Antonio Tardelli

La política entrerriana debate reformas institucionales como si el contexto fuera muy diferente del que es. Los parlamentarios deliberan con tono escandinavo. La Legislatura piensa cómo se puede mejorar el mecanismo de selección de los magistrados, imagina el diseño ideal para las estructuras que deben combatir la corrupción y se esfuerza por perfeccionar los códigos que se aplican en los expedientes penales. Pero polemiza en el vacío. Intercambia ideas como en un laboratorio. Prescinde del marco. El sistema viene de deshacerse de la fiscal que investigó el más bochornoso de los robos del que se tenga memoria en la provincia: el desfalco de los contratos truchos. Con ese ignominioso telón de fondo, todo terminará sonando a ficción. A puesta en escena. Políticamente nadie se hace cargo del pasado reciente.

Asociada a la endeble memoria social, y a caballo de una casi inexistente rendición de cuentas, la clase dirigente de Entre Ríos avanza en un conjunto de reformas que serán letra muerta de no mediar un cambio profundo en la extendida cultura política que hace de la complicidad el mayor aliado de la corrupción. Un Jurado de Enjuiciamiento destituyó a la fiscal que auditó los desmanejos de la Legislatura, la institución política por antonomasia, que sin embargo, pese al impacto generado por el desvío de decenas de millones de dólares, no impulsó reformas que permitieran revertir su alicaída imagen. Son los legisladores, sin embargo, los únicos que no advierten la escasa consideración que generan en una sociedad que experimenta angustia por las dificultades económicas y a la vez se siente burlada en su buena fe.

La desazón popular hace su trabajo. La desesperanza llega a ver premeditados planes de impunidad en lo que podrían ser meros proyectos de benéficas reformas. Nada se podrá reprochar a quien vea en la tríada de proyectos en danza (creación de una demoradísima oficina anticorrupción, modificación del Consejo de la Magistratura y reforma del Código Procesal Penal) un intento oficialista por cubrirse las espaldas en el tiempo de una posible retirada. El descrédito, por lo demás, considera sospechosos los acuerdos interpartidarios que en otro marco serían abiertamente celebrados. Una visión instrumental del Poder Judicial obliga a abrir los ojos frente a un conjunto de dispositivos que, es dable conjeturar, podrían condicionar la posibilidad de ejercer un efectivo control sobre los comportamientos de la política.

(La nota completa en la edición 1133 de la revista ANALISIS del jueves 18 de agosto de 2022)