De ANÁLISIS

La tensa situación entre el Superior Tribunal de Justicia y la conducción del Ministerio Público Fiscal hace un escenario cada día más complejo. Cuando Susana Medina de Rizzo siente en su mesa el lunes al procurador general Jorge García y al defensor general Maximiliano Benítez tendrá demasiados problemas por resolver.

Por un lado, los pedidos de “desalojo” de las oficinas del MPF, tanto en el edificio de Tribunales como en las oficinas de casi toda la provincia, pero a su vez habrá que ver cómo Medina soluciona el abusivo recorte presupuestario que el STJ dispuso sobre los gastos de consumo que hacen al andamiaje de las Fiscalías. García pidió 135 millones de pesos para el 2023 y el STJ envió un proyecto de gasto de 55 millones destinado al MPF y de esa manera tuvo media sanción en Diputados. O sea, un recorte de más del 60 por ciento respecto de lo solicitado. Ese segmento presupuestario de gastos de consumo corresponde a alquileres (son un total de 3 en Paraná y 3 más en la provincia). viáticos por viajes, pasajes, contratación de pasantes y pago de honorarios de peritos.

Diputados aprobaron el anexo del Poder Judicial, tal como se los envió el STJ, con el mencionado recorte, pero el Presupuesto 2023 no pasó el Senado anoche. El presidente del bloque oficialista, Armando Gay, no ocultó su enojo con la idea de la vicegobernadora Laura Stratta de que se sancione sobre tablas, se levantó de la sesión y por ende hubo que enviar a comisión la iniciativa. “Acá también queremos explicaciones. Que vengan los ministros y los funcionarios a explicarnos cada gasto, tal como se hizo en Diputados”, dijo Gay y pegó el portazo. 
 
Mientras tanto, en la puja de poder entre Medina-García-Benítez hay otros datos que preocupan en el presupuesto. El Superior Tribunal dispuso 153 nuevos cargos para el próximo año; 67 para la Defensoría y ningún cargo para el MPF. Es decir que está clara la vendetta a los fiscales y al procurador García, quien molestó al alto cuerpo al decirle a Medina que no se irá de la Procuración “hasta tanto la Corte Suprema reponga a Cecilia Goyeneche” en su lugar de procuradora adjunta, después de la decisión por mayoría del Jury de Enjuiciamiento.

Y de allí en más, la embestida del STJ no tuvo miramientos en el castigo. Incluso, hasta pusieron en fila a numerosos abogados penalistas de Paraná, que -por primera vez en la historia, desde 1983 para acá- se corporativizaron para “apoyar” al alto cuerpo, ante las críticas de Goyeneche en un diario mendocino (¿?). Una cuestión inentendible en un país con casi 40 años seguidos de democracia, donde se ha peleado y mucho, por más libertad de expresión. Pero está visto que a muchos -quizás demasiados- les interesa poco y nada la libertad y prefieren seguir identificados con prácticas autoritarias y estar sentados siempre en la mesa del poder donde se deciden políticas, se reparten cargos y privilegios, como si fuera un club de amigos. 
 
Lo que se desconoce aún es quién o quiénes del Superior Tribunal se presentará ante la justicia civil para iniciar “juicios de desalojo” a los fiscales de cada lugar de la provincia o al procurador, en el segundo piso del edificio tribunalicio. De otra manera, no se podría hacer, más allá de las expresiones efusivas de sus miembros, pidiendo casi a los gritos y poniendo fechas topes de desalojo a numerosos fiscales de Entre Ríos.