y quien se ha referido de manera despectiva sobre el Poder Judicial entrerriano, y sus integrantes”.

“Más aún, particularmente lo ha hecho respecto de aquellos magistrados y funcionarios judiciales que intervinieron -ya sea en la etapa de investigación, juicio y/o recursos- en las causas penales por las cuales se condenó al ex Gobernador Sergio Urribarri por distintos delitos contra la administración pública, endilgándoles a aquellos constituir, nada menos, que un ‘escuadrón de fusilamiento judicial’. Calificó también la investigación y el posterior juicio como una ‘aberración jurídica’, con ‘actas truchas’ y con medidas (por ejemplo: embargos) dispuestas con el único fin de ‘generar un impacto mediático’”, se precisó en la carta.

Desde la Asociación se entendió que se “ha llegado un punto en el que las instituciones no podemos seguir soportando vejaciones inútiles, ni ningún otro acto de violencia adicional a los ya demostrados, impropios del recto ejercicio de la abogacía, toda vez que el fortalecimiento de las mismas, en general, y de la administración de justicia, en particular, es un objetivo común que compartimos vuestro Colegio y nuestra Asociación y que debemos profundizar con el constante diálogo y práctica cotidiana”.

La posición pública de la AMFJ provocó que Burlando presente esa denuncia por supuestas “coacciones agravadas” y consiguió un fiscal en La Plata le abra una causa.