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Sobreseyeron a los empresarios Sczcech y Hereñú en la causa por presuntos sobreprecios en el asfalto de Seguí

Imagen de archivo. Empresarios cuando y defensores cuando pidieron la probation.

Los empresarios de la construcción que aún estaban vinculados a la causa por supuestos sobreprecios en el asfalto de Seguí, fueron sobreseídos este lunes tras una audiencia que condujo la jueza Paola Firpo. En junio de 2022 se les otorgó la suspensión de juicio a prueba o probation y, de acuerdo a las condiciones que entonces se les impuso y fueron cumplidas, este lunes consiguieron ser desvinculados por completo del proceso.

En aquel momento, los empresarios incluidos en el acuerdo de suspensión de juicio a prueba fueron Néstor Iván Szczech; Daniel y Néstor Hereñú, y Hernán Barrera. Los cuatro fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba en la causa que investiga presunto peculado en la realización de cuadras de asfalto, en Seguí, bajo la supervisión del exjuez de Garantías Ricardo Bonazzola. El año pasado se sobreseyó a Néstor Hereñú y Barrera. Y aún quedaban vinculados al proceso Szczech y Daniel Hereñú, quienes acaban de conseguir el sobreseimiento este lunes.

Quien aún está vinculado a la vieja causa que comenzó en 2016 con una denuncia de concejales de Cambiemos, es el exintendente de Seguí, Cristian Treppo. Es que las salidas judiciales alternativas no son aplicables a funcionarios públicos. Sin embargo, el procesamiento de Treppo tuvo numerosos giros judiciales. Cabe recordar en relación a la investigación que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) descartó lo que para Fiscalía fue una prueba fundamental en el proceso: la pericia de un ingeniero que falleció y, por lo tanto, no puede dar testimonio oral de su trabajo, tal como se prevé en el Artículo 41 del Código Procesal entrerriano.

La decisión del STJ fue por voto dividido, y excluyó la pericia que es la prueba principal de la causa porque el autor falleció. Desde la Fiscalía se solicitó en su momento que ingrese igual la prueba, sin el testigo, pero no hicieron lugar. Es un antecedente relevante para cualquier causa.

16 cuadras de asfalto, financiadas por el Plan Más Cerca

En mayo de 2016, concejales de la oposición en Seguí advirtieron por carta documento al entonces intendente Treppo, extitular de la Unidad Ejecutora Provincial, porque no consiguieron respuestas a los pedidos de información sobre 16 cuadras de asfalto adjudicadas a la empresa OIC SA, con fondos del plan Más Cerca.

Ante la falta de respuesta, en junio de ese año decidieron interponer denuncia. Sostuvieron que “las cuadras terminaron costando 1 millón 250 mil pesos cada una, teniendo en cuenta que en sólo 7 de las 16 se hicieron cordones cuneta, lo que hace más ostensible el sobreprecio”.

En la investigación judicial se detectaron supuestos sobreprecios por unos $5 millones. El monto original acordado para la obra fue de 19 millones 500 mil pesos. Se imputó a Treppo, empresarios y profesionales contratados por el municipio. En efecto, estuvieron vinculados a la investigación Carina Zapata, ingeniera contratada por el municipio para la obra; Darío Alexis Monzón, contador municipal; y los empresarios Néstor Iván Szczech; empresario; Daniel Hereñú, Néstor Hereñú, y Hernán Barrera, ingeniero de OIC SA.

En Larroque y Santa Elena, también

Procesos judiciales similares hubo en Larroque y Santa Elena. En las tres causas por presuntos sobreprecios investigaron modos de gestión de fondos, desembolsos y control de obras financiadas por el plan Más Cerca, del ex Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Nación que estuvo a cargo de Julio De Vido. En todos los casos, los empresarios adjudicados con las obras en la provincia fueron siempre los mismos.

En las tres se investigaron delitos contra la administración pública: peculado, fraude contra la administración pública; y falsificación de documentos. Fueron denuncias promovidas por dirigentes políticos opositores. Incluso, alguna de ellas llegó a tomar vuelo nacional durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, porque parte del dinero que había llegado al municipio para pagar a la empresa contratista, fue devuelto a Nación. 

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