Por Luis María Serroels,
para ANALISIS DIGITAL
El simple hecho de plantear la oferta de servicios prepagos con publicidad engañosa por lo reticente, cobra rasgos repudiables cuando el universo de potenciales afiliados se estrecha en la medida que avanza la edad y los achaques propios de ese segmento etáreo se convierten en un impedimento insalvable, peor aún sin ya sobrellevan alguna afección. Que se haga cargo el Estado (parece ser la consigna de inocultable sesgo mercantilista). Pero viene a cuento un caso reciente que debe ser conocido: una Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay ordenó al Iosper que atienda los requerimientos de una niña discapacitada a la que el Directorio no le aceptaba su afiliación por considerar que padecía una enfermedad preexistente. ¿Tiene que distraerse la justicia en asuntos que deberían resolverse de entrada?
Un profesional de la salud con mayúscula ya fallecido, el doctor Marcelo Gallino, quien honrar la medicina, le reveló a este columnista hace unos 15 años, que los viejos iban en camino de resignarse a esperar su muerte privados de atención, porque ya estaba convenido entre las empresas de medicina prepaga internacional, que la tercera edad no sería rentable y por lo tanto deberían abstenerse de acepar su afiliación. Una decisión conciliable con el memorial redactado por Henry Kissinger en la década del 70, mirando hacia el comienzo del nuevo siglo. ¿Quién termina siendo el colchón? Un Estado con servicios de salud en situación de colapso.
Busca la nueva norma impedir que se condicione el acceso cuando se impone que el interesado sea joven y sano al momento de suscribir el contrato. Y ha sido precisamente la sectorización del padrón, sacando del medio a los usuarios de la tercera edad con sus inevitables patologías, una situación a la que la flamante ley le ha puesto coto. Pero el tema no se agota en este ítem, porque además encajan en la cuestión los laboratorios, un sector que en el mundo tiene una facturación sólo superada por la venta de armas.
Un paciente que padezca una patología terminal, debe soportar aún mayores sobresaltos cuando se le dice cuánto debe abonar por las drogas prescriptas, determinando una mayor preocupación, que es precisamente lo que menos necesita. El carácter crónico de algunas enfermedades obliga a la administración ininterrumpida de especialidades que a veces las obras sociales no reconocen en su totalidad. Es una virtual puja permanente entre las necesidades del enfermo y los intereses de quienes prestan los servicios. Ya se sabe quien termina perdiendo.
Los controles que se anuncian en el proceso de elaboración, expendio y llegada a cada paciente de los medicamentos, es una medida que puede resultar útil en tanto se la aplique con rigurosidad el poder de policía. Y en esto mucho tendrá que ver el desempeño de los responsables de las distintas obras sociales, especialmente las que funcionan en las entidades gremiales.
Actualmente hay dirigentes presos en un grupo cada vez más nutrido de imputados por hacer pingües negocios mediante la falsificación y adulteración de drogas, en particular las maniobras tendientes a obtener, a través de la presentación de troqueles truchos, subsidios estatales vinculados con la entrega de remedios oncológicos. Una torta seductora en donde muerden innumerables dentaduras. Y aquí no vale discriminar: laboratorios, empresarios, sindicalistas y funcionarios del oficialismo, conformaron verdaderos grupos mafiosos cuyo único objetivo ha sido lucrar con la salud del prójimo. Han habido crímenes por encargo, aprietes, amenazas y toda clase de acciones en pos de garantizar la impunidad.
Debe valorarse esta nueva normativa alumbrada por nuestros legisladores nacionales, cuya reglamentación debe mantener el espíritu y la letra de la ley, aún frente a las consabidas presiones de los lobbies. Es bueno que la ley sea fuerte porque la fuerza nunca es justa. Se está frente a un acto de revisión profunda de una presidente cuyo Superintendente de los Servicios de Salud, Héctor Capoccioli, recaudador de la campaña electoral de 2007, se dedicó a sacarle “donaciones” a empresarios de los medicamentos para gastos de proselitismo. La señora Cristina Fernández ha recapacitado y ello es bueno. Tan bueno como que el recaudador y sus mecenas hoy están procesados en numerosas causas. El problema mayor será cuando enciendan el ventilador.
Alianzas: el amor y el espanto
No se recuerdan situaciones tan enmarañadas y controvertidas dentro del juego de las propuestas electorales, como las que se advierten hoy, ya vencido el aplazo para inscribir acuerdos con vistas a las internas del 14 de agosto. Hay dirigentes dispuestos a morir con las botas puestas y así lo exhiben en sus duros cuestionamientos a los arreglos producidos. Y otros que mantienen viva la cantilena de los intereses superiores y la necesidad de hacer acuerdos que trasciendan el mero acto comicial para prolongarse en políticas de Estado.
