De ANÁLISIS

El abogado Damián Petenatti mantuvo el reclamo ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, para que dicte la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y las imputaciones de la causa “contratos truchos” de la Legislatura. Lo hizo este lunes, cuando se retomó la audiencia de remisión a juicio del legajo. El pedido también fue reiterado por los defensores José Velázquez, Tomás Vírgala, Leopoldo Lambruschini y Miguel Ángel Cullen.    

Durante esta jornada, los representantes de los imputados replicaron la solicitud de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quienes en jornadas previas requirieron a la jueza Barbagelata que remita a juicio oral y público el legajo por presunta corrupción en las dos cámaras legislativas de la provincia, entre 2008 y 2018.

Yedro: "No investigamos cuestiones políticas, investigamos graves hechos de corrupción"

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta este martes a las 9. Se espera que concluyan las intervenciones defensivas (tras el pedido de los fiscales), con la contestación del abogado Pablo Hawlena Gianotti. Posteriormente el actor civil Gustavo Acosta, hablará en representación de la Fiscalía de Estado de la provincia. Y para el miércoles está previsto una nueva intervención de los defensores, en relación al planteo civil.  

“Vamos a sostener la nulidad de la imputación. Consideramos que está afectado el derecho de defensa en juicio. Esta remisión no puede avanzar ni prosperar”, dijo Petenatti, codefensor junto a Iván Vernengo del imputado Alfredo Bilbao.

El abogado contestó, puntualmente, a la mención que hicieron los fiscales sobre cientos de contratos remitidos por la Legislatura que no tienen firma del senador o diputado contratante. “Eso no era relevante para su acusación ¿por qué lo trajeron ahora si no es parte de la imputación, no tiene vinculación? Un vínculo contractual se da con un contrato firmado. Esta cuestión está clara acá, pero entendemos que con el solo fin de cuestionar lo que fue el planteo de la defensa, trajeron a colación documentos que no se vinculan con la imputación”, cuestionó.

Más adelante recordó que la Legislatura fue reticente a brindar información para la investigación, pero los fiscales “no tomaron declaraciones a personas que trabajaron en archivos, para conocer algunas explicaciones”. “No se interrogó a nadie”, criticó y agregó: “No se puede cargar los defectos de la investigación o la realidad de la investigación a los imputados”.

Petenatti realizó pedidos en subsidio, en caso de que la jueza no atienda el reclamo y no declare nulo el requerimiento de elevación a juicio. Solicitó, entonces, que se lo impute a Bilbao por peculado y no por asociación ilícita.

Antes de su intervención, el defensor Leopoldo Lambruschini renovó sus cuestionamientos a la pesquisa fiscal en torno a la imputación contra el Juan Domingo Orabona.

Defensores pidieron que se nombren a los legisladores que firmaron los contratos truchos

Posteriormente, el abogado José Velázquez (representante de Flavia Beckman y Hugo Mena) volvió a decir que la imputación no es clara. “Al final de cuentas no sabemos de qué defendernos.  Necesitamos que haya un hecho concreto del cual podamos dar explicaciones, porque no podemos sobre esta tesis de Fiscalía acerca de ‘un grupo de auto-convocados’ que ejecutaron innumerable cantidad de contratos, no podemos defendernos”.

“Están inflando la expectativa penal”

Tomás Vírgala, abogado de Ariel Faure, sostuvo que el hecho que le imputan a su pupilo no encuadra penalmente en ningún delito. Cabe recordar que Faure integraba, según la acusación formal, una asociación ilícita que tenía como objetivo sustraer dinero de la Legislatura. “La participación tiene que ser motivada y fundada en todos los delitos. Acá se habla de pactos internacionales y lucha contra la corrupción con liviandad, pero también están los pactos civiles de los derechos del hombre. ¿Cómo ponderan un pacto sobre otro? Fundamentan la laxitud de la investigación en la lucha contra la corrupción”.

El defensor achacó a los fiscales estar “inflando la expectativa penal porque comunicacionalmente queda mejor”. “Esto viola el principio de legalidad. No se está solicitando una pena conforme a los hechos que se están investigando”, aseguró. “Se mencionó a la corrupción como una vulneración a los derechos humanos, respetuosamente digo que banalizan la violación a los derechos humanos. La lucha contra la corrupción de ninguna manera autoriza que vulneren el derecho a defensa, que inflen la expectativa penal. Están usando muletillas y simplifican cuestiones que no están bien fundamentadas”, manifestó y reclamó que “esto se resuelva antes de llegar a un juicio”.

“Se pretenda elevar a juicio una imputación inexacta, con vacíos y lagunas”, sintetizó y pidió que se declare “la nulidad por arbitrariedad, por inexacta”.

“No pueden, con este grado de imprecisión, sostener una imputación”

El abogado Miguel Ángel Cullen brega por los intereses de los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani. Junto a Pablo Hawlena Gianotti, co-defiende a Jorge De Breuil. Durante su intervención este lunes, reiteró que “es imposible ejercer el derecho de defensa” porque el Ministerio Público Fiscal (MPF) se apartó del “deber de objetividad”. Aseveró que están “convencidos” que los contratos en cuestión por los fiscales son “contrataciones lícitas”.

Describió las tareas que desarrollaba Gustavo Pérez en el Senado y aseguró que los gastos en contratos están establecidos “por ley”. “No lo define Pérez”, desligó. “Hay un pedido de un legislador, Pérez evalúa si existe partida para ese gasto y si alcanza para cubrir la petición y lo informa. ¿Cómo no saben quiénes son los responsables? Son decisiones que pasaron por las autoridades de cámara y de bloque”. “La locación de obra hace muchas veces el trabajo de campo que no puede hacer el legislador. Es el trabajo de campo, se necesitan asesores. Esa sería la función. A eso no lo resolvía Pérez, él no podía contratar. Las personas que contratan son las que resuelven”, subrayó.

“¿Por qué se achaca a Gustavo Pérez que participa en una porción de todo un proceso? Hay una comisión específica de presupuesto en cada cámara y también una oficina de presupuesto provincial. Existe un decreto que aprueba el trámite legislativo y recién ahí se hace un libramiento de cheques. Además hay dos autoridades que firman. De acuerdo al trámite que está establecido, es imposible que Pérez se valga de su situación laboral para realizar una sustracción a través de contrataciones”, resaltó.

Para el abogado, tal como vienen sosteniendo otros defensores, no pueden defenderse porque las imputaciones no están claras. “No pueden, con este grado de imprecisión, sostener una imputación”. “Estos son contratos lícitos. Son decisiones políticas, de legisladores o autoridades de las cámaras, un poder independiente. Además, los legisladores al unísono aprobaron los presupuestos”.

“Al único que mandó la totalidad de sus contratos fue el exgobernador Sergio Urribarri, que no está imputado pero fue, paradójicamente, al único exlegislador que se nombró acá”, se quejó después. “Concreten una imputación de la cual podamos defendernos”, apuntó.

Por último reiteró que se decrete la nulidad de la remisión a juicio. “De lo contrario vamos a ir a debate en desventaja. No hay posibilidad de subsanar”.