Fue durante el año 2018 cuando la Justicia determinó que el municipio de Puerto Yeruá había vendido a “precio vil” una serie de terrenos que, paradójicamente, fueron adquiridos por funcionarios a cargo de esa comuna.

La investigación judicial se originó cuando salió a la luz que -durante la gestión del ex intendente Fabian Cevey- se habían vendido terrenos a familiares y amigos de funcionarios, pero a un precio muy por debajo del valor de mercado. Como ejemplo, algunas parcelas valuadas -por entonces- en $320.000, fueron adquiridos por apenas $ 11.000.

La primera sentencia fue contra el propio Cevey, quien en juicio abreviado admitió haber cometido un delito por el que se le impuso una pena de 3 años de prisión. Una condena condicional por la que finalmente no fue a prisión. En el mismo juicio abreviado aceptaron su culpabilidad otras cinco personas, entre las que había dos hijos de Cevey.

Quienes decidieron ir a juicio convencional también terminaron condenados en el transcurso de ese mismo año 2018, por un tribunal integrado por Ivés Bastián, Carolina López Bernis y Silvina Gallo, quienes en fallo unánime, sentenciaron al abogado Julio Larrocca -5 años de prisión efectiva- y con penas de menor alcance a su hijo, Marcelo Alcides Larrocca Ruíz y al resto de los implicados: Fabián Rubén Terenzano, José Luis Irribarren, Romina Filsinger y Leonardo Galarza.

Recientemente, a fines del mes de mayo, fue noticia que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, resolvió ratificar la condena para Fabián Rubén Terenzano, José Luis Iribarren, Marcelo Alcides Larrocca Ruiz, Leonardo Daniel Galarza y Romina Elizabeth Filsinger. Mientras que en el caso particular de Julio Larroca, se ordenó una revisión de sentencia, entendiendo que la pena luce desproporcionada en comparación con la que recibieran otros imputados en la misma causa.

Terrenos en un limbo

Más allá de este aspecto, fuentes vinculadas a la causa confirmaron a Diario Río Uruguay que los terrenos seguirían a nombre de quienes los adquirieron en la cuestionada maniobra y por lo tanto no han retornado al patrimonio del municipio de Puerto Yeruá.

Fue a mediados del año 2022, cuatro años después de las sentencias, cuando el tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia determinó que los terrenos finalmente volvieran a manos del Estado, con la comuna de Puerto Yeruá como depositaria judicial de dichos inmuebles.

Pero cuando ese municipio intentó avanzar con la titularidad de dichas tierras, se encontraron con que la ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos) requería que se salde la deuda de los terrenos que aún permanecerían -tributariamente- a nombre de las personas condenadas y que en estos seis años acumularon impuestos que están en mora.

Según se señaló a este medio, la actual gestión municipal de Puerto Yeruá ha solicitado una condonación de esos impuestos impagos, ya que de lo contrario debería ser la comuna la que se haga cargo para que avance el traspaso de la titularidad. Hasta el momento esta petición no he tenido respuesta positiva.

Pero ese no es el único escollo, ya que, en uno de los terrenos que había sido adquirido por un familiar directo del ex intendente Fabián Cevey, -donde se edificaron tres cabañas- hoy viven familias que deberían ser desalojadas previamente, pero hasta el momento no habría una orden judicial en ese sentido.