Ya hemos visto cómo se abrazan Julio Solanas y Sergio Uriribarri, dos figuras que en 2007 se tiraron cono munición muy gruesa (la Lista 100 no sólo bombardeó al gobierno, sino que partió en dos al partido justicialista, en una actitud que hoy tanto se le reprocha a Jorge Buisti).
En el caso de la Unión Cívica Radical, hemos dicho que su peor error sería pensar que las voluntades que lo llevaron a ganar las legislativas de 2009 serían cautivas. Si bien los cálculos basados en la división de los peronistas permiten –ahora ya con la alianza con los socialistas y una rama de la Coalición Cívica- aguardar una buena performance, la segunda pata justicialista que encarna Busti debería sufrir una caída estrepitosa para que se cumplan las expectativas de mínima de este Frente Progresista Cívico y Social.
La eventual inclusión de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), cuya figura principal es Margarita Stolbizer, finalmente aliada con Proyecto Sur, el partido que encabeza Fernando Solanas, al que se suma el partido Nueva Izquierda, echó por tierra las expectativas del frente. Las objeciones de enojosos precandidatos no se hicieron esperar, pero públicamente se recordó que Atilio Benedetti disponía de mandato partidario para concretar alianzas.
El actual diputado provincial será candidato a gobernador, aunque se ignora quien será su compañero de fórmula. Y aquí debe hacerse una observación: la inserción en el electorado que muestra Benedetti, no tiene nada que ver con lo que advertía en anteriores confrontaciones apenas a cinco meses de las generales. Mucha media suela y poder de convencimiento se requieren para resultar atractivo a una ciudadanía muy recelosa a la hora de resolver sus predilecciones.
Se sabe que en el marco del arreglo, el Partido Socialista dispondrá del segundo lugar en la lista de diputados nacionales y el primer lugar en la de diputados provinciales, amén de otro sitio en esa nómina a partir del número 12 (recuérdese que a partir de este año la cámara de diputados de la provincia se compondrá de 34 bancas, de las cuales el ganador se quedará con 18 escaños y el resto surgirá de un sistema proporcional para el resto de los candidatos).
El socialismo se quedaría de entrada con al menos una banca en la cámara baja, que podrían ser dos en caso de una muy buena elección. Temerosos de que suceda algo similar a lo acontecido en 2009, cuando desde el radicalismo se decidió echar por tierra los acuerdos y dejar afuera al represente socialista (consecuencia de ello fue que la actual diputada nacional Hilma Ré accediera a la nómina a pedido de Benedetti). La legisladora diamantina representa al partido Unión en Libertad, convertido en tercera pata de la alianza. En esta ocasión Lisandro Viale y quienes lo acompañaban, forzaron la firma de un acta que asegure el cumplimiento del pacto en todos sus términos. La fotografía mostró al conjunto con rostros satisfechos, aunque al decir de un viejo afiliado radical, el espanto suele resultar más propiciador de arreglos que el amor.
Un condimento imprevisto que le dibujó sonrisas a socialistas y radicales, es la decisión de Busti de no presentar candidatos a diputados nacionales. Ello significa que al tratarse de cuatro renovaciones (2 y 2 por mayoría y minoría, salvo una ecuación que permita acceder a un tercer partido o alianza, un hecho poco probable), el Frente Progresista tendría casi asegurados dos escaños. Aquí cobra importancia quiénes representarán al PS. Viale podría aspirar a un nuevo período pero seguramente querrá un sitio expectante que le asegure el lugar aún perdidoso. Otra variante podría ser que el actual diputado acepte encabezar la nómina de diputados provinciales, dejándole el sitio para el Congreso al ex convencional constituyente Américo Schvartzman. En tanto Marcelo Hadad, al bajarse de su postulación a la intendencia paranaense, pasaría a encabezar la nómina de candidatos a concejales de la flamante alianza y asegurarse una banca que ya ocupara años atrás y cuya gestión fue muy activa y provechosa.
Busti sorprendió admitiendo que espera contar con adhesiones de quienes se identifiquen para la presidencia de la Nación con Cristina Fernández y Ricardo Alfonsín. Así las cosas, se empiezan a perfilar los clásicos vaivenes pero existe un dato muy claro: la forma en que se están tejiendo arreglos, las deserciones, cambios de vereda, caras largas por desplazamientos y variantes de ocasión, podrían determinar que en las próximas elecciones de octubre, la gran protagonista sea la tijera.
Pero como las usinas de rumores se reciclan ante cada elección, ahora se habla de que el propio Alfonsín vería con buenos ojos un eventual acuerdo con el bustismo como pata en Entre Rios, no faltando numerosas voces que al calificar de dislate esta especie, observan que tal entendimiento significaría darle una patada en el trasero a las ambiciones de Atilio Benedetti. Porque una cosa es que Busti especule públicamente con la probable adhesión del electorado alfonsinista, que bien recibida sería, y otra que desde la cumbre de la UCR se lo busque al ex mandatario provincial en un coqueteo imposible de disimular. La diferencia no es poca: entre las dos posibilidades estará tejido el destino de la propia fórmula radical en Entre Ríos.
