Estuvo en Concepción del Uruguay el máximo representante sindical de los empleados de la Justicia en Argentina. En tal marco, este martes fue recibido por el intendente, José Lauritto, junto al viceintendente y presidente municipal electo, Martín Oliva; funcionarios y concejales del oficialismo.

El intendente y el sindicalista abordaron varios aspectos en cuanto al funcionamiento del Poder Judicial tanto en Entre Ríos como en Argentina, tema de especial interés para Lauritto en virtud del desempeño que durante muchos años tuvo en la Justicia Federal.

Entre otros aspectos, Piumato se refirió a las expectativas que tiene en relación al funcionamiento de la Justicia durante el próximo gobierno nacional.

Sobre la situación judicial en la ciudad

“Vinimos a realizar una recorrida por la Justicia Federal, que se está reorganizando en Entre Ríos. Vamos hacia un crecimiento exponencial con la apertura próxima del Juzgado Federal de Gualeguaychú y después de Concordia y de Victoria, más el Tribunal Oral Federal que está funcionando acá en Concepción del Uruguay hace dos años, con gran envergadura”, expresó Piumato.

Particularmente, realizó gestiones para que el Tribunal Federal funcione en otro edificio, como ejemplo de “la emergencia judicial en todo el país”.

La actividad de Piumato incluyó además este jueves una recorrida por los Juzgados Provinciales “porque también muchos judiciales de Entre Ríos han pedido la tutela de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación”.

Sobre Piumato

Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires. En 1972 -a los 20 años- comenzó a trabajar en el Poder Judicial, al tiempo que comenzó a militar sindicalmente y en la Juventud Peronista. En 1975 fue elegido delegado general del Fuero Civil de la UEJN (Unión de Empleados de la Justicia de la Nación).

En 1976, durante la dictadura cívico-militar, comenzó a reclamar la reincorporación de los empleados cesanteados del Poder Judicial. El 1 de junio de 1976 fue detenido y permaneció encarcelado durante seis años. Fue liberado el 24 de diciembre de 1982. El año siguiente, tras el regreso de la democracia, comenzó a militar nuevamente para reclamar la reincorporación de los empleados judiciales cesanteados durante la dictadura.