El encuentro del que participó Boeykens se realizó en el auditorio de Abuelas de Plaza de Mayo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA.
Al respecto, el letrado paranaense reconoció que “se nota un cambio en el humor de época respecto de los juicios por delitos de la dictadura” y, en ese sentido, planteó “la preocupación por la morigeración en las condiciones de detención y la concesión de prisiones domiciliarias a los genocidas”.
Además, en una extensa entrevista con El Diario de Paraná advirtió sobre la instrumentación de políticas de recorte y desmantelamiento de áreas de investigación que funcionaban bajo la órbita del Poder Ejecutivo. También cuestionó los dichos del Presidente Mauricio Macri respecto de la “guerra sucia”: “Lo que hubo en la Argentina fue un genocidio perpetrado desde el Estado, un Estado que persiguió a la población civil, o un grupo de ella, con el objetivo de impedir un cambio en las formas de organización social, económica, cultural y política”, aseveró.
–¿Para qué se reunieron abogados querellantes de las causas por delitos de la dictadura de todo el país?
–Anualmente nos juntamos para pensar y discutir algunas cuestiones y estrategias judiciales en el marco de los juicios por los crímenes de la dictadura. Este año se dio en otro contexto. Nosotros pensábamos que los juicios habían llegado para quedarse y si bien no se discutió que fueran a terminarse, sí se planteó que el Estado se ha apartado de los juicios y que ha habido un vaciamiento de las políticas a las que veníamos acostumbrados y, a partir de la asunción del nuevo gobierno, se observa un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia. Por ejemplo, se han desarticulado algunas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos, como el Programa Verdad y Justicia y el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, que se creó para acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y con el nuevo gobierno está cambiando de perspectiva. También se discutió sobre las dificultades que se han presentado para avanzar en los juicios por las complicidades civiles, contra empresarios, médicos y magistrados. En ese sentido, estamos ante un gobierno que ha permitido una avanzada muy fuerte de los sectores reaccionarios que impiden avanzar como pretendíamos hacerlo en esas causas.
–Más allá de los reclamos al Poder Ejecutivo, ¿se advierte un cambio de paradigma en el Poder Judicial respecto de estas causas?
–Lo que advertimos es que claramente hay un cambio en el humor de época, no hay fallos comprometidos como los había en 2007, 2008 o 2009 y eso se notó también en la sentencia de la Megacausa Área Paraná. Se ve un retroceso muy importante en ese sentido, sobre todo porque si algo ha marcado el proceso de memoria, verdad y justicia es que se han cumplimentado todos los principios de legalidad: las causas han tramitado dentro del marco legal, no se ha inventado nada, los genocidas han sido juzgados por los jueces naturales, se han otorgado prisiones domiciliarias en los casos que corresponde, las prisiones preventivas han sido impuestas cuando ha sido necesario y han estado acorde a los plazos legales. Por eso nos preocupa la morigeración en las condiciones de detención y la concesión de prisiones domiciliarias que se han dado en las últimas semanas.
Emergencia
En el final de las jornadas, el colectivo de abogados emitió una declaración en la que solicitan, entre otras cuestiones, que “se declare el estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, justicia pronta y activa”.
–¿Que significa el pedido para que se declare la “emergencia judicial”?
–Desde hace un tiempo venimos advirtiendo sobre lo que llamamos la impunidad biológica, es decir, víctimas que mueren sin ver la sentencia de condena a sus perpetradores, y victimarios que se mueren sin recibir una condena. Entendemos que se debe declarar la emergencia judicial en estos juicios y que la Corte Suprema debería articular los mecanismos necesarios para que los distintos tribunales puedan avanzar. Por ejemplo, en Paraná pasó que las causas prácticamente no avanzaron hasta que no se terminó el juicio escrito de Área Paraná. Lo que se propuso fue que el Poder Judicial trabaje como lo hicieron los jueces que llevaron adelante el juicio a las juntas, que lo hacían fuera del horario judicial, y que se trabaje en doble turno durante la feria, por ejemplo. Estos planteos se presentarán a la Corte Suprema, a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, a quienes también se les exigirá un diagnostico exhaustivo del estado de situación de los procesos en todo el país para la puesta en marcha de mecanismos para acelerar los juicios.
–¿Hay algún diagnóstico sobre la situación de Entre Ríos?
–En la provincia se están tramitando muchas causas, contra militares, policías, agentes penitenciarios y también otras por averiguación de identidad. Hay algunas en las que no estamos interviniendo y se han formado otras nuevas; algunas tramitan por el antiguo proceso escrito y estamos esperando el juicio oral en la que tiene como acusado a (el ex policía federal, José Darío) Mazzaferri, por secuestros y torturas en Concepción del Uruguay, y otra en la que está acusado (el ex policía provincial, Atilio) Céparo, también por secuestros y torturas en Paraná.
Macri, el número y la “guerra sucia”
Hace unos días, el Presidente Mauricio Macri dijo, en una entrevista con un portal extranjero, que no tenía “ni idea” si los desaparecidos eran 9.000 o 30.000, pero más allá de los números, aseguró que hubo una “guerra sucia que fue una horrible tragedia”.
–¿Cuál es su opinión sobre los dichos de Macri, no tanto respecto del número sino que calificara a lo ocurrido durante la dictadura como “guerra sucia”?
–Para que haya una guerra tiene que haber dos bandos militares, dos ejércitos en pugna, algo que claramente no ocurrió en la Argentina. Lejos de haber habido una guerra sucia, o como quieran llamarla, lo que hubo en la Argentina fue un genocidio perpetrado desde el Estado, es decir, un Estado que persiguió a la población civil, o un grupo de ella, con el objetivo de impedir un cambio en las formas de organización social, económica, cultural y política; y claramente ese terreno fue preparado años antes a través de decretos dictados durante el gobierno constitucional.
