Por Luis María Serroels
Pareciera que en esta región se hubiese instalado una suerte de método piromaníaco-electoral para sostener eventuales líneas de proselitismo. A pocos días de que el semanario ANALISIS difundiera maniobras dolosas consistentes en haberse incendiado intencionalmente un amplio galpón en la zona de Bajada Grande -populoso barrio costero paranaense- donde se almacenaba gran cantidad de alimentos, colchones, frazadas y otros elementos destinados a sostener planes sociales para familias indigentes, un hecho similar sacudió a la sociedad capitalina. En aquella ocasión, surgieron indicios extraños a partir de tareas periciales, que alentaron la desconfianza popular, sensibilizada por el hecho de que se estaba en plena campaña electoral de 2003. Hubieron entonces denuncias de la oposición a la gobernante Unión Cívica Radical, atribuyéndole acciones irregulares para disponer de un stock propio que sirviera para el llenado de bolsones con alimentos y enseres hogareños, que invariablemente iban acompañados de una boleta partidaria.
Bastó una amplia exposición de una persona bien enterada ante un par de redactores, para conocer detalles de este escándalo, consistente en haber retirado cierta mercadería para luego fraguar un incendio como forma de blanquear los faltantes que tuvieron otro destino. Ahora, cuando no se sabe qué rumbos ha tomado la justicia, se produjo otro hecho igual en sus características pero con matices adicionales que hieren fuertemente la sensibilidad ciudadana, porque se trata nada menos que de la incineración de cinco toneladas de alimentos, que incluyeron -de acuerdo a un informe oficial- 2.800 kilogramos de harina, unos 2.000 de fideos y 200 paquetes de dulce de membrillo y de cacao, dándose como toda explicación que se encontraba vencida al 31 de mayo y por lo tanto no apta para su consumo.
La mercadería -cuyo valor se ubica en los 8.000 pesos- se hallaba depositada en instalaciones propiedad del Ejército Argentino -se comprobó que esta arma no tiene responsabilidad alguna en el hecho-, cedidas a préstamo al ministerio de Salud y Acción Social. Ante semejante despropósito consumado como resultado de una más que evidente desidia y lamentable irresponsabilidad de algún organismo público, aparecieron los consabidos intentos que, lejos de satisfacer las lógicas especulaciones populares, apuntan a deslindar responsabilidades en lugar de atribuírlas, como sería lo más sensato.
La ministro de esta cartera, la médica Graciela Degani, es una funcionaria conflictiva que en base a un estilo contestatario -y poco diplomático por cierto- acostumbra hábilmente a minimizar los efectos de gruesos errores, haciendo generalmente recaer en la prensa sus enojos espasmódicos y transfiriendo las culpas hacia otros sitios.
En oportunidad de una creciente epidemia de hepatitis ocurrida el año pasado, mantuvo serios enfrentamientos con dirigentes vecinalistas que le reclamaban acciones más enérgicas para enfrentar la enfermedad (uno de los vecinos denunció haber sido varias veces amenazado de muerte).
Ahora y ante la grave situación producida con semejante acopio, dejado vencer en medio de la crisis reinante, la ministro salió a cortar el hilo por lo más delgado, arremetiendo contra el encargado del galpón. Se trata del empleado Hugo Musto, un humilde padre de 9 hijos y cuya legajo -según se averiguó- no exhibe ninguna tacha.
Aún no ha habido pronunciamiento orgánico de sectores gremiales, pero es lógico suponer que habrá que demostrar sumariamente el grado de responsabilidades, porque en definitiva la cadena jerárquica hacia arriba no puede eludir la ligereza con que se manejan asuntos tan sensibles. La gran pregunta de hoy sería porqué no se hizo un inventario claro y puntilloso de la mercadería antes de ser quemada, dándole al periodismo copia de tal información, complementada con datos sobre compra, fecha de facturación, movimiento diario y destino. Pero, especialmente, porqué no se lo invitó a presenciar ese acto para controlar tipo, cantidad y estado de lo que iba a inutilizarse y certificación de vencimiento. ¿Qué razones hubo para no hacerlo? ¿Se incineró cuanto se dijo? ¿Realmente se trató de productos vencidos o de sustitutos?
Estas prevenciones de la comunidad no son caprichosas sino fruto del ocultamiento oficial. Las declaraciones posteriores de Degani no logran aclarar las dudas: la harina estaba vencida y el resto se deterioró por mal manejo en el acomodamiento de las pilas. Pero insólito resulta su aclaración de que "Ni lo escondimos ni lo publicamos porque es parte del trabajo", tratando de justificar un acción equivocada, ya que parte principal de la tarea es que la superioridad controle a los subalternos. Degani comparó este hecho con la "reposición de una birome rota".
Una periodista interrogó a la ministro sobre el tema, cuando ella acudía a un acto vinculado con el Día de la Donación de Órganos. La respuesta fue todo un certificado de intolerancia: "En medio de este acto me resulta impertinente que me pregunten por esa cuestión", como si se le hubiese averiguado como amaneció. No tuvo tiempo para pensar en la panza de muchos que no tienen qué comer...
