Vuelta atrás

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Recomiendan revocar la sentencia absolutoria de los acusados del asesinato de Flavio Schiavo

Américo Schvartzman
(desde Concepción del Uruguay)

La Procuración General de la Nación recomendó revocar la sentencia del tribunal que absolvió a todos los acusados del asesinato de Flavia Schiavo. El dictamen elaborado por el segundo del área, Luis Santiago González Warcalde, hace lugar al recurso de queja interpuesto por los abogados de la familia de la joven uruguayense, al considerar que con los elementos obrantes en la causa, el tribunal que absolvió a los imputados podría haber resuelto en contrario. Este dictamen adelanta la posible resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y reabre las expectativas de que el horrendo crimen no quede impune.

Un año después de que en estas mismas páginas se adelantara la decisión de la familia de Flavia Schiavo de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, El Miércoles accedió al dictamen de la Procuración General en relación con ese recurso extraordinario. El texto, firmado por el número dos de la Procuración, Luis Santiago González Warcalde, concluye recomendando que “se revoque la sentencia en crisis, y se dicte una nueva conforme a derecho”, por lo cual considera procedente el recurso extraordinario. Además, en los fundamentos del dictamen, el procurador general de la Nación, es decir el jefe de todos los fiscales de la República, tuvo durísimos conceptos para con lo actuado por el tribunal que resolvió absolver a los acusados por el brutal crimen ocurrido seis años atrás. Tradicionalmente, el dictamen de la Procuración adelanta el criterio que predominará en la Corte, y eso es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos, de manera que no es arriesgado aventurar que el máximo tribunal de Justicia de la argentina se expedirá en el mismo sentido en poco tiempo más. Una resolución en ese sentido reabre las expectativas de que el horrendo crimen que conmovió a la sociedad uruguayense no quede impune, además de poner bajo la lupa la deficiente actuación de la justicia local.

Algo más de un año atrás, el entonces quincenario El Miércoles publicó bajo el título “El escándalo de la impunidad”, un informe en el que se consignaba la decisión de los abogados de la familia Schiavo de presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gregorio Garro y Jorge Escalante, los profesionales que asesoran a la familia de Flavia Schiavo, habían pasado sucesivamente por la Cámara de Apelaciones de Gualeguay y por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, tratando de lograr la nulidad de lo actuado en el trámite judicial que investigaba el asesinato de la joven uruguayense, en base a una serie de cuestionamientos que arrancaban con la instrucción de la causa, es decir desde su propio inicio. Las respuestas negativas en ambos organismos los decidieron a recurrir a la Corte Suprema, ante la cual presentaron, a fines de 2003, un recurso de queja con una extensa fundamentación en la que detallaron cada una de las irregularidades que aseguran haber detectado en el transcurso de cinco años desde el atroz crimen.

En esa nota se enumeraban algunos de esos cuestionamientos en los que involucraba a los jueces que pasaron por la causa, a la policía y al poder político.

El recurso extraordinario presentado por los letrados -contra la sentencia de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, entonces integrada por Néstor Fervenza, Jorge García y Fabián López Moras- generó el Expediente Número 2.326, contra Martínez, Juan y otros, sobre “Privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado -Causa Número 14.257”, iniciado el 29 de noviembre de 2003.

El expediente tuvo mucho movimiento en el ámbito de la Corte Suprema. El 6 de agosto de 2004 se requirieron los autos principales a la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay. Más de un mes después, el 29 de septiembre, llegaron los cuerpos de la causa a la Corte, según se consigna en el registro de movimientos de la causa, “en 38 piezas”. En noviembre se corrió vista, por disposición del Tribunal, al Procurador General de la Nación.

Tras el análisis -durante varios meses y evidentemente con un extenso y minucioso estudio-, el 23 de junio de 2005 se produjo el dictamen del procurador González Warcalde. El miércoles pasado, 6 de julio, se notificó la Secretaría Judicial Número 3 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde entonces, el recurso espera sentencia del máximo tribunal.

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