La nómina, reconstruida por ANALISIS, sería la siguiente:
–José Allende, por enriquecimiento ilícito. El actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, está denunciado por enriquecimiento ilícito e incompatibilidad de negocios con la función pública, por el manejo millonario que hizo de subsidios legislativos, con los cuales benefició a una fundación a nombre de su actual mujer y de la que también participa su hija. El expediente se abrió a comienzos del 2012 y tuvo escaso avance. Allende nunca fue siquiera convocado a justificar sus bienes, más allá del fuero legislativo que tiene y con el cual se ha cubierto todos estos años.
–Pedro Báez, por contrataciones irregulares. En 2013, el actual diputado nacional Jorge D’Agostino (UCR-Entre Ríos) denunció al ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, por supuestas violaciones a la Ley Número 5.140 de Contrataciones del Estado. Se trata de compras y adquisiciones de servicios publicitarios o de comunicación audiovisual a través de mecanismos de excepción, sin licitación o cotejo de precios. En el texto de la denuncia se detallaron varios decretos emitidos entre marzo y abril de 2012, que autorizaron la realización de compras o contrataciones de manera directa por vía de excepción y por montos superiores a los 38.000 pesos, que establece como tope el Decreto Número 1.755/11. Según se especificó, en 12 de esos decretos, las autorizaciones fueron posteriores a la realización del gasto (cuando el Decreto Número 795/96, en su artículo 144, establece que las mismas deben ser previas) o se fundamentan razones de urgencia no aclaradas. En la causa hubo pocos avances, pero nunca se conocieron detalles. Báez asumirá ahora en diciembre como diputado provincial y tendrá fueros.
–Roberto Schunk y las cosechadoras. El ministro de la Producción, Roberto Schunk, también fue denunciado por irregularidades cometidas en el apoyo financiero a la empresa Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, para la construcción de maquinaria agrícola. La denuncia se radicó en la justicia a fines de 2012. La responsabilidad de Schunk surge de los decretos a través de los cuales se otorgaron los créditos por 5,5 millones de pesos, sin haber observado el cumplimiento de las condiciones impuestas a los empresarios. En el expediente hay una serie documentos que ponen en la mira a tres funcionarios que debían controlar el destino de los créditos otorgados: Schunk; la coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), Mabel Solanas; y el vocal a cargo del organismo, Roque Marcelo Agosti.
(Más información en la edición gráfica número 1032 de ANALISIS del 05 de noviembre de 2015)