En medio del intríngulis político, el titular provincial de Unión por la República, José Luis Giménez, reveló que dicho partido fundado por Domingo Cavallo será aliado del Frente Progresista Cívico y Social vía una fusión que lo acerca a la corriente de Hilma Ré (Unión en Libertad). Importante dirigentes no toleran este desembarco de los seguidores de Domingo Cavallo, pero una buena razón hubo para dar este paso –al margen de posturas ideológicas respetables- y es la imposibilidad material de dar cumplimiento a normas electorales que colocan a algunas fuerzas al borde de la desaparición, frente a imposiciones que parecieran destinadas a triturar a los partidos chicos. La máquina procesadora electoral no perdona; los radicales parece que sí.
Energía: deslices del poder
No soplan buenos vientos para el manejo que el oficialismo hace de la energía eléctrica. La noticia principal de tapa del Semanario ANALISIS del jueves 12 de abril, desnuda los entretelones más escabrosos que se dan en la cúspide de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (desde luego que del lado argentino), donde se han dado episodios turbios y no escasearon dos muertes de dudosa consumación. El tema ha recalado ahora en sede judicial, donde se hará la investigación pertinente. Las explicaciones dadas por el principal responsable, Juan Carlos Cresto, resultan una verdadera humorada, buscando trasladar a los denunciantes su propia responsabilidad y procurando torpemente relacionar las acusaciones con cuestiones ideológicas y posturas zurdófilas. Una virtual muestra de destartalado mackarthismo anacrónico, que lo posiciona a la derecha del dictador Benito Mussolini. Parece que las decenas de miles de pesos que percibe Cresto entre salario y viáticos, lo impulsan a dar respuestas lisa y llanamente ridículas.
En la misma edición gráfica, hay un reportaje al titular de la empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa), Juan Carlos Chagas, quien en medio de su tarea se había dado tiempo para planear su arribo al municipio de Concordia, postulación que resignó finalmente para dejarle el camino expedito a la reelección de Gustavo Bordet.
Lo que queda en la superficie, pasando un buen cedazo por esta entrevista, es que el funcionariado de la empresa de energía percibe haberes desproporcionados en la medida que, según se aprecia, están por encima del salario del gobernador, los ministros, los legisladores y los miembros del Superior Tribunal de Justicia y por ende de todos los jueces inferiores.
Entre algunas extravagancias de la política empresaria vinculada con el manejo y la distribución de electricidad en la provincia, en el ping pong a que lo sometió el periodista Hugo Remedi, Chagas admitió tener un asesor jurídico y otro en informática en la Capital Federal, con buenos emolumentos, pero también haber creado la Fundación Ayudarte dedicada al tema de la drogadicción, como también dedicar distintas sumas de dinero para socorrer a entidades deportivas. También se ha concretado un psicólogo y no debería extrañar que se llegue a incorporar un personal trainer y un especialista en ayurbeda de procedencia hindú.
Sin desmerecer las buenas intenciones de Chagas, parece una grave distorsión que se dedique a temas que nada tienen que ver con los objetivos y especificidades de Enersa y que no pueden extenderse por mera voluntad. En sintonía con este afán altruista, aceptar su política de mecenazgo extra funcional, equivaldría a que en las áreas de Lucha contra la Drogadicción y su par de Deportes, podrían dedicarse a distribuir bombitas de bajo consumo. En todo caso se trata de una superposición antojadiza de incumbencias que podrían rozar la malversación.
En otro orden, es lógico que quien viene a la capital entrerriana para desempeñar un cargo político, tenga un in muble donde habitar, pero en cuestión de alquileres hay valores y valores. A la presunción periodística de que se ocupa una quinta por 6 mil pesos, la respuesta fue vaga siendo que no la puede ignorar. Seguramente la compañía de sus perros demandaba este tipo de solar. También puede molestar al colectivo social que tres altos funcionarios dispongan de una tarjeta corporativa para realizar adquisiciones, práctica que proviene de la época de la empresa privada norteamericana que explotaba Edeersa hasta 2004 y que al parecer nadie tuvo la idea de anular. ¿Y el funcionario de adscripto desde la CTM que percibe dos sueldos?
Como cierre de estas consideraciones, debemos referirnos al tema de las tarifas que tendrían acumulado un retraso del 20 % y cuyo reajuste –se admitió- se lo hará esperar hasta que pase el 23 de octubre porque hacerlo significaría menguar ostensiblemente las perspectivas electorales del oficialismo (con esta imprudente revelación, el impacto no se podrá evitar porque los usuarios ya están in formados de lo que los aguardará si se prorroga la actual gestión). Está claro que por una cuestión de necesidades políticas, Sergio Urribarri no moverá un dedo para autorizar incrementos tarifarios antes de la compulsa que se viene dentro de cinco meses. El temor no es tonto. Hasta la semana que viene.
