Luis María Serroels
Especial para ANÁLISIS

El ejercicio del doble discurso reapareció días después cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el diputado Héctor Recalde, revelaron su decisión de presentar un proyecto que cree una comisión bicameral para identificar a los actores civiles que “contribuyeron o se beneficiaron” con los gobiernos de facto. Es decir que su vocación reparadora no se estacionaría en la última dictadura, sino que incluiría a gobiernos anteriores que carecían de legitimidad de origen.

A primera vista, esta iniciativa -lanzada apenas días después de que la Presidente pidiera por cadena nacional que “no se agiten los deseos de venganza”- traduciría un propósito de vendetta que, aunque en algunos ámbitos parecería loable, tendría un grado de anacronismo incomprensible, ya que el deseo de separar buenos y malos en el campo civil (una suerte de ricos de facto) nunca había aparecido desde 1983.

La justicia del post Proceso se encargó pacientemente de juzgar y encarcelar a los militares genocidas, en un encadenamiento a partir del juicio a las Juntas impulsado por Raúl Alfonsín y de hecho no se excluye que el brazo de los jueces alcance a los civiles que colaboraron muy activamente. Pero ningún gobierno castrense anterior a 1976 y sus fieles adláteres fueron puestos bajo la lupa de los órganos de contralor de la legalidad de los actos de gobierno, a pesar de haber hecho añicos la democracia, dañado gravemente la economía, empobrecido al pueblo, ignorado la Constitución y las leyes, y comprometido el futuro del país, favoreciendo a grupos selectos de cómplices y amigos de adentro y extra fronteras.

(Más información en la edición gráfica número 1000 de ANALISIS del día 11 de abril de 2014)