De ANÁLISIS DIGITAL

Como cada final de año, la Correpi dio a conocer los datos que arrojan su habitual relevamiento sobre las víctimas en manos de las fuerzas represivas estatales. En el marco de un cambio de signo político en el gobierno, se puede hacer un análisis del período kirchnerista en la materia, como así también analizar los números concretos desde el retorno a la democracia.

Ante la ausencia de datos creíbles oficiales al respecto, la Correpi se dispone cada año a realizar una investigación minuciosa en la materia.

En promedio, durante el kirchnerismo murieron 257 víctimas por año en manos de la violencia institucional. Este promedio, comparado como ejemplo con los años cuando gobernó Carlos Menem es superior. Durante el mandato del riojano el promedio anual es de 70.

Si bien el gobierno ha garantizado la política de Estado en materia de juicios por la verdad y durante el primer período un claro posicionamiento de no reprimir la protesta social, eso fue cambiando con el tiempo y dejando como resultado datos temibles.

Es así que CFK entrega la banda presidencial luego de un período de 12 años de gobierno donde murieron 3070 los muertos por gatillo fácil o torturas en comisarías y dependencias policiales. Además, 21 los militantes sociales asesinados en movilizaciones y 70 los desaparecidos, entre los cuales se encuentra a Jorge Julio López.

Si bien no se puede adjudicar las muertes de manera directa a la voluntad política del gobierno, la ausencia de una reforma integral de las fuerzas que ejercen el monopolio de la violencia estatal es clave para entender la continuidad represiva de los distintos agentes de "seguridad".

Los números desde el retorno del período democrático

Desde 1983 a la actualidad se registraron 4644 muertos por gatillo fácil y/o torturas a lo largo y ancho del país. El desglose de dichos datos arrojan lo siguiente: 3070 era kirchnerista, 265 durante el período de turbulencia institucional (2001-2003), 482 mientras gobernaba Fernando De la Rúa, 706 en los diez años de menemismo y 116 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín.

En materia de represión a la protesta social se registraron 70 muertes en 32 años de democracia: el gobierno que más muertos registra es el escueto período del gobierno de la Alianza con 45 víctimas por la represión estatal, mientras que lo sigue la era kirchnerista con 21. Por su parte, bajo la gobernación de Duhalde fueron dos los muertos por la represión policial en el marco de una protesta: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

Durante los diez años de menemismo sólo se registraron dos muertes por represión, mientras que durante la era de Alfonsín no hay registros de muertes en movilizaciones sociales.

Como dato saliente, durante el período inicial del kirchnerismo bajo el mandato de Néstor Kirchner sólo hubo dos muertes por represión policial a la protesta social. El resto (19 casos) fueron en las dos presidencias de CFK. Esto muestra una clara involución en aquella decisión política de no reprimir la protesta. Cabe aclarar que durante el mandato de Cristina Fernández se aprobó la Ley Antiterrorista, por sugerencia de organismos internacionales, norma que criminaliza la protesta social.

En materia de desaparecidos en democracia, se registraron desde el 83 a esta parte se registraron 200 casos. El gobierno democrático que más casos registró fue el kirchnerismo con 70 víctimas, mientras que durante el menemato el dato arroja 62 desaparecidos. En el período de turbulencia institucional fueron 14 las víctimas de desapariciones, otras 12 bajo el gobierno de la Alianza y 13 durante el alfonsinismo.

Los pormenores del relevamiento

En el sitio de la Correpi se puede observar un desarrollo pormenorizado de como se compone el listado de víctimas que publican año a año, como así también la metodología de investigación y análisis estadístico que realizaron.

"Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:

- Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.

- Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía metropolitana, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.

- Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y sólo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.

- A los fines estadísticos, desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión selectiva); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de la desapariciones).

- Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo del año siguiente.

- Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés".

Fuente: http://correpi.lahaine.org/