
Profesores vinculados a la Asamblea Interclaustro que mantuvo “tomado” el Rectorado durante casi dos meses en reclamo de que se acelerara el proceso de normalización, cuestionaron la decisión. Argumentaron que es “un embate de clara demagogia y provocación”, que llevará a la universidad a “su definitiva desaparición”. Advirtieron que podrían volver a las medidas que caracterizaron el conflicto por la normalización y cuestionan que la decisión fue “inconsulta”. A esta postura se suman también partidos políticos de la oposición.
Mientras tanto, el proceso de normalización comprometido en un acta acuerdo -que la asamblea interclaustro se negó a firmar-, sigue adelante. De 60 concursos pendientes queda en trámite solamente uno y antes de fin de año se elegirá el nuevo rector.
“La normalización continuará”
El ministro de Educación, José Lauritto, explicó los puntos salientes del proyecto y sus razones. También enumeró beneficios y dio su postura sobre las “versiones”.
El funcionario recordó que existe un proyecto de ley que apunta a la creación de una nueva universidad en Entre Ríos. “Tiene estado parlamentario y cuenta con dos dictámenes favorables en comisiones del Senado de la Nación. Ahora se espera su tratamiento en sesión ordinaria en esa cámara. Una vez creada esa universidad, todos los actores involucrados serán convocados para definir qué carreras serán absorbidas por la nueva estructura”, explicó.
Sobre el por qué de la decisión, aseguró que “las universidades sean nacionales es el criterio adoptado en todas las provincias argentinas. Hay universidades provinciales, como la de la Patagonia Austral o la de La Rioja, que se incorporaron al régimen de las nacionales. Y también numerosos distritos que han creado universidades las han hecho directamente nacionales, como los casos de Tierra del Fuego, Avellaneda, Moreno, Florencio Varela, José C. Paz, Lomas de Zamora, La Matanza, Lanús, Quilmes, San Martín, Tres de Febrero, General Sarmiento, entre tantas otras. El criterio que seguimos es ese: todas las universidades creadas en últimos años están dentro del régimen nacional”, justificó.
Respecto del proceso de normalización, asentó: “Continuará con toda normalidad, valga la redundancia. Esto quiere decir que el 7 de diciembre cada una de las cuatro facultades elegirá a su decano y el 21 de diciembre la asamblea universitaria elegirá al rector, tal como quedó plasmado en el acta acuerdo suscripta en Casa de Gobierno, que se está cumpliendo en su totalidad, a punto tal que de los más de 60 concursos pendientes a la fecha de la firma, hoy solo uno queda sin sustanciar y se ha implementado también la posibilidad de participación de los docentes interinos”.
“El artículo cuarto del proyecto de ley establece que mientras se sustancie el proceso de incorporación de la Uader al régimen de universidades nacionales, continuará funcionando bajo las normas que actualmente la rigen”, dijo sobre lo que podría ocurrir en el traspaso. “En relación a los estudiantes, está garantizada la validez de las 79 carreras y 93 títulos. Y en relación al personal docente y administrativo, se garantiza su continuidad laboral, también que en ningún caso los salarios serán inferiores a los que perciben según el régimen actual y se les reconocerá la antigüedad en el cargo, cualquiera sea su carácter”, agregó en diálogo con El Diario.
“Hemos cumplido largamente con las demandas que nos planteó la asamblea y la sola lectura del acta acuerdo permite confirmarlo”, apuntó respecto del reclamo de la Asamblea Interclaustro. “Respetuosamente, entiendo que las definiciones políticas de la nacionalización de Uader corresponden al Poder Legislativo de la Nación, a la Legislatura de Entre Ríos que tendrá que expresarse a través de una ley y al gobernador (Sergio Urribarri) que cuenta con legitimidad de origen porque ha sido votado y porque es quien ejerce el gobierno provincial. Toda instancia de diálogo con los cuatro claustros que integran la Uader está garantizada a través de los órganos que surgen de su estatuto académico, aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2001. El marco de diálogo abierto por el gobierno se cumplió largamente, participaron todos los actores, aún los no institucionales, y nuestro deseo y compromiso sigue siendo el de cumplir”, completó.