De ANÁLISIS

El abogado Miguel Ángel Cullen, que representa a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani y Jorge De Breuil, rechazó este jueves la demanda de la Fiscalía de Estado. Lo hizo en base a argumentos que se vienen escuchando en las jornadas previas: que falta documentación del Tribunal de Cuentas que funde la demanda civil; que si la jueza no adopta esta opinión de las defensas y da validez a la demanda civil, que valore la prescripción; y que el monto demandado es indeterminado.  

“El fiscal de Estado es el abogado de la provincia que tiene sus estrategias y decide, sabiendo que hay un proceso penal, si se pliega a ese proceso o interpone una acción civil posterior al proceso penal”, agregó el abogado Damián Petenatti, que junto a Iván Vernengo co-defiende a Alfredo Bilbao.

En efecto, en relación a la demanda civil de la Fiscalía de Estado restaban las intervenciones defensivas de Cullen; y Germán Fouces que junto a su padre Emilio, representan a los imputados Sergio Cardoso, José Javier Schneider y Jorge Lázzaro. “Adhiero a las excepciones por falta de acción planteada por mis colegas”. “Se está demandando a todos por todo”, cuestionó y se sumó a las críticas por la falta de un monto exacto demandado. “Está pendiente el dictamen del Tribunal de Cuentas”, añadió después.  “Niego cada uno de los dichos del actor civil. Y hago expresa reserva. Ratifico íntegramente todo el contenido del escrito presentado en su momento”, señaló.

El lunes a las 9, cuando se reanude la audiencia, la jueza volverá a dar la palabra a las defensas.

Causa contratos: defensores rechazaron la demanda civil de la Fiscalía de Estado

Detalles de la audiencia y la causa

La instancia se lleva adelante ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao;  José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó ir a un juicio abreviado (que se homologará este viernes, si la Justicia de Garantías no encuentra reparos); y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.