“La gente está cosechando”, reconoció un dirigente, pero admitió que la postergación de la medida no se debería sólo a una cuestión logística. “Es paradójico, pero cuando la situación económica del productor se complica, el ánimo para protestar es bajo”, indicó.

Los ruralistas advirtieron que la situación económica de los productores se está deteriorando como consecuencia del aumento de los costos, tanto de insumos como de fletes, la inflación y el atraso cambiario que, según ellos, frena las exportaciones de las economías regionales.

Al mismo tiempo, según consignó La Nación, sostuvieron que el congelamiento de precios que acordó el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no incluye una baja en los costos para la producción. En la convocatoria de pasado mañana, en Mendoza, los productores protestarán por los bajos precios que reciben por los duraznos, damascos y ajo.

Igualmente, rechazaron las acusaciones oficiales respecto de que no se estaba vendiendo soja por una maniobra especulativa. También objetaron la posibilidad de que el gobierno aplique la ley antiterrorista a quienes no vendan soja, tal como informó la semana pasada el diario El Cronista.

Durante el verano, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extremó las inspecciones en acopios y campos para determinar la cantidad de oleaginosa remanente. Según el responsable del organismo, Ricardo Echegaray, había unas 4 millones de toneladas de soja. Sin embargo, Moreno se conformó con la información que le dieron los exportadores, según quienes el volumen remanente alcanzaba los dos millones de toneladas, pero les pidió, sin presionarlos, que fueran liquidando las ventas lo más rápido posible.

Otra de las quejas del campo es la falta de diálogo con el gobierno. En rigor, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, convocó a las entidades a reunirse, pero en forma individual. La Mesa de Enlace rechazó esa invitación porque sólo concurriría unida y tras terminar la ronda de asambleas.